Al menos 13 candidatos a cargos en el Poder Judicial son relacionados con el narcotráfico y violencia en la primera elección judicial

EFE.- Tras un poco más de dos semanas del inicio de las inéditas campañas judiciales de México, ya hay más de una docena de candidatos acusados por organizaciones civiles de tener vínculos con el narcotráfico, asesinatos o criminales, lo que muestra los riesgos de elegir por voto popular a jueces, denuncian varias ONG defensoras de los derechos civiles.

Ante la elección del 1 de junio, el grupo Defensorxs documentó 13 "candidatos relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras irregularidades" en el sitio "Justicia en la mira", donde resalta Silvia Rocío Delgado, exabogada del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

Delgado, candidata a jueza penal local en el estado de Chihuahua, se integró al equipo de defensa del "Chapo" en 2016, cuando "su papel consistió en servir como enlace directo con Guzmán Loera, revisando amparos interpuestos y manteniéndolo informado sobre su situación jurídica", según la asociación.

También sobresale Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal federal de Michoacán, donde está acusado de pactos con criminales, le apodaban "el fiscal del terror" cuando ocupó tal cargo (2020-2022) y está señalado por posible implicación en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares en 2022.

"No podemos permitir que quienes cuentan con serias acusaciones de corrupción, violencia y complicidad con el crimen organizado intenten ser ahora los principales responsables de la impartición de justicia", denunciaron la agrupación y otras siete en un pronunciamiento.

La justicia envuelta en polémica

La polémica escaló esta semana porque Nicollino Cangiamilla, candidato a magistrado en Sonora, denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al colectivo Ni Una Más Hermosillo, que lo acusa de negligencia como director del sistema penitenciario local, donde falleció la joven Paula Josette durante una visita conyugal irregular.

Briseida Arizona Velarde, madre de la víctima, lamentó en una entrevista con EFE que el INE, encargado de organizar los primeros comicios populares de jueces, magistrados y la Suprema Corte, permitió la candidatura del exfuncionario, acusado de omisiones en los protocolos de seguridad de este y otros casos.

“Es una burla, muchos candidatos incumplen requisitos mínimos del perfil al puesto que aspiran, en funciones anteriores violentaron derechos humanos, hubo omisiones, negligencias, no actuaron conforme a su responsabilidad pública, es lamentable que por desconocimiento vayamos a votar, sin conocer a los candidatos", expresó la madre.

Ni Una Más Hermosillo denunció las presuntas omisiones de Cangiamilla, quien tuvo a su cargo las cárceles de Sonora hasta su remoción en 2024, cuando Paula Josette murió en un penal a los 23 años, supuestamente por infarto, aunque un peritaje posterior indicó signos de violencia y ocho exfuncionarios quedaron detenidos.

El candidato Nicollino denunció al colectivo ante el INE para exigir que identifique a todas las activistas y dejen de evidenciarlo.

"Los colectivos alzaron la voz, muchos aspirantes no cumplen requisitos por su historial y el INE, antes de autorizar candidaturas, debería investigar la trayectoria de aspirantes", opinó Arizona Velarde.

Una integrante del colectivo, que prefirió el anonimato, denunció que una mujer fue "hostigada en documentos oficiales llevados a su casa, donde el INE exige los nombres y direcciones de feministas".

"No deberían perseguir activistas que buscamos un cambio en el Estado, sino perseguir a delincuentes que buscan otro cargo, cuando incumplieron sus responsabilidades”, afirmó a EFE.

A la protesta se unieron más de 20 agrupaciones que avisan que no callarán ni permitirán que el exfuncionario llegue a magistrado.

Casi 100 millones de electores pueden elegir el 1 de junio 881 cargos federales de entre 3 mil 422 candidaturas, incluyendo la Suprema Corte, tras una reforma constitucional promulgada en septiembre por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Con información de Latinus

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México en el Top 5 de los países más peligrosos del mundo 

Según el Índice de Conflictos y Violencia Política elaborado por ACLED, coloca a México como el cuarto país más peligroso del mundo.

Por otro año, México conserva el cuarto lugar en el ranking, lo que indica que los niveles de violencia y conflicto político se mantienen sin mejoría significativa respecto al periodo anterior.

Ranking de Peligrosidad (2025): Palestina, Birmania, Siria, México, Nigeria, Ecuador, Brasil, Haití, Sudán y Pakistán.

El reporte del Índice de Conflictos y Violencia Política, destaca en México los niveles de riesgo asociados principalmente a el Crimen Organizado y Carteles, ataques a figuras políticas, periodistas, defensores de derechos humanos y la población civil; además que los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los grupos criminales contribuyen a la inestabilidad general.


Andrea Chávez, pocas iniciativas y mucho asesor; avanzan Julieta Ramírez y Celeste Asencio

Trascendió que la senadora de Morena, Andrea Chávez, contó con al menos diez asesores en la Cámara Alta durante los últimos dos años, dos de ellos reportaron como labor atender dos casas de enlace en Chihuahua, una de sus asesoras hizo un curso como estilista, una más encargada de proveedores, a pesar de tener experiencia en medicina veterinaria.

En 14 meses Andrea Chávez solo registró cinco iniciativas como única promovente, sólo aprobada la que se declara el 1 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las y los alfareros.

Comparativo:

Andrea Chávez 10 asesores, 5 iniciativas propias y 1 aprobada
Julieta Ramírez 6 asesores, 31 iniciativas propias, 0 aprobadas
Reina Celeste Asencio  con 11 asesores, 52 iniciativas propias y sin datos de aprobación

Andrea Chávez, en su informe presumió haber presentado ocho puntos de acuerdo, uno de ellos para exigir al gobierno  de Maru Campos suscriba el convenio de colaboración del IMSSBienestar.

Se centró en dar a conocer en sus redes sociales la entrega de apoyos como lentes, sillas de ruedas, material de construcción, sin un informe detallado sobre el gasto de esta promoción.

La senadora ha presumido contar con cuatro casas de enlace en Chihuahua, aunque el Senado solo tiene registradas dos. No se ha aclarado quién cubre los gastos de operación o renta de estas oficinas.

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