Juez pone en duda la política de deportaciones de Donald Trump

Un juez dictó este miércoles que el gobierno del presidente Donald Trump "ignoró deliberadamente" el 15 de marzo su decisión de prohibir la deportación de migrantes bajo una ley de 1798, un hecho que considera un probable "desacato" judicial.

"El tribunal determina en última instancia que con sus acciones ese día el gobierno ignoró deliberadamente su orden", escribió el juez federal James Boasberg.

Este magistrado suspendió las deportaciones basadas exclusivamente en la Ley sobre enemigos extranjeros de 1798 cuando más de 200 personas, en su mayoría venezolanos acusados de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua, estaban siendo deportadas a El Salvador.

Esto es "suficiente para que el tribunal concluya que existe una causa probable para declarar al gobierno en desacato", añadió el juez de Washington.

El 8 de abril la Corte Suprema levantó la prohibición de expulsar migrantes invocando la ley del siglo XVIII, pero principalmente por razones técnicas: los migrantes que pusieron demandas para evitar la deportación se encuentran en Texas, mientras que el caso ante Boasberg se tramitó en Washington.

El máximo tribunal demostró no obstante que deben de poder impugnar su expulsión en los tribunales del estado desde donde son expulsados.

A toda prisa

"En lugar de acatar la decisión de la Corte, el gobierno continuó la operación de deportación a toda prisa", lamentó el juez Boasberg.

A la mañana siguiente, "varias horas después de la decisión, trasladado a los pasajeros de dos aviones protegidos por esta suspensión a una megacárcel salvadoreña", protestó.

Pese a una serie de vistas judiciales los funcionarios de la administración Trump "no han proporcionado ninguna razón convincente para evitar la conclusión obvia a la luz de la evolución de los hechos: que desobedecieron deliberadamente la decisión del tribunal", insistió el magistrado.

No obstante, el juez concedió al Ejecutivo un plazo de una semana, hasta el 23 de abril, para evitar un procedimiento de "desacato" al tribunal y cumplir con su decisión del 15 de marzo. En su defecto, le pide que le facilite la identidad de la persona o personas que han decidido ignorarlo.

Prevemos "inmediatamente una apelación" contra las conclusiones del juez Boasberg, reaccionó el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

Entre los deportados el 15 de marzo en virtud de la ley de 1798, usados hasta entonces solo en tiempos de guerra, figura el migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García pese a que en 2019 una corte revocó permanentemente la posibilidad de expulsarlo a El Salvador.

El gobierno reconoció posteriormente que se debió a un "error administrativo".

Su caso se ha convertido en un símbolo del forcejeo entre Trump, que ha prometido poner fin a lo que considera una "invasión" de "criminales procedentes del extranjero", y los tribunales.

El presidente acusa a los jueces de "usurpar" las prerrogativas del poder ejecutivo y de obstruir sus aviones, para los que cuenta con el respaldo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Este último ha puesto a su disposición una megacárcel para recluir a los migrantes deportados. A cambio ha recibido ya seis millones de dólares de Washington.

Trump dice que no está en sus manos traer de vuelta a Ábrego García y Bukele se alineó con él durante una reunión el lunes en la Casa Blanca afirmando que tampoco tiene "el poder" de hacerlo.

Deportado nuevamente

El presidente republicano emitió un decreto que permite usar la ley de 1798 contra los miembros del Tren de Aragua, declarada organización "terrorista" global por Washington.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó nuevamente a Ábrego García de ser "un inmigrante ilegal, miembro de la pandilla terrorista extranjera MS-13".

Cuando fue detenido -dijo- "vestía una sudadera con fajos de billetes que cubrían las orejas, la boca y los ojos de presidentes", es decir "un conocido símbolo de la pandilla MS-13".

Los demócratas se han solidarizado con el migrante. El senador Chris Van Hollen viajó este miércoles a El Salvador, pero las autoridades no le dejaron reunirse con Ábrego García ni hablar con él por teléfono.

Leavitt criticó el viaje y advirtió: "Si alguna vez acaba de regresar en Estados Unidos, sería deportado nuevamente de inmediato".

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) afirma que la esposa del salvadoreño, Jennifer Vásquez Sura, "solicitó una orden de alejamiento por violencia doméstica contra él", junto a un documento para demostrarlo.

Con información de: El economista.