El INE aprobó en días pasados un par de acuerdos que han generado preocupación, polémica y dudas en relación al apoyo por parte de las personas servidoras públicas a las candidaturas para el Poder Judicial. Lo primero y más relevante a decir es que, la democracia es, debe ser y exige de una responsabilidad de toda la ciudadanía, en caso contrario, sería excluyente o selectiva.
La Carta Democrática Interamericana suscrita por México, incluye en diversos numerales las consideraciones a seguir por los Estados parte, donde la base fundamental se sostiene en la participación como un derecho, pero además condicionante necesaria para el pleno y efectivo desarrollo de las libertades que acompañan a la democracia misma, entre ellas la libertad de expresión.
Por tanto, que mejor participación que aquella que motiva a todas y todos los mexicanos, para interesarse por este proceso electoral tan innovador como lo es el del Poder Judicial, para que en redes sociales o de viva voz, la ciudadanía comparta sus opiniones e incluso apoyo a las centenas de candidaturas que al día de hoy están buscando atención o expresando su visión respecto a la función judicial.
Esto no quiere decir que, el uso de recursos públicos pueda ser cuestionado pues sin duda la equidad e imparcialidad en la contienda debe existir, particularmente para establecer una cancha pareja. En ese sentido, fuera del horario laboral y sin utilizar recursos públicos materiales o humanos, toda persona servidora pública puede expresar opiniones e incluso difundir una propuesta en sus redes sociales.
La reforma constitucional de 2017 al artículo 134 constitucional, representa de trascendencia normativa pues, tal cual deberá ser la tarea del INE en este periodo de campaña, busca establecer un esquema de comunicación política donde la equidad, certeza, legalidad y objetividad sean principios plenamente observados, teniendo como base el lema “En política y campañas electorales: menos dinero, más sociedad”. Por tanto, todas y todos a participar de nuestra democracia.