El United States Council for International Business (USCIB, por sus siglas en inglés) aboga por una pronta resolución a las amplias medidas arancelarias adoptadas hoy por la Administración, en un esfuerzo por establecer reciprocidad en el comercio y la inversión o proteger la seguridad nacional de EE. UU. Las recientes acciones arancelarias, combinadas con medidas de represalia, aumentan los costos de la manufactura en Estados Unidos, elevan los precios para los consumidores estadounidenses y alteran las cadenas de suministro, debilitando la capacidad de las empresas estadounidenses para competir en condiciones justas con sus contrapartes globales.
USCIB apoya firmemente los esfuerzos de la Administración por equilibrar las condiciones para los bienes, servicios, productos agrícolas, sector digital e inversiones estadounidenses. Los mercados abiertos son esenciales para las empresas estadounidenses, que se benefician del comercio con el 96% de los consumidores que se encuentran fuera del país. No obstante, el combate a las barreras comerciales desleales debe llevarse a cabo de manera que se garantice un entorno estable para el comercio y la inversión, se limite el impacto económico de las represalias y se proteja la competitividad de EE. UU.
En este sentido, USCIB hace un llamado a una Política Comercial América Primero (America First Trade Policy) que adopte un enfoque multifacético para enfrentar las barreras comerciales, incluyendo la colaboración, la negociación, la solución de controversias y el uso selectivo de medidas correctivas comerciales. Asimismo, una consulta cercana y temprana con los sectores empresariales es clave para garantizar resultados óptimos y pragmáticos que fortalezcan las cadenas de suministro y eviten daños económicos no intencionados.
USCIB espera trabajar conjuntamente con la Administración Trump con este objetivo, promoviendo relaciones comerciales mutuamente beneficiosas y al mismo tiempo impulsando la productividad y el crecimiento económico de Estados Unidos.
Con información de: La guardia.
El secretario del Consejo Político Estatal del PRI, Fernando Martínez Sosa, aun cuando la ley es clara en que está impedido para entrometerse en la elección judicial, realizó manifestaciones a través de redes sociales en contra de la candidata a jueza penal, Laura Velia Mendoza Luján.
La Ley reglamentaria para la elección de jueces y magistrados, dice de manera textual en su Artículo 56 "Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas juzgadoras, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución General".
Al secretario del Consejo Político del PRI, realizó publicaciones contra la candidata señalando que en su cargo de jueza negó orden de captura en contra de una persona acusada de homicidio agravado por razones de género, "Tanta preparación y así dejaste un asesino libre ¿raro no?", fueron algunas de las expresiones de Martínez Sosa acompañadas de la imagen de la candidata a jueza.
El Dirigente Estatal del Movimiento Territorial del PRI en Chihuahua, Fermín Ordóñez Arana, a través de las redes sociales, señaló que Carlos Baduel Manjarrez Domínguez actual líder de la CNC, sector del mismo partido, recibió del gobierno de Cruz Pérez Cuéllar cerca de 7.5 millones de pesos como proveedor.
A través de las redes sociales, Fermín Ordóñez publicó "Cruz Pérez Cuéllar, muy a su modo, le dio contratos por 7.5 MDP. Sí, como lo lee, desde 2021 el seudo líder del campo prestó servicios a la Presidencia Municipal de Cd. Juárez, a través de DVSER S. de R.L. de C.V., bajo el número de proveedor 13524, en aquella Heroica Ciudad".
Agregó a su publicación un documento de contratos
"Pobrecito Carlitos Manjarrez, a ver si con el tiempo no le sale más caro el caldo que las albóndigas o la orden de tacos, porque eso de andar en un partido político y sirviendo de sustractor de recursos del municipio de Cd. Juárez no puede acabar bien. Creo que se llama peculado para el que recibe y cohecho para el que da", agregó.
El secretario del Consejo Político Estatal del PRI, Fernando Martínez Sosa, aun cuando la ley es clara en que está impedido para entrometerse en la elección judicial, realizó manifestaciones a través de redes sociales en contra de la candidata a jueza penal, Laura Velia Mendoza Luján.
La Ley reglamentaria para la elección de jueces y magistrados, dice de manera textual en su Artículo 56 "Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas juzgadoras, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución General".
Al secretario del Consejo Político del PRI, realizó publicaciones contra la candidata señalando que en su cargo de jueza negó orden de captura en contra de una persona acusada de homicidio agravado por razones de género, "Tanta preparación y así dejaste un asesino libre ¿raro no?", fueron algunas de las expresiones de Martínez Sosa acompañadas de la imagen de la candidata a jueza.
El Dirigente Estatal del Movimiento Territorial del PRI en Chihuahua, Fermín Ordóñez Arana, a través de las redes sociales, señaló que Carlos Baduel Manjarrez Domínguez actual líder de la CNC, sector del mismo partido, recibió del gobierno de Cruz Pérez Cuéllar cerca de 7.5 millones de pesos como proveedor.
A través de las redes sociales, Fermín Ordóñez publicó "Cruz Pérez Cuéllar, muy a su modo, le dio contratos por 7.5 MDP. Sí, como lo lee, desde 2021 el seudo líder del campo prestó servicios a la Presidencia Municipal de Cd. Juárez, a través de DVSER S. de R.L. de C.V., bajo el número de proveedor 13524, en aquella Heroica Ciudad".
Agregó a su publicación un documento de contratos
"Pobrecito Carlitos Manjarrez, a ver si con el tiempo no le sale más caro el caldo que las albóndigas o la orden de tacos, porque eso de andar en un partido político y sirviendo de sustractor de recursos del municipio de Cd. Juárez no puede acabar bien. Creo que se llama peculado para el que recibe y cohecho para el que da", agregó.