PUEBLA, Pue. (apro) .- El secretario de Seguridad de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que se tienen detectadas tres granjas de criptomonedas clandestinas que operan en esta entidad y en particular en Nuevo Necaxa, municipio de Juan Galindo.
En entrevista con medios locales, el funcionario reconoció que, previo a la publicación de la edición impresa de Proceso, ya tenían información sobre la existencia de este tipo de instalaciones que roban energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Indicó que, en una mesa de coordinación, autoridades de Puebla y Tlaxcala, habían identificados tres?centros de minería de criptomonedas, por lo que preparaban un operativo, con la Fiscalía General del Estado y autoridades de la vecina entidad, para proceder contra estas instalaciones ilegales.
“Nosotros teníamos información de tres centros (de criptomonedas) éste ya lo teníamos identificado, ya fue nada más rectificar, fue en Nuevo Necaxa, ya lo tenemos identificado”, insistió el funcionario.
En la edición de abril, Proceso publica que, en esa localidad de la Sierra Norte de Puebla, un operativo de la CFE, custodiado por fuerzas federales, desarticuló el 31 de enero de este año conexiones ilegales de alto consumo de electricidad que procedían de instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
De acuerdo con los testimonios y evidencia fotográfica, este robo de energía, también llamado huachicoleo eléctrico, estaría siendo utilizado para operar granjas de criptomonedas, que son decenas de equipos computacionales que registran transacciones del mercado de las monedas virtuales y que requieren un alto consumo de electricidad.
La criptominería es altamente rentable si se reducen los costos de operación, que principalmente dependen de lo que se paga por la electricidad, por lo que, al robar la energía a la CFE, las ganancias se disparan.
Con información de proceso.com.mx
El secretario del Consejo Político Estatal del PRI, Fernando Martínez Sosa, aun cuando la ley es clara en que está impedido para entrometerse en la elección judicial, realizó manifestaciones a través de redes sociales en contra de la candidata a jueza penal, Laura Velia Mendoza Luján.
La Ley reglamentaria para la elección de jueces y magistrados, dice de manera textual en su Artículo 56 "Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas juzgadoras, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución General".
Al secretario del Consejo Político del PRI, realizó publicaciones contra la candidata señalando que en su cargo de jueza negó orden de captura en contra de una persona acusada de homicidio agravado por razones de género, "Tanta preparación y así dejaste un asesino libre ¿raro no?", fueron algunas de las expresiones de Martínez Sosa acompañadas de la imagen de la candidata a jueza.
El Dirigente Estatal del Movimiento Territorial del PRI en Chihuahua, Fermín Ordóñez Arana, a través de las redes sociales, señaló que Carlos Baduel Manjarrez Domínguez actual líder de la CNC, sector del mismo partido, recibió del gobierno de Cruz Pérez Cuéllar cerca de 7.5 millones de pesos como proveedor.
A través de las redes sociales, Fermín Ordóñez publicó "Cruz Pérez Cuéllar, muy a su modo, le dio contratos por 7.5 MDP. Sí, como lo lee, desde 2021 el seudo líder del campo prestó servicios a la Presidencia Municipal de Cd. Juárez, a través de DVSER S. de R.L. de C.V., bajo el número de proveedor 13524, en aquella Heroica Ciudad".
Agregó a su publicación un documento de contratos
"Pobrecito Carlitos Manjarrez, a ver si con el tiempo no le sale más caro el caldo que las albóndigas o la orden de tacos, porque eso de andar en un partido político y sirviendo de sustractor de recursos del municipio de Cd. Juárez no puede acabar bien. Creo que se llama peculado para el que recibe y cohecho para el que da", agregó.
El secretario del Consejo Político Estatal del PRI, Fernando Martínez Sosa, aun cuando la ley es clara en que está impedido para entrometerse en la elección judicial, realizó manifestaciones a través de redes sociales en contra de la candidata a jueza penal, Laura Velia Mendoza Luján.
La Ley reglamentaria para la elección de jueces y magistrados, dice de manera textual en su Artículo 56 "Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas juzgadoras, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución General".
Al secretario del Consejo Político del PRI, realizó publicaciones contra la candidata señalando que en su cargo de jueza negó orden de captura en contra de una persona acusada de homicidio agravado por razones de género, "Tanta preparación y así dejaste un asesino libre ¿raro no?", fueron algunas de las expresiones de Martínez Sosa acompañadas de la imagen de la candidata a jueza.
El Dirigente Estatal del Movimiento Territorial del PRI en Chihuahua, Fermín Ordóñez Arana, a través de las redes sociales, señaló que Carlos Baduel Manjarrez Domínguez actual líder de la CNC, sector del mismo partido, recibió del gobierno de Cruz Pérez Cuéllar cerca de 7.5 millones de pesos como proveedor.
A través de las redes sociales, Fermín Ordóñez publicó "Cruz Pérez Cuéllar, muy a su modo, le dio contratos por 7.5 MDP. Sí, como lo lee, desde 2021 el seudo líder del campo prestó servicios a la Presidencia Municipal de Cd. Juárez, a través de DVSER S. de R.L. de C.V., bajo el número de proveedor 13524, en aquella Heroica Ciudad".
Agregó a su publicación un documento de contratos
"Pobrecito Carlitos Manjarrez, a ver si con el tiempo no le sale más caro el caldo que las albóndigas o la orden de tacos, porque eso de andar en un partido político y sirviendo de sustractor de recursos del municipio de Cd. Juárez no puede acabar bien. Creo que se llama peculado para el que recibe y cohecho para el que da", agregó.