La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que los 10 detenidos en el Rancho Izaguirre en el pasado mes de septiembre fueron imputados por un nuevo delito de desaparición cometida en contra de particulares.
Después de una investigación, la vicefiscalía en Personas Desaparecidas reveló un nuevo acto delictivo por parte de los detenidos, quienes continúan siendo investigados por delitos diferentes a la causa de su aprehensión principal con ayuda de víctimas que los han reconocido.
Los imputados son Kevin “N”, Erick “N”, David “N”, Gustavo “N”, Christopher “N”, Juan Manuel “N”, Óscar Iván “N”, Luis Alberto “N”, Ricardo Augusto “N” y Armando “N”, quienes fueron detenidos durante un operativo en septiembre de 2024 en un rancho ubicado en Teuchitlán.
La fiscalía mencionó que los imputados enfrentan diferentes cargos como desaparición por particulares agravada, homicidio calificado, tentativa de homicidio y delitos contra la autoridad.
Los 10 hombres fueron detenidos seis meses antes de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco difundiera a través de sus redes sociales que el rancho Izaguirre era usado como un centro de adiestramiento por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación y que los reclutas eran llevados bajo engaños.
Posteriormente, el gabinete de seguridad detuvo a José Gregorio Lastra Hermida, alias "El Lastra", presunto encargado del Rancho Izaguirre, quien confesó que las personas que eran privadas de la libertad en el predio eran sometidas a un entrenamiento criminal, y en los casos de quienes se resistían a hacerlo o intentaban escapar, eran golpeados y torturados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitará al gobierno a reforzar las investigaciones ante este caso para que las víctimas puedan tener una pronta justicia.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que los hallazgos en el Rancho Izaguirre contengan evidencia suficiente para determinarlo como un campo de exterminio por parte de algún cartel del narcotráfico.
Con información de Latinus
El secretario del Consejo Político Estatal del PRI, Fernando Martínez Sosa, aun cuando la ley es clara en que está impedido para entrometerse en la elección judicial, realizó manifestaciones a través de redes sociales en contra de la candidata a jueza penal, Laura Velia Mendoza Luján.
La Ley reglamentaria para la elección de jueces y magistrados, dice de manera textual en su Artículo 56 "Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas juzgadoras, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución General".
Al secretario del Consejo Político del PRI, realizó publicaciones contra la candidata señalando que en su cargo de jueza negó orden de captura en contra de una persona acusada de homicidio agravado por razones de género, "Tanta preparación y así dejaste un asesino libre ¿raro no?", fueron algunas de las expresiones de Martínez Sosa acompañadas de la imagen de la candidata a jueza.
El Dirigente Estatal del Movimiento Territorial del PRI en Chihuahua, Fermín Ordóñez Arana, a través de las redes sociales, señaló que Carlos Baduel Manjarrez Domínguez actual líder de la CNC, sector del mismo partido, recibió del gobierno de Cruz Pérez Cuéllar cerca de 7.5 millones de pesos como proveedor.
A través de las redes sociales, Fermín Ordóñez publicó "Cruz Pérez Cuéllar, muy a su modo, le dio contratos por 7.5 MDP. Sí, como lo lee, desde 2021 el seudo líder del campo prestó servicios a la Presidencia Municipal de Cd. Juárez, a través de DVSER S. de R.L. de C.V., bajo el número de proveedor 13524, en aquella Heroica Ciudad".
Agregó a su publicación un documento de contratos
"Pobrecito Carlitos Manjarrez, a ver si con el tiempo no le sale más caro el caldo que las albóndigas o la orden de tacos, porque eso de andar en un partido político y sirviendo de sustractor de recursos del municipio de Cd. Juárez no puede acabar bien. Creo que se llama peculado para el que recibe y cohecho para el que da", agregó.
El secretario del Consejo Político Estatal del PRI, Fernando Martínez Sosa, aun cuando la ley es clara en que está impedido para entrometerse en la elección judicial, realizó manifestaciones a través de redes sociales en contra de la candidata a jueza penal, Laura Velia Mendoza Luján.
La Ley reglamentaria para la elección de jueces y magistrados, dice de manera textual en su Artículo 56 "Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas juzgadoras, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución General".
Al secretario del Consejo Político del PRI, realizó publicaciones contra la candidata señalando que en su cargo de jueza negó orden de captura en contra de una persona acusada de homicidio agravado por razones de género, "Tanta preparación y así dejaste un asesino libre ¿raro no?", fueron algunas de las expresiones de Martínez Sosa acompañadas de la imagen de la candidata a jueza.
El Dirigente Estatal del Movimiento Territorial del PRI en Chihuahua, Fermín Ordóñez Arana, a través de las redes sociales, señaló que Carlos Baduel Manjarrez Domínguez actual líder de la CNC, sector del mismo partido, recibió del gobierno de Cruz Pérez Cuéllar cerca de 7.5 millones de pesos como proveedor.
A través de las redes sociales, Fermín Ordóñez publicó "Cruz Pérez Cuéllar, muy a su modo, le dio contratos por 7.5 MDP. Sí, como lo lee, desde 2021 el seudo líder del campo prestó servicios a la Presidencia Municipal de Cd. Juárez, a través de DVSER S. de R.L. de C.V., bajo el número de proveedor 13524, en aquella Heroica Ciudad".
Agregó a su publicación un documento de contratos
"Pobrecito Carlitos Manjarrez, a ver si con el tiempo no le sale más caro el caldo que las albóndigas o la orden de tacos, porque eso de andar en un partido político y sirviendo de sustractor de recursos del municipio de Cd. Juárez no puede acabar bien. Creo que se llama peculado para el que recibe y cohecho para el que da", agregó.