La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que suspendió, temporalmente, la operación de cuatro pozos, los cuales estaban destinados a la venta del líquido, en Teotihuacán, Estado de México.
Mediante un comunicado, la dependencia federal recordó que el pasado 26 de marzo, autoridades de los tres niveles sostuvieron una reunión con personas que bloqueaban la carretera federal México-Tulancingo quienes protestaban por la supuesta extracción ilegal de agua en estos pozos.
Posteriormente, personal de la Conagua llevó a cabo varias inspecciones en el lugar, en donde se pudieron revelar presuntos incumplimientos a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento.
“Se aplicaron mediadas de apremio seguridad, consistentes en la clausura temporal de los pozos señalados”, sostiene la dependencia.
La Conagua detalló que Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad proporciona un marco fundamental que guía estas acciones, reafirmando que el acceso al agua es un derecho humano que debe ser protegido y garantizado para todas las comunidades.
Afirmó que todas las acciones relacionadas con la gestión de pozos irregulares se alinean con los principios del mencionado acuerdo.
“Esto incluye el fortalecimiento de la regulación para evitar la sobreexplotación de los recursos y fomentar la participación de la ciudadanía en la vigilancia y gestión de los recursos hídricos”, mencionó.
En México la extracción ilegal del agua se ha evidenciado en los últimos años, de acuerdo con una investigación de El Economista, entre 2019 y el 2022 se habían detectado 131,603 tomas clandestinas en ductos de agua públicos en 239 municipios del país.
Expertos consultados en ese momento, afirmaban que hasta 15% del agua del país se podría perder a través de las tomas clandestinas de las cuales, en muchas ocasiones, abastecen a piperos.
“Conagua reafirma su compromiso con una gestión responsable del agua, por lo que mantendrá el trabajo conjunto con las autoridades estales y locales, así como con la comunidad, para asegurar un acceso legal y sostenible del agua”, afirmó la dependencia.
Con información de: El economista.
El secretario del Consejo Político Estatal del PRI, Fernando Martínez Sosa, aun cuando la ley es clara en que está impedido para entrometerse en la elección judicial, realizó manifestaciones a través de redes sociales en contra de la candidata a jueza penal, Laura Velia Mendoza Luján.
La Ley reglamentaria para la elección de jueces y magistrados, dice de manera textual en su Artículo 56 "Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas juzgadoras, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución General".
Al secretario del Consejo Político del PRI, realizó publicaciones contra la candidata señalando que en su cargo de jueza negó orden de captura en contra de una persona acusada de homicidio agravado por razones de género, "Tanta preparación y así dejaste un asesino libre ¿raro no?", fueron algunas de las expresiones de Martínez Sosa acompañadas de la imagen de la candidata a jueza.
El Dirigente Estatal del Movimiento Territorial del PRI en Chihuahua, Fermín Ordóñez Arana, a través de las redes sociales, señaló que Carlos Baduel Manjarrez Domínguez actual líder de la CNC, sector del mismo partido, recibió del gobierno de Cruz Pérez Cuéllar cerca de 7.5 millones de pesos como proveedor.
A través de las redes sociales, Fermín Ordóñez publicó "Cruz Pérez Cuéllar, muy a su modo, le dio contratos por 7.5 MDP. Sí, como lo lee, desde 2021 el seudo líder del campo prestó servicios a la Presidencia Municipal de Cd. Juárez, a través de DVSER S. de R.L. de C.V., bajo el número de proveedor 13524, en aquella Heroica Ciudad".
Agregó a su publicación un documento de contratos
"Pobrecito Carlitos Manjarrez, a ver si con el tiempo no le sale más caro el caldo que las albóndigas o la orden de tacos, porque eso de andar en un partido político y sirviendo de sustractor de recursos del municipio de Cd. Juárez no puede acabar bien. Creo que se llama peculado para el que recibe y cohecho para el que da", agregó.
El secretario del Consejo Político Estatal del PRI, Fernando Martínez Sosa, aun cuando la ley es clara en que está impedido para entrometerse en la elección judicial, realizó manifestaciones a través de redes sociales en contra de la candidata a jueza penal, Laura Velia Mendoza Luján.
La Ley reglamentaria para la elección de jueces y magistrados, dice de manera textual en su Artículo 56 "Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas juzgadoras, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución General".
Al secretario del Consejo Político del PRI, realizó publicaciones contra la candidata señalando que en su cargo de jueza negó orden de captura en contra de una persona acusada de homicidio agravado por razones de género, "Tanta preparación y así dejaste un asesino libre ¿raro no?", fueron algunas de las expresiones de Martínez Sosa acompañadas de la imagen de la candidata a jueza.
El Dirigente Estatal del Movimiento Territorial del PRI en Chihuahua, Fermín Ordóñez Arana, a través de las redes sociales, señaló que Carlos Baduel Manjarrez Domínguez actual líder de la CNC, sector del mismo partido, recibió del gobierno de Cruz Pérez Cuéllar cerca de 7.5 millones de pesos como proveedor.
A través de las redes sociales, Fermín Ordóñez publicó "Cruz Pérez Cuéllar, muy a su modo, le dio contratos por 7.5 MDP. Sí, como lo lee, desde 2021 el seudo líder del campo prestó servicios a la Presidencia Municipal de Cd. Juárez, a través de DVSER S. de R.L. de C.V., bajo el número de proveedor 13524, en aquella Heroica Ciudad".
Agregó a su publicación un documento de contratos
"Pobrecito Carlitos Manjarrez, a ver si con el tiempo no le sale más caro el caldo que las albóndigas o la orden de tacos, porque eso de andar en un partido político y sirviendo de sustractor de recursos del municipio de Cd. Juárez no puede acabar bien. Creo que se llama peculado para el que recibe y cohecho para el que da", agregó.