El colapso vial de Ciudad Chihuahua
Las autoridades podrán echar culpas: decir que los responsables son los agitadores de Morena o que los propios vecinos, hacinados en fraccionamientos mal planeados, provocan el tráfico al no respetar los límites de velocidad en las avenidas saturadas. Pero estas excusas son como dibujos generados por inteligencia artificial: expresan una comprensión limitada y no transforman la realidad, solo la decoran. En el fondo, lo que intentan ocultar es lo más inconfesable: quienes deberían solucionar la crisis urbana ya no saben qué hacer.
No tienen idea de cómo enfrentar el colapso vial que ya es una realidad. Primero fue la "gaza" de incorporación del Periférico de la Juventud y Teófilo Borunda, una zona donde con frecuencia caen vehículos al "barranco", que en realidad es el río Chuviscar, un espacio de gran valor ambiental y cultural. Allí, Salvemos los Cerros organiza caminatas en otoño para ver luciérnagas, siempre con el temor de que un auto nos aplaste. Esta gaza fue anunciada con bombo y platillo, pero hace unos días la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Desarrollo Urbano admitieron que no cuenta con ningún permiso ni autorización.
Ahora vuelven con el tema del Poniente 5, confesando su propia derrota. Dicen que la primera etapa se desarrollará en los próximos diez años, pero en realidad eso significa que el proyecto no es viable. Leí el estudio de factibilidad técnica y contempla la afectación de más de 40 cauces federales de agua. Es decir, se pretende sacrificar el caudal de casi medio centenar de arroyos para movilizar apenas 7,000 vehículos diarios. Una insensatez, considerando la crisis de sequía y saqueo de agua en el estado. Pero además, es una propuesta inútil, pues no resolvería el tráfico.
Más calles no equivalen a menos tráfico; de hecho, sucede lo contrario. Aunque parezca contraintuitivo, nuevas avenidas, sobre todo de alta velocidad, generan más congestionamientos. La razón es simple: en fraccionamientos como los del Reliz, las entradas son limitadas. Si cruzas la ciudad más rápido, solo llegarás antes a hacer fila en la entrada de tu casa. Además, más carriles disponibles atraen más vehículos, exacerbando los problemas en una ciudad que ya tiene la mayor cantidad de autos por habitante en el país, y donde la violencia vial y los accidentes por estrés urbano son cotidianos.
La raíz del problema es la especulación inmobiliaria. Empresas y particulares planearon el crecimiento de la ciudad hacia los cerros del poniente porque el suelo era "barato", sin considerar las consecuencias. Al inflar el valor de la tierra, amasaron fortunas, mientras que la ciudadanía —especialmente quienes compraron viviendas en esos fraccionamientos con la promesa de áreas naturales protegidas— terminó pagando las consecuencias: una sola entrada y salida para miles de habitantes. Negocio para unos, crisis urbana para todos.
La esperanza está en la ciudadanía. Vecinos de Valle Escondido, junto con Salvemos los Cerros, han demandado al municipio para frenar los fraccionamientos que destruyen el Cerro Mesa de los Caballos. De concretarse estos desarrollos, el Poniente 5 quedaría obsoleto antes de existir, colapsando aún más la calidad de vida y el equilibrio ambiental de la ciudad. Solo mediante una organización ciudadana informada y con un análisis científico de la realidad se podrá construir una alternativa viable al colapso vial.
Mientras tanto, consideren esto: la prisa puede matar. Si van en su auto, pónganse cómodos, escuchen música agradable o un podcast como los de Cambio Colectivo. No arriesguen su vida ni la de los demás. Y mientras estén en el tráfico, reflexionen sobre la necesidad de una participación ciudadana activa para frenar los fraccionamientos y evitar que la calidad de vida en Chihuahua siga descendiendo por la avaricia de unos pocos.
Tips al momento
La UACh prohíbe a sus colaboradores expresar apoyo a candidatos en elección de jueces
La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) emitió un comunicado en el que prohíbe a sus colaboradores manifestar abiertamente su apoyo a cualquier candidato en el proceso de elección de jueces, ministros y magistrados.
A TODAS LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA:
Se les recuerda que existe prohibición expresa para realizar por cualquier medio actos de proselitismo o posicionamiento a favor o en contra de algún candidatura en el Proceso Electoral Extraordinario de Personas Juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación y/o del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
La restricción opera fuera del horario de funciones, fines de semana y período vacacional, así como en general en cualquier día no laborables.
Así mismo, está prohibido la utilización de recursos públicos tanto materiales como humanos para realizar actos de proselitismo en favor o en contra de los candidatos.
Para más información favor de consultar:
https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1562.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/178714/Anexo-Catálogo-de-infracciones-PEEPJF.pdf
Mtro. Luis Alfonso Rivera Gampos
Rector
La suerte de Andrea Chávez
El vuelo de la senadora Andrea Chávez parece estar llegando a su fin. Se había planteado como su siguiente objetivo la gubernatura de Chihuahua en 2027 y estaba trabajando intensamente en su tierra, incurriendo en actos que probablemente puedan ser anticipados de campaña. Las crónicas periodísticas narran los espectaculares que colocó en su natal Ciudad Juárez desde principios de este año y de su intensa promoción en las redes sociales. “La reina del cash”, la llamó Don Mirone, un seudónimo que firma la principal columna política de Norte Digital, porque “no batalla por dinero”.
Pero el muro con el que se estrelló fue el de la revelación de que estaba utilizando unidades médicas móviles financiadas por el contratista preferido, desde hace años, por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Chávez reaccionó contra el portal Latinus, cuya reportera Ana Lucía Hernández hizo nacional un tema que se había mantenido localmente, y acusó al principal periodista del medio, Carlos Loret, de servir a intereses políticos. No vio que lo que había provocado la publicación era un disgusto donde menos le podría haber interesado tenerlo, en Palacio Nacional.
Cuando el portal Latinus reveló que la senadora estaba utilizando unidades médicas como parte de su estrategia de promoción rumbo a las elecciones para la gubernatura de Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tomada por sorpresa, no por el hecho en sí mismo, sino porque no comprendía cómo la soberbia y el cinismo de los morenistas involucrados en el caso, se habían abierto un flanco tan grande, al quedar expuesto, en medio de todo, el contratista y amigo del senador López, que estaba detrás de las unidades médicas, mejor adaptadas y equipadas que las que tiene el gobierno federal y muchos estatales.
Chávez, una política audaz y permanentemente muy echada para adelante, comenzó a meterse en un pantano con su lengua larga y filosa, llena de arrogancia, al confesar en la radio haber cometido un delito. No lo dijo tal cual, pero lo expresó claramente. Lo que hizo, señaló, había sido en beneficio de quienes más lo necesitan, como un acto de justicia, evocando la laxitud legal que aplicaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando los límites constitucionales se atravesaban en el camino de sus objetivos. López Obrador se salió con la suya, pero ella no. López Obrador tenía fuerza propia; Chávez la tiene prestada, que es lo que le está cortando las alas.
Ayer, el PAN, a nivel nacional y a nivel estatal, la denunció ante la Fiscalía General por 15 supuestos delitos. Algunos son del ámbito electoral, donde los panistas presentaron documentos de cómo estaban llegando recursos de otros estados para su precampaña electoral. Pero hay otros, quizás penales. Daniela Álvarez, líder panista en Chihuahua, y la diputada federal Kenia López Rabadán, afirmaron que la ilegalidad de sus actos fue confesada al confirmar que las unidades móviles las financiaba el empresario Fernando Padilla Farfán, mediante la modalidad de “donativo”. La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que si un servidor público acepta un donativo, incurrirá en el delito de cohecho.
Chávez es una delincuente confesa. En una mesa de análisis con Azucena Uresti en Radio Fórmula, se defendió a bote pronto repitiendo que eran donativos y que no había gastado “ni un solo peso” de recursos públicos. Una semana después, en el mismo espacio, cambió su versión y dijo que las caravanas que realizaba en las unidades médicas, estimadas por Latinus en 10 millones de pesos mensuales, eran convenios de colaboración con el sector privado. Este fue otro delito que confesó. Aunque sea servidora pública, no puede firmar convenios específicos en calidad de persona física. Sólo las dependencias públicas y organismos autónomos están facultados para suscribir convenios que involucren algún tipo de intercambio o prestación de servicios, como era el caso.
Chávez es, probablemente, la joven morenista más conspicua de su generación. También la de una carrera meteórica de la mano del senador López. El exprecandidato presidencial, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco ha invertido tanto en su promoción, que en el Senado llaman a Chávez “la jefa”, y hay legisladores que para quedar bien con el líder de su bancada, le aplauden y festejan todas las intervenciones de la chihuahuense. López ha ido mucho más allá. Le entregó una oficina en el Senado a Abraham Mendieta, un español naturalizado mexicano, propagandista del obradorismo, que es novio de Chávez.
López, que tiene el control de todos los cargos administrativos –donde se maneja el dinero– del Senado, pretendió recientemente hacerla presidenta de la cámara, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña, que lleva semanas con rendimientos decrecientes. Era demasiado. No pudo hacer el movimiento, aunque su cruzada para promoverla a la gubernatura de Chihuahua no ha cesado. El episodio de las unidades móviles, empero, pone un antes y un después.
El involucramiento de Padilla Farfán en el esquema electoral de Chávez dejó al descubierto los contratos multimillonarios que le dio en Tabasco y en Chiapas, a través de su excuñado, el exgobernador Rutilio Escandón –que hizo convenios con él sobre unidades médicas móviles, una de las cuales apareció en Chihuahua– y, cuando menos, lo deja ante un posible delito de conflicto de interés. Chávez lo conoció años después de que el empresario estuviera metido en licitaciones públicas en entidades donde su amigo López tenía influencia e incidencia.
Desde el primer momento que apareció la publicación en Latinus, Sheinbaum comentó a sus colaboradores que hablaría con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, para que no pasara su candidatura a la gubernatura, y con López, para que se olvidara de seguir impulsando a Chávez a la presidencia del Senado. Desde entonces, la situación de la senadora en Palacio Nacional se ha ido enredando y empeorando.
Existen reportes de otras irregularidades, y se están recopilando datos sobre probables gastos de lujo y la adquisición de dos propiedades en Chihuahua con prestanombres en otoño pasado, para determinar si procede o no abrir una investigación formal. La que parece muy perfilada hoy en día, es la decisión de que no sea candidata a la gubernatura de Chihuahua.
Columna de Raymundo Riva Palacio
Tomada de El Financiero
Tips al momento
La UACh prohíbe a sus colaboradores expresar apoyo a candidatos en elección de jueces
La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) emitió un comunicado en el que prohíbe a sus colaboradores manifestar abiertamente su apoyo a cualquier candidato en el proceso de elección de jueces, ministros y magistrados.
A TODAS LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA:
Se les recuerda que existe prohibición expresa para realizar por cualquier medio actos de proselitismo o posicionamiento a favor o en contra de algún candidatura en el Proceso Electoral Extraordinario de Personas Juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación y/o del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
La restricción opera fuera del horario de funciones, fines de semana y período vacacional, así como en general en cualquier día no laborables.
Así mismo, está prohibido la utilización de recursos públicos tanto materiales como humanos para realizar actos de proselitismo en favor o en contra de los candidatos.
Para más información favor de consultar:
https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1562.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/178714/Anexo-Catálogo-de-infracciones-PEEPJF.pdf
Mtro. Luis Alfonso Rivera Gampos
Rector
La suerte de Andrea Chávez
El vuelo de la senadora Andrea Chávez parece estar llegando a su fin. Se había planteado como su siguiente objetivo la gubernatura de Chihuahua en 2027 y estaba trabajando intensamente en su tierra, incurriendo en actos que probablemente puedan ser anticipados de campaña. Las crónicas periodísticas narran los espectaculares que colocó en su natal Ciudad Juárez desde principios de este año y de su intensa promoción en las redes sociales. “La reina del cash”, la llamó Don Mirone, un seudónimo que firma la principal columna política de Norte Digital, porque “no batalla por dinero”.
Pero el muro con el que se estrelló fue el de la revelación de que estaba utilizando unidades médicas móviles financiadas por el contratista preferido, desde hace años, por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Chávez reaccionó contra el portal Latinus, cuya reportera Ana Lucía Hernández hizo nacional un tema que se había mantenido localmente, y acusó al principal periodista del medio, Carlos Loret, de servir a intereses políticos. No vio que lo que había provocado la publicación era un disgusto donde menos le podría haber interesado tenerlo, en Palacio Nacional.
Cuando el portal Latinus reveló que la senadora estaba utilizando unidades médicas como parte de su estrategia de promoción rumbo a las elecciones para la gubernatura de Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tomada por sorpresa, no por el hecho en sí mismo, sino porque no comprendía cómo la soberbia y el cinismo de los morenistas involucrados en el caso, se habían abierto un flanco tan grande, al quedar expuesto, en medio de todo, el contratista y amigo del senador López, que estaba detrás de las unidades médicas, mejor adaptadas y equipadas que las que tiene el gobierno federal y muchos estatales.
Chávez, una política audaz y permanentemente muy echada para adelante, comenzó a meterse en un pantano con su lengua larga y filosa, llena de arrogancia, al confesar en la radio haber cometido un delito. No lo dijo tal cual, pero lo expresó claramente. Lo que hizo, señaló, había sido en beneficio de quienes más lo necesitan, como un acto de justicia, evocando la laxitud legal que aplicaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando los límites constitucionales se atravesaban en el camino de sus objetivos. López Obrador se salió con la suya, pero ella no. López Obrador tenía fuerza propia; Chávez la tiene prestada, que es lo que le está cortando las alas.
Ayer, el PAN, a nivel nacional y a nivel estatal, la denunció ante la Fiscalía General por 15 supuestos delitos. Algunos son del ámbito electoral, donde los panistas presentaron documentos de cómo estaban llegando recursos de otros estados para su precampaña electoral. Pero hay otros, quizás penales. Daniela Álvarez, líder panista en Chihuahua, y la diputada federal Kenia López Rabadán, afirmaron que la ilegalidad de sus actos fue confesada al confirmar que las unidades móviles las financiaba el empresario Fernando Padilla Farfán, mediante la modalidad de “donativo”. La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que si un servidor público acepta un donativo, incurrirá en el delito de cohecho.
Chávez es una delincuente confesa. En una mesa de análisis con Azucena Uresti en Radio Fórmula, se defendió a bote pronto repitiendo que eran donativos y que no había gastado “ni un solo peso” de recursos públicos. Una semana después, en el mismo espacio, cambió su versión y dijo que las caravanas que realizaba en las unidades médicas, estimadas por Latinus en 10 millones de pesos mensuales, eran convenios de colaboración con el sector privado. Este fue otro delito que confesó. Aunque sea servidora pública, no puede firmar convenios específicos en calidad de persona física. Sólo las dependencias públicas y organismos autónomos están facultados para suscribir convenios que involucren algún tipo de intercambio o prestación de servicios, como era el caso.
Chávez es, probablemente, la joven morenista más conspicua de su generación. También la de una carrera meteórica de la mano del senador López. El exprecandidato presidencial, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco ha invertido tanto en su promoción, que en el Senado llaman a Chávez “la jefa”, y hay legisladores que para quedar bien con el líder de su bancada, le aplauden y festejan todas las intervenciones de la chihuahuense. López ha ido mucho más allá. Le entregó una oficina en el Senado a Abraham Mendieta, un español naturalizado mexicano, propagandista del obradorismo, que es novio de Chávez.
López, que tiene el control de todos los cargos administrativos –donde se maneja el dinero– del Senado, pretendió recientemente hacerla presidenta de la cámara, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña, que lleva semanas con rendimientos decrecientes. Era demasiado. No pudo hacer el movimiento, aunque su cruzada para promoverla a la gubernatura de Chihuahua no ha cesado. El episodio de las unidades móviles, empero, pone un antes y un después.
El involucramiento de Padilla Farfán en el esquema electoral de Chávez dejó al descubierto los contratos multimillonarios que le dio en Tabasco y en Chiapas, a través de su excuñado, el exgobernador Rutilio Escandón –que hizo convenios con él sobre unidades médicas móviles, una de las cuales apareció en Chihuahua– y, cuando menos, lo deja ante un posible delito de conflicto de interés. Chávez lo conoció años después de que el empresario estuviera metido en licitaciones públicas en entidades donde su amigo López tenía influencia e incidencia.
Desde el primer momento que apareció la publicación en Latinus, Sheinbaum comentó a sus colaboradores que hablaría con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, para que no pasara su candidatura a la gubernatura, y con López, para que se olvidara de seguir impulsando a Chávez a la presidencia del Senado. Desde entonces, la situación de la senadora en Palacio Nacional se ha ido enredando y empeorando.
Existen reportes de otras irregularidades, y se están recopilando datos sobre probables gastos de lujo y la adquisición de dos propiedades en Chihuahua con prestanombres en otoño pasado, para determinar si procede o no abrir una investigación formal. La que parece muy perfilada hoy en día, es la decisión de que no sea candidata a la gubernatura de Chihuahua.
Columna de Raymundo Riva Palacio
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