Marine Le Pen, la líder del partido opositor Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés), fue condenada a cuatro años de prisión y a una prohibición de postularse para un cargo público durante cinco años en Francia. La sentencia se produjo en el marco de un caso de malversación de fondos del Parlamento Europeo en el que la política fue declarada culpable este lunes.
Se precisa que Le Pen no entrará en la cárcel. Estará durante dos años en libertad condicional y otros dos con un brazalete electrónico.
Este veredicto de la corte significa que Le Pen no podrá participar en la carrera presidencial en 2027. Si Le Pen apela el veredicto, técnicamente podrá participar en las presidenciales de 2027, pero varios medios recogen que es poco probable que haya el escenario para que pueda presentarse.
En detalle, Le Pen y varios diputados de la formación política fueron acusados de haber utilizado dinero destinado a asistentes parlamentarios de la Unión Europea para pagar a personas que trabajaron para la RN entre 2004 y 2016. Otros ocho miembros de la Agrupación Nacional fueron declarados culpables junto con Le Pen.
Además, el partido Agrupación Nacional fue multado y debe pagar dos millones de euros.
La propia política no esperó a que la sentencia fuera anunciada hasta el final y abandonó la sala del tribunal.
"Muerte política"
Al comentar el caso en noviembre de 2024, Le Pen dijo que, si al final le impiden concurrir a los comicios, se trataría de su "muerte política".
Le Pen negó todas las acusaciones en su contra y las tachó de ataque político que tiene por objetivo poner fin a su carrera. "Hay 11 millones de personas que votaron por el movimiento que represento", dijo, agregando que la decisión del tribunal significa que "potencialmente millones de franceses se verían privados de su candidato en las elecciones".
De acuerdo con sus explicaciones al defenderse de las acusaciones judiciales, se consideraba aceptable adaptar el trabajo de los asistentes pagados por el Parlamento Europeo a las necesidades de los diputados, incluso si este trabajo estaba relacionado con el partido.
Con información de actualidad.rt.com
Casi al medio día de este jueves, comenzó una encuesta telefónica que preguntó a varios chihuahuenses de la capital, si darían su voto a favor de Rafael Loera, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, quien busca ser el próximo alcalde de Chihuahua, cargo al que ya levantaron la mano varios funcionarios estatales, diputados locales y hasta federales…
La llamada la recibieron hasta tres veces algunas personas, muy insistentes, sin embargo, es importante cuestionar cómo le hace para pagar un Call center, y más en tiempos que ni siquiera son de campañas internas, para determinar al candidato a dicho cargo…
Hace unas semanas fueron publicados varios espectaculares que, si bien es cierto, fue una revista quien presuntamente publicó la imagen del funcionario estatal, esto en tiempos cuestionables de Acción Nacional por los actos anticipados de campaña de la senadora morenista, Andrea Chávez, a quien denunciaron por varios delitos…
La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) emitió un comunicado en el que prohíbe a sus colaboradores manifestar abiertamente su apoyo a cualquier candidato en el proceso de elección de jueces, ministros y magistrados.
A TODAS LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA:
Se les recuerda que existe prohibición expresa para realizar por cualquier medio actos de proselitismo o posicionamiento a favor o en contra de algún candidatura en el Proceso Electoral Extraordinario de Personas Juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación y/o del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
La restricción opera fuera del horario de funciones, fines de semana y período vacacional, así como en general en cualquier día no laborables.
Así mismo, está prohibido la utilización de recursos públicos tanto materiales como humanos para realizar actos de proselitismo en favor o en contra de los candidatos.
Para más información favor de consultar:
https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1562.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/178714/Anexo-Catálogo-de-infracciones-PEEPJF.pdf
Mtro. Luis Alfonso Rivera Gampos
Rector
El vuelo de la senadora Andrea Chávez parece estar llegando a su fin. Se había planteado como su siguiente objetivo la gubernatura de Chihuahua en 2027 y estaba trabajando intensamente en su tierra, incurriendo en actos que probablemente puedan ser anticipados de campaña. Las crónicas periodísticas narran los espectaculares que colocó en su natal Ciudad Juárez desde principios de este año y de su intensa promoción en las redes sociales. “La reina del cash”, la llamó Don Mirone, un seudónimo que firma la principal columna política de Norte Digital, porque “no batalla por dinero”.
Pero el muro con el que se estrelló fue el de la revelación de que estaba utilizando unidades médicas móviles financiadas por el contratista preferido, desde hace años, por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Chávez reaccionó contra el portal Latinus, cuya reportera Ana Lucía Hernández hizo nacional un tema que se había mantenido localmente, y acusó al principal periodista del medio, Carlos Loret, de servir a intereses políticos. No vio que lo que había provocado la publicación era un disgusto donde menos le podría haber interesado tenerlo, en Palacio Nacional.
Cuando el portal Latinus reveló que la senadora estaba utilizando unidades médicas como parte de su estrategia de promoción rumbo a las elecciones para la gubernatura de Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tomada por sorpresa, no por el hecho en sí mismo, sino porque no comprendía cómo la soberbia y el cinismo de los morenistas involucrados en el caso, se habían abierto un flanco tan grande, al quedar expuesto, en medio de todo, el contratista y amigo del senador López, que estaba detrás de las unidades médicas, mejor adaptadas y equipadas que las que tiene el gobierno federal y muchos estatales.
Chávez, una política audaz y permanentemente muy echada para adelante, comenzó a meterse en un pantano con su lengua larga y filosa, llena de arrogancia, al confesar en la radio haber cometido un delito. No lo dijo tal cual, pero lo expresó claramente. Lo que hizo, señaló, había sido en beneficio de quienes más lo necesitan, como un acto de justicia, evocando la laxitud legal que aplicaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando los límites constitucionales se atravesaban en el camino de sus objetivos. López Obrador se salió con la suya, pero ella no. López Obrador tenía fuerza propia; Chávez la tiene prestada, que es lo que le está cortando las alas.
Ayer, el PAN, a nivel nacional y a nivel estatal, la denunció ante la Fiscalía General por 15 supuestos delitos. Algunos son del ámbito electoral, donde los panistas presentaron documentos de cómo estaban llegando recursos de otros estados para su precampaña electoral. Pero hay otros, quizás penales. Daniela Álvarez, líder panista en Chihuahua, y la diputada federal Kenia López Rabadán, afirmaron que la ilegalidad de sus actos fue confesada al confirmar que las unidades móviles las financiaba el empresario Fernando Padilla Farfán, mediante la modalidad de “donativo”. La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que si un servidor público acepta un donativo, incurrirá en el delito de cohecho.
Chávez es una delincuente confesa. En una mesa de análisis con Azucena Uresti en Radio Fórmula, se defendió a bote pronto repitiendo que eran donativos y que no había gastado “ni un solo peso” de recursos públicos. Una semana después, en el mismo espacio, cambió su versión y dijo que las caravanas que realizaba en las unidades médicas, estimadas por Latinus en 10 millones de pesos mensuales, eran convenios de colaboración con el sector privado. Este fue otro delito que confesó. Aunque sea servidora pública, no puede firmar convenios específicos en calidad de persona física. Sólo las dependencias públicas y organismos autónomos están facultados para suscribir convenios que involucren algún tipo de intercambio o prestación de servicios, como era el caso.
Chávez es, probablemente, la joven morenista más conspicua de su generación. También la de una carrera meteórica de la mano del senador López. El exprecandidato presidencial, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco ha invertido tanto en su promoción, que en el Senado llaman a Chávez “la jefa”, y hay legisladores que para quedar bien con el líder de su bancada, le aplauden y festejan todas las intervenciones de la chihuahuense. López ha ido mucho más allá. Le entregó una oficina en el Senado a Abraham Mendieta, un español naturalizado mexicano, propagandista del obradorismo, que es novio de Chávez.
López, que tiene el control de todos los cargos administrativos –donde se maneja el dinero– del Senado, pretendió recientemente hacerla presidenta de la cámara, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña, que lleva semanas con rendimientos decrecientes. Era demasiado. No pudo hacer el movimiento, aunque su cruzada para promoverla a la gubernatura de Chihuahua no ha cesado. El episodio de las unidades móviles, empero, pone un antes y un después.
El involucramiento de Padilla Farfán en el esquema electoral de Chávez dejó al descubierto los contratos multimillonarios que le dio en Tabasco y en Chiapas, a través de su excuñado, el exgobernador Rutilio Escandón –que hizo convenios con él sobre unidades médicas móviles, una de las cuales apareció en Chihuahua– y, cuando menos, lo deja ante un posible delito de conflicto de interés. Chávez lo conoció años después de que el empresario estuviera metido en licitaciones públicas en entidades donde su amigo López tenía influencia e incidencia.
Desde el primer momento que apareció la publicación en Latinus, Sheinbaum comentó a sus colaboradores que hablaría con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, para que no pasara su candidatura a la gubernatura, y con López, para que se olvidara de seguir impulsando a Chávez a la presidencia del Senado. Desde entonces, la situación de la senadora en Palacio Nacional se ha ido enredando y empeorando.
Existen reportes de otras irregularidades, y se están recopilando datos sobre probables gastos de lujo y la adquisición de dos propiedades en Chihuahua con prestanombres en otoño pasado, para determinar si procede o no abrir una investigación formal. La que parece muy perfilada hoy en día, es la decisión de que no sea candidata a la gubernatura de Chihuahua.
Columna de Raymundo Riva Palacio
Tomada de El Financiero
Casi al medio día de este jueves, comenzó una encuesta telefónica que preguntó a varios chihuahuenses de la capital, si darían su voto a favor de Rafael Loera, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, quien busca ser el próximo alcalde de Chihuahua, cargo al que ya levantaron la mano varios funcionarios estatales, diputados locales y hasta federales…
La llamada la recibieron hasta tres veces algunas personas, muy insistentes, sin embargo, es importante cuestionar cómo le hace para pagar un Call center, y más en tiempos que ni siquiera son de campañas internas, para determinar al candidato a dicho cargo…
Hace unas semanas fueron publicados varios espectaculares que, si bien es cierto, fue una revista quien presuntamente publicó la imagen del funcionario estatal, esto en tiempos cuestionables de Acción Nacional por los actos anticipados de campaña de la senadora morenista, Andrea Chávez, a quien denunciaron por varios delitos…
La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) emitió un comunicado en el que prohíbe a sus colaboradores manifestar abiertamente su apoyo a cualquier candidato en el proceso de elección de jueces, ministros y magistrados.
A TODAS LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA:
Se les recuerda que existe prohibición expresa para realizar por cualquier medio actos de proselitismo o posicionamiento a favor o en contra de algún candidatura en el Proceso Electoral Extraordinario de Personas Juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación y/o del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
La restricción opera fuera del horario de funciones, fines de semana y período vacacional, así como en general en cualquier día no laborables.
Así mismo, está prohibido la utilización de recursos públicos tanto materiales como humanos para realizar actos de proselitismo en favor o en contra de los candidatos.
Para más información favor de consultar:
https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1562.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/178714/Anexo-Catálogo-de-infracciones-PEEPJF.pdf
Mtro. Luis Alfonso Rivera Gampos
Rector
El vuelo de la senadora Andrea Chávez parece estar llegando a su fin. Se había planteado como su siguiente objetivo la gubernatura de Chihuahua en 2027 y estaba trabajando intensamente en su tierra, incurriendo en actos que probablemente puedan ser anticipados de campaña. Las crónicas periodísticas narran los espectaculares que colocó en su natal Ciudad Juárez desde principios de este año y de su intensa promoción en las redes sociales. “La reina del cash”, la llamó Don Mirone, un seudónimo que firma la principal columna política de Norte Digital, porque “no batalla por dinero”.
Pero el muro con el que se estrelló fue el de la revelación de que estaba utilizando unidades médicas móviles financiadas por el contratista preferido, desde hace años, por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Chávez reaccionó contra el portal Latinus, cuya reportera Ana Lucía Hernández hizo nacional un tema que se había mantenido localmente, y acusó al principal periodista del medio, Carlos Loret, de servir a intereses políticos. No vio que lo que había provocado la publicación era un disgusto donde menos le podría haber interesado tenerlo, en Palacio Nacional.
Cuando el portal Latinus reveló que la senadora estaba utilizando unidades médicas como parte de su estrategia de promoción rumbo a las elecciones para la gubernatura de Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tomada por sorpresa, no por el hecho en sí mismo, sino porque no comprendía cómo la soberbia y el cinismo de los morenistas involucrados en el caso, se habían abierto un flanco tan grande, al quedar expuesto, en medio de todo, el contratista y amigo del senador López, que estaba detrás de las unidades médicas, mejor adaptadas y equipadas que las que tiene el gobierno federal y muchos estatales.
Chávez, una política audaz y permanentemente muy echada para adelante, comenzó a meterse en un pantano con su lengua larga y filosa, llena de arrogancia, al confesar en la radio haber cometido un delito. No lo dijo tal cual, pero lo expresó claramente. Lo que hizo, señaló, había sido en beneficio de quienes más lo necesitan, como un acto de justicia, evocando la laxitud legal que aplicaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando los límites constitucionales se atravesaban en el camino de sus objetivos. López Obrador se salió con la suya, pero ella no. López Obrador tenía fuerza propia; Chávez la tiene prestada, que es lo que le está cortando las alas.
Ayer, el PAN, a nivel nacional y a nivel estatal, la denunció ante la Fiscalía General por 15 supuestos delitos. Algunos son del ámbito electoral, donde los panistas presentaron documentos de cómo estaban llegando recursos de otros estados para su precampaña electoral. Pero hay otros, quizás penales. Daniela Álvarez, líder panista en Chihuahua, y la diputada federal Kenia López Rabadán, afirmaron que la ilegalidad de sus actos fue confesada al confirmar que las unidades móviles las financiaba el empresario Fernando Padilla Farfán, mediante la modalidad de “donativo”. La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que si un servidor público acepta un donativo, incurrirá en el delito de cohecho.
Chávez es una delincuente confesa. En una mesa de análisis con Azucena Uresti en Radio Fórmula, se defendió a bote pronto repitiendo que eran donativos y que no había gastado “ni un solo peso” de recursos públicos. Una semana después, en el mismo espacio, cambió su versión y dijo que las caravanas que realizaba en las unidades médicas, estimadas por Latinus en 10 millones de pesos mensuales, eran convenios de colaboración con el sector privado. Este fue otro delito que confesó. Aunque sea servidora pública, no puede firmar convenios específicos en calidad de persona física. Sólo las dependencias públicas y organismos autónomos están facultados para suscribir convenios que involucren algún tipo de intercambio o prestación de servicios, como era el caso.
Chávez es, probablemente, la joven morenista más conspicua de su generación. También la de una carrera meteórica de la mano del senador López. El exprecandidato presidencial, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco ha invertido tanto en su promoción, que en el Senado llaman a Chávez “la jefa”, y hay legisladores que para quedar bien con el líder de su bancada, le aplauden y festejan todas las intervenciones de la chihuahuense. López ha ido mucho más allá. Le entregó una oficina en el Senado a Abraham Mendieta, un español naturalizado mexicano, propagandista del obradorismo, que es novio de Chávez.
López, que tiene el control de todos los cargos administrativos –donde se maneja el dinero– del Senado, pretendió recientemente hacerla presidenta de la cámara, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña, que lleva semanas con rendimientos decrecientes. Era demasiado. No pudo hacer el movimiento, aunque su cruzada para promoverla a la gubernatura de Chihuahua no ha cesado. El episodio de las unidades móviles, empero, pone un antes y un después.
El involucramiento de Padilla Farfán en el esquema electoral de Chávez dejó al descubierto los contratos multimillonarios que le dio en Tabasco y en Chiapas, a través de su excuñado, el exgobernador Rutilio Escandón –que hizo convenios con él sobre unidades médicas móviles, una de las cuales apareció en Chihuahua– y, cuando menos, lo deja ante un posible delito de conflicto de interés. Chávez lo conoció años después de que el empresario estuviera metido en licitaciones públicas en entidades donde su amigo López tenía influencia e incidencia.
Desde el primer momento que apareció la publicación en Latinus, Sheinbaum comentó a sus colaboradores que hablaría con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, para que no pasara su candidatura a la gubernatura, y con López, para que se olvidara de seguir impulsando a Chávez a la presidencia del Senado. Desde entonces, la situación de la senadora en Palacio Nacional se ha ido enredando y empeorando.
Existen reportes de otras irregularidades, y se están recopilando datos sobre probables gastos de lujo y la adquisición de dos propiedades en Chihuahua con prestanombres en otoño pasado, para determinar si procede o no abrir una investigación formal. La que parece muy perfilada hoy en día, es la decisión de que no sea candidata a la gubernatura de Chihuahua.
Columna de Raymundo Riva Palacio
Tomada de El Financiero