La revictimización de las madres buscadoras

Ciudad de México, 28/03/25 (Más / IA).- En un contexto de creciente violencia e impunidad, colectivos de madres buscadoras, organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos alertan sobre el aumento de la revictimización y criminalización hacia quienes han asumido la búsqueda de sus familiares desaparecidos, una labor que compete al Estado mexicano.

Pese a que enfrentan amenazas, hostigamientos e incluso asesinatos, se les desacredita desde esferas oficiales y no oficiales, poniendo en riesgo su integridad y obstaculizando su labor humanitaria.

De acuerdo con la organización Artículo 19, entre 2010 y marzo de 2025 se han registrado al menos 24 asesinatos y cuatro desapariciones de personas buscadoras. Los estados con mayor número de casos son Guanajuato, con ocho; Michoacán y Sonora, con tres cada uno, y Sinaloa, Veracruz y Jalisco, con dos por entidad.

Entre los casos más recientes figura el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, que reavivó los ataques discursivos contra las madres buscadoras.

Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia, señaló que, aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos modificó el año pasado la protección para mujeres buscadoras, no se ha concretado un mecanismo específico de supervisión. A pesar de los exhortos de diversas organizaciones, como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), las autoridades no han implementado un diagnóstico oficial ni medidas efectivas de protección para este grupo en situación de alto riesgo.

En su diagnóstico, el MNDM documenta agresiones físicas, amenazas, ataques al patrimonio, hostigamiento, allanamiento, criminalización, desaparición forzada y ataques armados contra buscadoras, además de vigilancia ilegal, estigmatización, vulneración de datos personales y agresiones digitales. A esto se suma la deslegitimación pública, como ha ocurrido tras el hallazgo de restos en Teuchitlán.

María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo Sabuesas Guerreras en Sinaloa y madre de Reyes Yosimar García Cruz, desaparecido en 2017, ha recibido 13 amenazas de muerte. “Las madres buscadoras necesitamos un poco de seguridad, porque estamos en peligro cada que salimos a una búsqueda”, declaró. Lamentó que ahora sean señaladas como criminales o sembradoras de cuerpos, cuando lo único que buscan es a sus hijos.

La criminalización también ha alcanzado el discurso gubernamental. Tras la vigilia realizada en el Zócalo el pasado 15 de marzo, la presidenta de la República sugirió que algunos asistentes actuaban como parte de una campaña en su contra, mencionando incluso a actores políticos de oposición. En días posteriores, un video presuntamente atribuido a un grupo criminal desacreditó a las madres buscadoras en tono amenazante, sin que se confirmara su autenticidad.

Organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y la Plataforma por la Paz y la Justicia han señalado que autoridades como la Fiscalía de Jalisco y la Fiscalía General de la República han utilizado políticamente a los colectivos, restringiendo su participación y revictimizándolos. Esto se evidenció con las declaraciones contradictorias sobre los restos hallados en el Rancho Izaguirre, minimizando la labor de búsqueda realizada por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, también ha sido blanco de campañas de desprestigio. El 19 de marzo denunció intentos por desacreditarla mediante la difusión de información sobre uno de sus hijos desaparecidos. “Estamos bajo amenaza”, advirtió.

Andrea Horcasitas, del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, advirtió que la seguridad debe considerarse de forma integral, no solo en las búsquedas, sino también en la vida cotidiana. “Tenemos que empezar a pensar la seguridad de las familias que buscan de manera más amplia y más integral”, sostuvo. Además, señaló que la criminalización perpetúa la impunidad, al justificar la inacción del Estado bajo el argumento de que las personas desaparecidas “en algo andaban”.

A pesar de las amenazas, las madres buscadoras insisten en que su labor es resultado de la omisión estatal. “El desprestigio hacia nosotras, las madres buscadoras, es por un trabajo, una chamba, que no nos corresponde hacer. Entonces si ellos no quieren que nosotros andemos metiendo las narices donde no debemos, pues que hagan su chamba, que hagan su trabajo”, remarcó María Isabel Cruz.

Mientras tanto, los colectivos buscan que el diagnóstico de seguridad elaborado por el MNDM se presente en todos los estados del país para que se generen medidas de protección eficaces, en lugar de discursos que deslegitimen y revictimicen su trabajo.

Con información de: Massinformación.