Trump pide a Corte Suprema permiso para reanudar deportaciones de migrantes venezolanos
WASHINGTON (AP).- Este día, el gobierno del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema permiso para reanudar las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, al tiempo que continúa una batalla legal.
La apelación de emergencia es presentada luego del rechazo la petición del gobierno republicano por parte de la corte federal de apelaciones en Washington. Por una votación de 2-1, un panel de jueces de apelación mantuvo en vigor una orden que prohíbe temporalmente las deportaciones de los migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros rara vez utilizada.
El Departamento de Justicia argumentó en documentos judiciales que las cortes federales no deberían interferir con negociaciones diplomáticas delicadas. También afirmó que los migrantes deberían presentar su caso en un tribunal federal en Texas, donde están detenidos.
La orden que bloquea temporalmente las deportaciones fue emitida por el juez federal de distrito James E. Boasberg, el juez principal en la corte federal de Washington.
Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para justificar la deportación de cientos de personas bajo una proclamación presidencial que califica a la pandilla Tren de Aragua como una fuerza invasora.
“Aquí, las órdenes de la corte de distrito han rechazado los juicios del presidente sobre cómo proteger a la nación contra organizaciones terroristas extranjeras y corren el riesgo de efectos debilitantes para negociaciones extranjeras delicadas”, escribió la procuradora general interina Sarah Harris en el documento judicial.
Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentaron la demanda en nombre de cinco ciudadanos venezolanos que estaban detenidos en Texas, horas después que la proclamación se hiciera pública.
El tribunal fijó un plazo hasta el martes para una respuesta de la ACLU. El caso se ha convertido en un punto álgido en medio de la creciente tensión entre la Casa Blanca y las cortes federales.
Boasberg impuso una suspensión temporal de las deportaciones y ordenó que aviones llenos de inmigrantes venezolanos regresaran a Estados Unidos. Eso no ocurrió. Desde entonces, el juez ha prometido determinar si el gobierno desafió su orden de dar la vuelta a los aviones. El gobierno ha invocado un “privilegio de secretos de Estado” y se ha negado a proporcionar a Boasberg información adicional sobre las deportaciones.
Trump y sus aliados han pedido la destitución de Boasberg. En una declaración poco común, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que “la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”.
La Ley de Enemigos Extranjeros permite que los no ciudadanos sean deportados sin la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración o un juez federal.
Boasberg dictaminó que los inmigrantes que enfrentan la deportación deben tener la oportunidad de impugnar sus designaciones como presuntos miembros de pandillas. Su fallo establece que hay “un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas basadas en categorías que no tienen derecho a impugnar”.
La suspensión temporal de las deportaciones que Boasberg impuso está programada para expirar el sábado, pero la ACLU ha solicitado una extensión hasta el 12 de abril y planea buscar una pausa más duradera en las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, conocida como una orden judicial preliminar, mientras continúa la demanda.
Con información de proceso.com.mx
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El Gobierno Federal, tomó el control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de su Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
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Pues apenas se hicieron cargo de la Plataforma Nacional de Transparencia y esta ya presenta fallas, pues según dicen, está cambiando fechas y todo lo relacionado, por eso hay quien comenta que, todo lo que toca la 4 T lo destruye y más ahora, que no tienen el mínimo interés en mantener la transparencia y el acceso a la información pública.
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