CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras el presidente Donald Trump continúa con su agenda económica –con medidas como amenazas arancelarias a sus principales socios económicos–, la confianza del consumidor en Estados Unidos cayó 7.2 puntos en marzo, hasta alcanzar los 92.9 puntos, su nivel más bajo desde enero de 2021, informó el Conference Board.
Además, el Índice de Expectativas –basado en las perspectivas a corto plazo de los consumidores sobre las condiciones de los ingresos, la actividad empresarial y el mercado laboral– cayó hasta 65.2, el nivel más bajo en 12 años, informó la organización en su encuesta más reciente, publicada el 25 de marzo.
Así mismo, la proporción de encuestados que prevé una recesión en los próximos 12 meses se mantuvo, como en los últimos nueve meses, en su nivel más alto.
De acuerdo con Conference Board, que se dedica a la investigación económica, las respuestas de los consumidores estadunidenses indican que los comentarios sobre la administración de Trump –tanto positivos como negativos – han afectado su visión de la economía.
Desde diciembre del 2024, la confianza del consumidor ha disminuido. Las respuestas muestran que la preocupación de los consumidores por la inflación está en aumento por temor al impacto de las políticas comerciales, en particular de los aranceles.
“La confianza del consumidor disminuyó por cuarto mes consecutivo en marzo, situándose por debajo del rango relativamente estrecho que había prevalecido desde 2022”, afirmó Stephanie Guichard, economista de indicadores globales de Conference Board.
¿Habrá cambios de la Reserva Federal?
Los banqueros centrales de la Reserva Federal, encargada de gestionar los costes de financiación en Estados Unidos no han ajustado las tasas de interés. De acuerdo con “CNN”, esperan indicadores sobre cómo responde la economía estadunidense a las políticas de Trump, antes de implementar otra estrategia.
“La Reserva Federal puede reaccionar a los nuevos acontecimientos manteniendo la tasa actual durante un tiempo mientras vigilamos de cerca los datos entrantes y los efectos acumulativos de las nuevas políticas”, declaró el martes 25 la gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, en un evento organizado por la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos.
En la misma línea, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que lo importante es el “efecto neto” de las políticas de Trump sobre el crecimiento, la contratación y la inflación, que hasta ahora son escasos, según reportó “CNN”.
Sin embargo, un pronóstico en tiempo real del crecimiento económico, realizado por la Reserva Federal de Atlanta, muestra que la economía se está contrayendo en el trimestre actual, desacelerándose drásticamente desde finales del año pasado, informó el mismo medio.
Respuesta de la administración de Donald Trump
Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump, afirmó que no está preocupado por la caída de la confianza del consumidor. “La gente suele dejar que sus opiniones políticas influyan en su visión de la economía, lo que tiende a manifestarse en los datos de confianza”, declaró en una entrevista con la “CNBC”.
Para él, las encuestas de confianza del consumidor, que son datos indirectos, revelan menos sobre la economía que los datos duros, como los informes de empleo.
En ese rubro, el mercado laboral estadunidense se mantiene estable. En febrero, el desempleo se situó en un 4.1 por ciento, debido a que los empleadores crearon 151 mil puestos de trabajo.
Con información de: Proceso.
La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) emitió un comunicado en el que prohíbe a sus colaboradores manifestar abiertamente su apoyo a cualquier candidato en el proceso de elección de jueces, ministros y magistrados.
A TODAS LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA:
Se les recuerda que existe prohibición expresa para realizar por cualquier medio actos de proselitismo o posicionamiento a favor o en contra de algún candidatura en el Proceso Electoral Extraordinario de Personas Juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación y/o del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
La restricción opera fuera del horario de funciones, fines de semana y período vacacional, así como en general en cualquier día no laborables.
Así mismo, está prohibido la utilización de recursos públicos tanto materiales como humanos para realizar actos de proselitismo en favor o en contra de los candidatos.
Para más información favor de consultar:
https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1562.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/178714/Anexo-Catálogo-de-infracciones-PEEPJF.pdf
Mtro. Luis Alfonso Rivera Gampos
Rector
El vuelo de la senadora Andrea Chávez parece estar llegando a su fin. Se había planteado como su siguiente objetivo la gubernatura de Chihuahua en 2027 y estaba trabajando intensamente en su tierra, incurriendo en actos que probablemente puedan ser anticipados de campaña. Las crónicas periodísticas narran los espectaculares que colocó en su natal Ciudad Juárez desde principios de este año y de su intensa promoción en las redes sociales. “La reina del cash”, la llamó Don Mirone, un seudónimo que firma la principal columna política de Norte Digital, porque “no batalla por dinero”.
Pero el muro con el que se estrelló fue el de la revelación de que estaba utilizando unidades médicas móviles financiadas por el contratista preferido, desde hace años, por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Chávez reaccionó contra el portal Latinus, cuya reportera Ana Lucía Hernández hizo nacional un tema que se había mantenido localmente, y acusó al principal periodista del medio, Carlos Loret, de servir a intereses políticos. No vio que lo que había provocado la publicación era un disgusto donde menos le podría haber interesado tenerlo, en Palacio Nacional.
Cuando el portal Latinus reveló que la senadora estaba utilizando unidades médicas como parte de su estrategia de promoción rumbo a las elecciones para la gubernatura de Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tomada por sorpresa, no por el hecho en sí mismo, sino porque no comprendía cómo la soberbia y el cinismo de los morenistas involucrados en el caso, se habían abierto un flanco tan grande, al quedar expuesto, en medio de todo, el contratista y amigo del senador López, que estaba detrás de las unidades médicas, mejor adaptadas y equipadas que las que tiene el gobierno federal y muchos estatales.
Chávez, una política audaz y permanentemente muy echada para adelante, comenzó a meterse en un pantano con su lengua larga y filosa, llena de arrogancia, al confesar en la radio haber cometido un delito. No lo dijo tal cual, pero lo expresó claramente. Lo que hizo, señaló, había sido en beneficio de quienes más lo necesitan, como un acto de justicia, evocando la laxitud legal que aplicaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando los límites constitucionales se atravesaban en el camino de sus objetivos. López Obrador se salió con la suya, pero ella no. López Obrador tenía fuerza propia; Chávez la tiene prestada, que es lo que le está cortando las alas.
Ayer, el PAN, a nivel nacional y a nivel estatal, la denunció ante la Fiscalía General por 15 supuestos delitos. Algunos son del ámbito electoral, donde los panistas presentaron documentos de cómo estaban llegando recursos de otros estados para su precampaña electoral. Pero hay otros, quizás penales. Daniela Álvarez, líder panista en Chihuahua, y la diputada federal Kenia López Rabadán, afirmaron que la ilegalidad de sus actos fue confesada al confirmar que las unidades móviles las financiaba el empresario Fernando Padilla Farfán, mediante la modalidad de “donativo”. La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que si un servidor público acepta un donativo, incurrirá en el delito de cohecho.
Chávez es una delincuente confesa. En una mesa de análisis con Azucena Uresti en Radio Fórmula, se defendió a bote pronto repitiendo que eran donativos y que no había gastado “ni un solo peso” de recursos públicos. Una semana después, en el mismo espacio, cambió su versión y dijo que las caravanas que realizaba en las unidades médicas, estimadas por Latinus en 10 millones de pesos mensuales, eran convenios de colaboración con el sector privado. Este fue otro delito que confesó. Aunque sea servidora pública, no puede firmar convenios específicos en calidad de persona física. Sólo las dependencias públicas y organismos autónomos están facultados para suscribir convenios que involucren algún tipo de intercambio o prestación de servicios, como era el caso.
Chávez es, probablemente, la joven morenista más conspicua de su generación. También la de una carrera meteórica de la mano del senador López. El exprecandidato presidencial, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco ha invertido tanto en su promoción, que en el Senado llaman a Chávez “la jefa”, y hay legisladores que para quedar bien con el líder de su bancada, le aplauden y festejan todas las intervenciones de la chihuahuense. López ha ido mucho más allá. Le entregó una oficina en el Senado a Abraham Mendieta, un español naturalizado mexicano, propagandista del obradorismo, que es novio de Chávez.
López, que tiene el control de todos los cargos administrativos –donde se maneja el dinero– del Senado, pretendió recientemente hacerla presidenta de la cámara, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña, que lleva semanas con rendimientos decrecientes. Era demasiado. No pudo hacer el movimiento, aunque su cruzada para promoverla a la gubernatura de Chihuahua no ha cesado. El episodio de las unidades móviles, empero, pone un antes y un después.
El involucramiento de Padilla Farfán en el esquema electoral de Chávez dejó al descubierto los contratos multimillonarios que le dio en Tabasco y en Chiapas, a través de su excuñado, el exgobernador Rutilio Escandón –que hizo convenios con él sobre unidades médicas móviles, una de las cuales apareció en Chihuahua– y, cuando menos, lo deja ante un posible delito de conflicto de interés. Chávez lo conoció años después de que el empresario estuviera metido en licitaciones públicas en entidades donde su amigo López tenía influencia e incidencia.
Desde el primer momento que apareció la publicación en Latinus, Sheinbaum comentó a sus colaboradores que hablaría con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, para que no pasara su candidatura a la gubernatura, y con López, para que se olvidara de seguir impulsando a Chávez a la presidencia del Senado. Desde entonces, la situación de la senadora en Palacio Nacional se ha ido enredando y empeorando.
Existen reportes de otras irregularidades, y se están recopilando datos sobre probables gastos de lujo y la adquisición de dos propiedades en Chihuahua con prestanombres en otoño pasado, para determinar si procede o no abrir una investigación formal. La que parece muy perfilada hoy en día, es la decisión de que no sea candidata a la gubernatura de Chihuahua.
Columna de Raymundo Riva Palacio
Tomada de El Financiero
La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) emitió un comunicado en el que prohíbe a sus colaboradores manifestar abiertamente su apoyo a cualquier candidato en el proceso de elección de jueces, ministros y magistrados.
A TODAS LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA:
Se les recuerda que existe prohibición expresa para realizar por cualquier medio actos de proselitismo o posicionamiento a favor o en contra de algún candidatura en el Proceso Electoral Extraordinario de Personas Juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación y/o del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
La restricción opera fuera del horario de funciones, fines de semana y período vacacional, así como en general en cualquier día no laborables.
Así mismo, está prohibido la utilización de recursos públicos tanto materiales como humanos para realizar actos de proselitismo en favor o en contra de los candidatos.
Para más información favor de consultar:
https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1562.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/178714/Anexo-Catálogo-de-infracciones-PEEPJF.pdf
Mtro. Luis Alfonso Rivera Gampos
Rector
El vuelo de la senadora Andrea Chávez parece estar llegando a su fin. Se había planteado como su siguiente objetivo la gubernatura de Chihuahua en 2027 y estaba trabajando intensamente en su tierra, incurriendo en actos que probablemente puedan ser anticipados de campaña. Las crónicas periodísticas narran los espectaculares que colocó en su natal Ciudad Juárez desde principios de este año y de su intensa promoción en las redes sociales. “La reina del cash”, la llamó Don Mirone, un seudónimo que firma la principal columna política de Norte Digital, porque “no batalla por dinero”.
Pero el muro con el que se estrelló fue el de la revelación de que estaba utilizando unidades médicas móviles financiadas por el contratista preferido, desde hace años, por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Chávez reaccionó contra el portal Latinus, cuya reportera Ana Lucía Hernández hizo nacional un tema que se había mantenido localmente, y acusó al principal periodista del medio, Carlos Loret, de servir a intereses políticos. No vio que lo que había provocado la publicación era un disgusto donde menos le podría haber interesado tenerlo, en Palacio Nacional.
Cuando el portal Latinus reveló que la senadora estaba utilizando unidades médicas como parte de su estrategia de promoción rumbo a las elecciones para la gubernatura de Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tomada por sorpresa, no por el hecho en sí mismo, sino porque no comprendía cómo la soberbia y el cinismo de los morenistas involucrados en el caso, se habían abierto un flanco tan grande, al quedar expuesto, en medio de todo, el contratista y amigo del senador López, que estaba detrás de las unidades médicas, mejor adaptadas y equipadas que las que tiene el gobierno federal y muchos estatales.
Chávez, una política audaz y permanentemente muy echada para adelante, comenzó a meterse en un pantano con su lengua larga y filosa, llena de arrogancia, al confesar en la radio haber cometido un delito. No lo dijo tal cual, pero lo expresó claramente. Lo que hizo, señaló, había sido en beneficio de quienes más lo necesitan, como un acto de justicia, evocando la laxitud legal que aplicaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando los límites constitucionales se atravesaban en el camino de sus objetivos. López Obrador se salió con la suya, pero ella no. López Obrador tenía fuerza propia; Chávez la tiene prestada, que es lo que le está cortando las alas.
Ayer, el PAN, a nivel nacional y a nivel estatal, la denunció ante la Fiscalía General por 15 supuestos delitos. Algunos son del ámbito electoral, donde los panistas presentaron documentos de cómo estaban llegando recursos de otros estados para su precampaña electoral. Pero hay otros, quizás penales. Daniela Álvarez, líder panista en Chihuahua, y la diputada federal Kenia López Rabadán, afirmaron que la ilegalidad de sus actos fue confesada al confirmar que las unidades móviles las financiaba el empresario Fernando Padilla Farfán, mediante la modalidad de “donativo”. La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que si un servidor público acepta un donativo, incurrirá en el delito de cohecho.
Chávez es una delincuente confesa. En una mesa de análisis con Azucena Uresti en Radio Fórmula, se defendió a bote pronto repitiendo que eran donativos y que no había gastado “ni un solo peso” de recursos públicos. Una semana después, en el mismo espacio, cambió su versión y dijo que las caravanas que realizaba en las unidades médicas, estimadas por Latinus en 10 millones de pesos mensuales, eran convenios de colaboración con el sector privado. Este fue otro delito que confesó. Aunque sea servidora pública, no puede firmar convenios específicos en calidad de persona física. Sólo las dependencias públicas y organismos autónomos están facultados para suscribir convenios que involucren algún tipo de intercambio o prestación de servicios, como era el caso.
Chávez es, probablemente, la joven morenista más conspicua de su generación. También la de una carrera meteórica de la mano del senador López. El exprecandidato presidencial, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco ha invertido tanto en su promoción, que en el Senado llaman a Chávez “la jefa”, y hay legisladores que para quedar bien con el líder de su bancada, le aplauden y festejan todas las intervenciones de la chihuahuense. López ha ido mucho más allá. Le entregó una oficina en el Senado a Abraham Mendieta, un español naturalizado mexicano, propagandista del obradorismo, que es novio de Chávez.
López, que tiene el control de todos los cargos administrativos –donde se maneja el dinero– del Senado, pretendió recientemente hacerla presidenta de la cámara, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña, que lleva semanas con rendimientos decrecientes. Era demasiado. No pudo hacer el movimiento, aunque su cruzada para promoverla a la gubernatura de Chihuahua no ha cesado. El episodio de las unidades móviles, empero, pone un antes y un después.
El involucramiento de Padilla Farfán en el esquema electoral de Chávez dejó al descubierto los contratos multimillonarios que le dio en Tabasco y en Chiapas, a través de su excuñado, el exgobernador Rutilio Escandón –que hizo convenios con él sobre unidades médicas móviles, una de las cuales apareció en Chihuahua– y, cuando menos, lo deja ante un posible delito de conflicto de interés. Chávez lo conoció años después de que el empresario estuviera metido en licitaciones públicas en entidades donde su amigo López tenía influencia e incidencia.
Desde el primer momento que apareció la publicación en Latinus, Sheinbaum comentó a sus colaboradores que hablaría con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, para que no pasara su candidatura a la gubernatura, y con López, para que se olvidara de seguir impulsando a Chávez a la presidencia del Senado. Desde entonces, la situación de la senadora en Palacio Nacional se ha ido enredando y empeorando.
Existen reportes de otras irregularidades, y se están recopilando datos sobre probables gastos de lujo y la adquisición de dos propiedades en Chihuahua con prestanombres en otoño pasado, para determinar si procede o no abrir una investigación formal. La que parece muy perfilada hoy en día, es la decisión de que no sea candidata a la gubernatura de Chihuahua.
Columna de Raymundo Riva Palacio
Tomada de El Financiero