Se avecina un enfrentamiento legal en Israel mientras Netanyahu busca expulsar a altos funcionarios

TEL AVIV, Israel (AP).- Israel vuelve a librar una guerra en múltiples frentes, pero también se está gestando una batalla dentro del país.

Decenas de miles de israelíes se han unido a las protestas antigubernamentales en los últimos días. Un expresidente del Tribunal Supremo advirtió sobre una guerra civil. Y los expertos afirman que podría avecinarse una crisis constitucional si el gobierno israelí sigue adelante con sus planes de despedir a altos funcionarios legales y de seguridad.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la semana pasada el despido de Ronen Bar, directora del servicio de seguridad interna Shin Bet, alegando una crisis de confianza provocada por la incapacidad de prevenir los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023. El gobierno de Netanyahu también inició un proceso para destituir a la fiscal general, acusándola de obstruir su agenda.

Las medidas ocurren mientras el Shin Bet está investigando una posible infiltración en la oficina de Netanyahu por parte de un país árabe y mientras Netanyahu está siendo juzgado por corrupción.

Están preparando un enfrentamiento entre Netanyahu y el poder judicial que está profundizando las divisiones en Israel y podría desatar agitación en un momento en que Israel está empantanado en la guerra.

Tensiones entre el gobierno y las instituciones estatales

El gobierno de Netanyahu lanzó una reforma radical del poder judicial a principios de 2023, un proceso que desencadenó protestas masivas.

Los críticos afirmaron que la reforma socavaría el delicado sistema de pesos y contrapesos del país al otorgarle demasiado poder a Netanyahu. Él y su coalición gobernante argumentaron que el poder judicial se había vuelto excesivamente intervencionista y estaba bloqueando su agenda legislativa

Los opositores también criticaron a Netanyahu por promover los cambios durante el juicio por corrupción. Afirman que un poder judicial fuerte e independiente es una salvaguardia necesaria contra el autoritarismo.

Los ataques de Hamás del 7 de octubre, que desencadenaron la guerra en Gaza, pusieron en pausa la reforma. Sin embargo, generaron nuevas divisiones en el país sobre quién asumió la responsabilidad de no haber evitado el día más mortífero en la historia de Israel.

Netanyahu ha eludido la responsabilidad, buscando en cambio señalar a los líderes del ejército y del Shin Bet. Durante mucho tiempo ha culpado al "Estado profundo" de querer derrocar su gobierno.

En un anuncio sorpresa la semana pasada, Netanyahu dijo que despediría a Bar, lo que desató protestas masivas de críticos que dijeron que la medida socavaría las instituciones estatales independientes de Israel y estaba destinada a ser un castigo por la investigación del Shin Bet sobre la oficina de Netanyahu, o para descarrilarla por completo.

Esta medida contribuyó al regreso del político de extrema derecha Itamar Ben-Gvir al gobierno de Netanyahu, reforzando el liderazgo del líder israelí antes de una votación presupuestaria clave. Ben-Gvir había dimitido semanas antes en protesta por un alto el fuego temporal, y su regreso al cargo se produjo horas después de la reanudación de la guerra en Gaza.

El propio Bar afirmó que planeaba dejar su puesto a su debido tiempo, incluso tras concluir las delicadas investigaciones sobre si Qatar, estado del Golfo Pérsico —que mantiene estrechos vínculos con Hamás—, había contratado a asesores de Netanyahu para lanzar una campaña de influencia en Israel. Netanyahu ha sugerido, con escasas pruebas, que la investigación fue resultado de una conspiración entre Bar y el fiscal general para evitar la destitución del jefe de seguridad nacional.

El gobierno de Netanyahu votó este día para destituir a la fiscal general Gali Baharav-Miara, iniciando un proceso que podría llevar semanas.

Desobedecer a la Corte Suprema podría traer caos

En un país sin constitución oficial y con una sola cámara del parlamento controlada por la coalición de Netanyahu, la Corte Suprema de Israel ha servido durante mucho tiempo como un importante control de las decisiones del gobierno.

La decisión de despedir a Bar ya ha sido impugnada ante el tribunal, que emitió una orden judicial que paralizó la medida hasta nuevas audiencias. En las próximas semanas, se espera que el tribunal se pronuncie sobre la legalidad del despido y si existió un conflicto de intereses a la luz de la investigación de Qatar.

Con la fiscal general, el gobierno adoptó el domingo una decisión mayormente simbólica que exige su destitución. Un comité, que se espera esté integrado por aliados de Netanyahu, escuchará las posturas del gobierno y de Baharav-Miara antes de emitir una recomendación. Solo entonces el gobierno de Netanyahu tomará la decisión final sobre su futuro.

Si el comité procede con su destitución, probablemente se enfrentará a una impugnación ante la Corte Suprema. Una vez más, se espera que decida si Netanyahu tiene un conflicto de intereses al despedir al funcionario que preside la fiscalía que lo juzga por corrupción. No está claro si el Gobierno aceptaría una decisión que no le gusta.

“El escenario peligroso es que no acepten el fallo”, declaró Amir Fuchs, investigador principal del Instituto para la Democracia de Israel, un centro de estudios de Jerusalén. Eso provocaría una crisis sobre qué autoridad debería seguirse —la del tribunal o la del gobierno— y podría desembocar en el caos, añadió.

Aumentan los temores por conflictos internos

Estos temores han aumentado desde que se pusieron en marcha los despidos. En una serie de entrevistas con los medios este fin de semana, Aharon Barak, de 88 años y la mente jurídica más destacada de Israel, expresó su preocupación por el estallido de una posible guerra civil. Además, se unió a casi 20 exjueces de la Corte Suprema en una carta el domingo en la que afirmaban que el despido del fiscal general amenaza el Estado de derecho.

El líder de la oposición, Yair Lapid, instó a una revuelta fiscal si el gobierno desobedece la sentencia. El líder del principal sindicato del país afirmó que ignorar una sentencia judicial era una línea roja, insinuando que podría convocar huelgas generales en respuesta.

Las advertencias han sido inquietantemente similares a las de 2023, cuando se anunció la reforma legal. Decenas de miles de personas salieron a las calles en protestas sostenidas.

Se convocaron huelgas generales y los reservistas amenazaron con no presentarse al servicio militar si la reforma seguía adelante. El servicio militar es obligatorio para la mayoría de los judíos a los 18 años, pero el ejército depende en gran medida de unidades de reserva de mayor edad, especialmente en tiempos de guerra. Algunos analistas consideraron que estos conflictos internos influyeron en el momento del ataque de Hamás. Esa agitación podría ser solo un preludio.

“Desobedecer a los tribunales es un acto ilegal”, escribió el comentarista Nadav Eyal en el diario Yediot Ahronot. El resultado podría ser una “desobediencia civil generalizada, de la que el gobierno no sobrevivirá”.

Con información de Proceso.