Va Congreso por reforma constitucional contra límites a la fiscalización de recursos federales de la ASE con ASF
La diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez presentó reforma a la Constitución Política del Estado, con el fin de fortalecer y optimizar la coordinación entre los órganos fiscalizadores federal y estatal.
La modificación al artículo 83 ter, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, es con la finalidad la limitante de “previa coordinación con su par federal”, para la fiscalización de recursos federales, pues impone una carga que solo se observa en Chihuahua y no a nivel nacional.
La Auditoría Superior del Estado tiene una competencia concurrente con la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar las participaciones federales, por lo que tener un previo acuerdo, puede limitar el actuar de la ASE y sus facultades ante su homólogo federal.
“Ya que, se puede dejarse a discreción de la Auditoría Superior de la Federación dichos mecanismos, o bien, el riesgo de que se pretenda imponer condiciones que obstaculice la coordinación y por ende afecte la fiscalización”, dijo.
Recordó que las participaciones federales, por su especial naturaleza, una vez entregadas a las autoridades locales, su ejercicio, supervisión, fiscalización y, en su caso, fincamiento de responsabilidades, es de la competencia exclusiva de las autoridades locales.
Esto logra que la ASE esté al nivel de su homólogo federal en lo que corresponde ha atribuciones de fiscalización de participaciones, asegurando así la coordinación en condiciones similares correspondiente al ámbito local, permitiendo así; economizar el tiempo en la fiscalización, optimizar los procesos de auditoría; evitando duplicidades y aprovechando al máximo los recursos humanos y tecnológicos disponibles. Esto se traducirá en una mayor eficiencia en la fiscalización de las cuentas públicas y en una reducción de los tiempos de entrega de los resultados.
Tips al momento
México en el Top 5 de los países más peligrosos del mundo
Según el Índice de Conflictos y Violencia Política elaborado por ACLED, coloca a México como el cuarto país más peligroso del mundo.
Por otro año, México conserva el cuarto lugar en el ranking, lo que indica que los niveles de violencia y conflicto político se mantienen sin mejoría significativa respecto al periodo anterior.
Ranking de Peligrosidad (2025): Palestina, Birmania, Siria, México, Nigeria, Ecuador, Brasil, Haití, Sudán y Pakistán.
El reporte del Índice de Conflictos y Violencia Política, destaca en México los niveles de riesgo asociados principalmente a el Crimen Organizado y Carteles, ataques a figuras políticas, periodistas, defensores de derechos humanos y la población civil; además que los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los grupos criminales contribuyen a la inestabilidad general.
Andrea Chávez, pocas iniciativas y mucho asesor; avanzan Julieta Ramírez y Celeste Asencio
Trascendió que la senadora de Morena, Andrea Chávez, contó con al menos diez asesores en la Cámara Alta durante los últimos dos años, dos de ellos reportaron como labor atender dos casas de enlace en Chihuahua, una de sus asesoras hizo un curso como estilista, una más encargada de proveedores, a pesar de tener experiencia en medicina veterinaria.
En 14 meses Andrea Chávez solo registró cinco iniciativas como única promovente, sólo aprobada la que se declara el 1 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las y los alfareros.
Comparativo:
Andrea Chávez 10 asesores, 5 iniciativas propias y 1 aprobada
Julieta Ramírez 6 asesores, 31 iniciativas propias, 0 aprobadas
Reina Celeste Asencio con 11 asesores, 52 iniciativas propias y sin datos de aprobación
Andrea Chávez, en su informe presumió haber presentado ocho puntos de acuerdo, uno de ellos para exigir al gobierno de Maru Campos suscriba el convenio de colaboración del IMSSBienestar.
Se centró en dar a conocer en sus redes sociales la entrega de apoyos como lentes, sillas de ruedas, material de construcción, sin un informe detallado sobre el gasto de esta promoción.
La senadora ha presumido contar con cuatro casas de enlace en Chihuahua, aunque el Senado solo tiene registradas dos. No se ha aclarado quién cubre los gastos de operación o renta de estas oficinas.
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