Van contra el embarazo infantil

Ciudad de México, 22/01/25 (Más / IA).- América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con las tasas más altas de partos en niñas menores de 15 años, registrando 53.2 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 10 y 14 años, según datos de 2021 citados por El País. Esta alarmante cifra refleja la magnitud de una crisis donde niñas, muchas de ellas víctimas de violencia sexual, son obligadas a ser madres, truncando su infancia y proyectos de vida.

El 20 de enero, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un fallo contra los Estados de Ecuador y Nicaragua por haber negado a tres niñas el acceso a la interrupción legal del embarazo tras ser víctimas de violencia sexual. Este pronunciamiento es parte de un litigio internacional presentado en 2019 por organizaciones como el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Global, Mujeres Transformando el Mundo y Surkuna.

Desde Guatemala, Paula Barrios, coordinadora de Mujeres Transformando el Mundo, destacó la importancia de la educación sexual integral para prevenir la violencia sexual contra niñas y adolescentes. En su país, más de 1,500 niñas son obligadas a convertirse en madres cada año. “Esta situación se mantiene por la normalización cultural de la maternidad infantil, que impide que la sociedad reconozca la gravedad del problema”, afirmó.

Barrios también señaló que, además de prevenir la violencia, es necesario garantizar mecanismos de protección inmediata para las niñas que ya han sido víctimas. La falta de estos recursos perpetúa ciclos de impunidad y desamparo, dejando a las menores sin apoyo en un momento crítico de sus vidas.

En Ecuador, Ana Vera, integrante de la Fundación Surkuna, ha trabajado para proporcionar apoyo legal y social a niñas obligadas a la maternidad. “Cuando alcanzan la mayoría de edad, muchas de estas niñas quedan sin acceso a recursos básicos como vivienda o empleo, lo que perpetúa su situación de vulnerabilidad”, explicó. Vera aboga por políticas públicas que brinden respaldo económico y educativo a las jóvenes madres.

Catalina Martínez Coral, abogada colombiana y vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, destacó la innovación del litigio colectivo. “Presentamos estos casos de manera conjunta para mostrar que no se trata de hechos aislados, sino de un problema estructural en la región”, afirmó. Martínez agregó que el objetivo es generar precedentes legales que obliguen a los Estados a adoptar políticas públicas más robustas para erradicar la violencia sexual y garantizar el acceso al aborto legal.

Por su parte, Marianny Sánchez Núñez, directora de Planned Parenthood en América Latina, describió la maternidad forzada como una “epidemia silenciosa”. La comunicadora señaló que, aunque las estadísticas son alarmantes, el problema sigue siendo invisibilizado. “La sociedad tiende a evitar el tema porque resulta incómodo y doloroso, pero es necesario hablar de ello para generar cambios”, subrayó.

Sánchez también enfatizó la importancia de combinar esfuerzos legales y comunicativos para transformar la percepción social sobre las maternidades forzadas. “Estas historias no pueden quedarse en simples cifras; deben servir para impulsar cambios estructurales que protejan a las niñas y sus derechos”, comentó.

El litigio colectivo no solo busca justicia para las niñas afectadas, sino también que los Estados de la región reconozcan que la maternidad forzada constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante. Las organizaciones involucradas esperan que las decisiones de Naciones Unidas impulsen reformas legislativas y políticas públicas que garanticen el derecho de las niñas a una infancia libre de violencia.

Con estos esfuerzos, las defensoras de derechos humanos instan a los gobiernos a priorizar la protección de las niñas y a trabajar para desmantelar las estructuras que perpetúan la violencia sexual, la impunidad y la falta de acceso a la justicia.

Con información de Massinformación.