Veracruz.- Madres buscadoras de personas desaparecidas exigieron la destitución de la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, durante su comparecencia en el Congreso estatal, porque “no ha dado resultados en la búsqueda de justicia. No puede seguir ahí porque ha sido ineficaz”.
Mientras que adentro del recinto legislativo, frente a los integrantes de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, Hernández Giadáns reconoció que durante el año pasado se iniciaron 34 carpetas de investigación contra funcionarios del organismo y al menos siete fiscales fueron separados del cargo.
Desde afuera, en la puerta principal del Congreso de Veracruz, integrantes del colectivo Solecito bloquearon los accesos, exigieron justicia, celeridad en las investigaciones de sus familiares desaparecidos y gritaron: “La fiscal está diciendo puras mentiras, mentiras, mentiras”.
Lucía Díaz Genao, vocera de Solecito, reclamó que con Hernández Giadáns se repite la historia del ex fiscal yunista Jorge Winckler Ortiz, recluido por el delito de privación ilegal de la libertad desde el 25 de julio de 2022, por ello, reiteró su remoción.
Reclamó que desde la llegada de la actual fiscal la impunidad en Veracruz “está al 100%” y pese a que frente a los legisladores locales Hernández Giadáns presumía avances en la justicia “está mintiendo porque eso no es verdad”.
La fiscal reveló, frente a la Comisión Permanente de Justicia del Congreso local, que la Visitaduría General realizó 355 inspecciones, supervisión y evaluación a las áreas operativas y que debido a ello fueron separados siete fiscales, dos peritos y un auxiliar de fiscal.
También aseguró que la Comisión de Honor y Justicia sancionó a 14 elementos de la Policía Ministerial y 12 fueron separados de sus funciones por incumplir requisitos de permanencia, además, de que se iniciaron 34 carpetas de investigación contra servidores públicos y siete fueron vinculados a proceso y separados del cargo.
Hernández Giadáns sostuvo que hay una disminución en la incidencia de los delitos que se registran en la entidad veracruzana y destacó que “la creciente confianza de la sociedad veracruzana en la institución propicia que más víctimas denuncien”.
Con información de Latinus