Protestas en Seúl, mientras la Justicia evalúa si extiende el arresto del destituido presidente Yoon

Seúl (France 24) .- La capital surcoreana volvió a ser escenario de manifestaciones este sábado 18 de enero, al tiempo que el destituido presidente Yoon Suk-yeol declaró en un tribunal para una audiencia en la que se opuso a un arresto formal. El mandatario, apartado del cargo por el Parlamento, está siendo investigado por insurrección y abuso de poder, tras su breve imposición de la ley marcial que desató un caos político el pasado diciembre.

El destituido presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, aboga por su liberación, mientras el tribunal revisa su arresto formal. Su petición fue hecha este día, durante una audiencia en un tribunal de Seúl, tras haber sido detenido el pasado miércoles 15 de enero, en su residencia, en el segundo intento de las autoridades. Sin embargo, los investigadores solicitaron extender su detención preventiva por 20 días.

La Oficina de Investigación de la Corrupción para Funcionarios de Alto Rango, que está llevando a cabo una investigación conjunta con la Policía y el Ejército por lo ocurrido, solicitó al Tribunal del Distrito Oeste de Seúl que conceda una orden de arresto formal contra Yoon.

Después de la audiencia, Yoon regresó al Centro de Detención de Seúl para esperar la decisión del tribunal, que se espera para este sábado o domingo 19 de enero.

La audiencia en el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl duró alrededor de cinco horas, mientras decenas de personas protestaban a favor y en contra de Yoon en las calles de la capital surcoreana.

El suspendido presidente habló durante unos 40 minutos durante la audiencia, señaló su abogado, citado por la agencia de noticias Yonhap. Los abogados de la defensa y las agencias anticorrupción presentaron argumentos opuestos sobre si Yoon debería permanecer detenido.

"(Yoon) explicó y respondió con sinceridad las preguntas sobre las relaciones fácticas, las pruebas y los principios legales (...) Esperaremos tranquilamente a que el tribunal decida", afirmó el jurista de la defensa Yoon Kab-keun.

Los argumentos en el caso de Yoon

El abogado de Yoon había anticipado que éste debía argumentar que su decreto de ley marcial fue un ejercicio legítimo de sus poderes y que las acusaciones de rebelión no se sostendrían ante un tribunal penal o el Tribunal Constitucional, que está revisando si lo destituirá formalmente de su cargo o lo restituirá.

La defensa del mandatario apartado del cargo también ha argumentado que no hay necesidad de detenerlo durante la investigación, al señalar que no representa una amenaza para huir o destruir evidencias.

Pero los investigadores responden que Yoon ignoró varias solicitudes para comparecer para ser interrogado y que el servicio de seguridad presidencial bloqueó un intento de detenerlo el pasado 3 de enero. Su desafío ha suscitado inquietudes sobre si cumpliría con los procedimientos del tribunal penal si no está bajo arresto.

La crisis comenzó cuando Yoon, en un intento de romper el bloqueo legislativo, impuso el régimen militar y envió tropas a la Asamblea Nacional y las oficinas electorales. El impasse duró solo horas después de que los legisladores que lograron superar un bloqueo votaran a favor de levantar la medida. El Legislativo, dominado por la oposición, votó a favor de destituirlo el pasado 14 de diciembre.

Nueve personas, incluido el ministro de Defensa de Yoon, el jefe de la Policía y varios altos comandantes militares ya han sido arrestados y acusados por su papel en la aplicación de la ley marcial.

Si Yoon es arrestado formalmente, podría marcar el comienzo de un período prolongado en prisión preventiva para él, que duraría meses o más.

Y es que si los fiscales acusan al destituido mandatario de rebelión y abuso de poder, las acusaciones que están siendo examinadas ahora por los investigadores, las autoridades podrían mantenerlo bajo custodia hasta seis meses antes del juicio. Según la ley surcoreana, orquestar una rebelión se castiga con cadena perpetua o la pena de muerte.

En paralelo, la Corte Constitucional evalúa si lo destituye definitivamente o si lo restituye en el Ejecutivo.

Tomado de proceso.com.mx

Con información de AP y Reuters

 

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El jueves pasado se reunieron los ex presidentes del Comité Ejecutivo Nacional del PRI como fueron Manlio Fabio Beltrones, Dulce María Sauri; Pedro Joaquín Coldwell, así como los ex gobernadores emanados de ese partido: Natividad González Paras, de Nuevo León; Héctor Astudillo, de Guerrero; y José Reyes Baeza, de Chihuahua, para hacer un extrañamiento al presidente del tricolor Alejandro "Alito" Moreno, por el intento de expulsión en contra de Enrique Ochoa, quien también fue presidente del CEN de ese partido.

Por esa reunión hubo una reacción del PRI a nivel local parte de Pedro Beristain, de la red de Jóvenes de ese partido quien publicó que la situación actual del partido es responsabilidad de las viejas generaciones y por si fuera poco todavía defienden al ex presidente del partido Enrique Ochoa Reza, quien asegura no es priista.

A esa reacción el exgobernador Reyes Baeza respondió en sus redes sociales, con un mensaje dedicado tanto a Beristain como a los dirigentes del Comité Estatal y Nacional, en donde dejó ver que dichos actores políticos no están dispuestos a escuchar propuestas opuestas y en cambio, prefieren una conducta sumisa a cambio de escalar posiciones en el PRI.


Pretenden derechohabientes de PCE manifestación ante SNTE 42

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Entre dichas quejas, salió una que refiere tener más de 5 meses comprando un medicamento, pues se señala solo haber recibido en una ocasión la receta, además de pagar en laboratorios privados, los estudios solicitados por falta de fechas en PCE…

Los quejosos planean realizar un escrito con las experiencias, inconformidades y además de realizar una manifestación, primero, en las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 42, para posteriormente trasladarse a Pensiones Civiles del Estado y continuar, con el movimiento de exigencia de mejora a este servicio médico…


Frente contra “Alito” Moreno en defensa de Enrique Ochoa

A nivel nacional se dio a conocer que, el pasado jueves, en la Ciudad de México, en defensa de Enrique Ochoa, se reunieron expresidentes nacionales del PRI y exgobernadores emanados de ese partido, según la publicación que hizo a través de sus redes sociales del expresidente del CEN del tricolor, Manlio Fabio Beltrones.

El propósito de esa reunión, fue para hacer extrañamiento al dirigente Nacional del tricolor Alejandro “Alito Moreno, por el intento de expulsión en contra de Enrique Ochoa, quien también fue presidente del CEN del PRI. "por atentar contra la unidad del partido", como parte de su posición crítica de no reelección. Un absurdo pues, apuntó el también ex gobernador sonorense.

En la reunión estuvieron Dulce María Sauri, expresidenta del tricolor y ex gobernadora de Yucatán; así como también, Pedro Joaquín Coldwell, también exdirigente de ese partido y ex gobernador de Campeche.

También estuvo el ex gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás; así como Héctor Astudillo de Guerrero; y el ex mandatario chihuahuense, José Reyes Baeza Terrazas.

En 2024, el 23 de agosto, también se reunieron en Chihuahua Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell, Natividad González Parás, Fernando Baeza y José Reyes Baeza, integrantes de lo que llamaron Frente Amplio de Renovación, para impedir la reelección de Alejandro "Alito" Moreno, en la dirigencia nacional del PRI, lo que finalmente se dio y que, por cierto, estará en la presidencia, hasta por lo menos, el 2028.

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