"Las contradicciones del secretario Loya; la responsabilidad no se evade por decreto”: diputada María Antonieta Pérez

La postura del Secretario  de SSPE Gilberto Loya respecto a la indemnización por daño moral por el asesinato de los custodios en el Cereso de Cd. parece ser significativamente más dura y evasiva en sus declaraciones públicas que en la contestación formal ante el Tribunal.

Mientras que en el proceso legal mantiene una postura más conciliatoria y reconoce cierta responsabilidad institucional, ante la opinión pública busca deslindarse completamente.

La mención sobre que "el CERESO no dependía de la SSPE" cuando ocurrieron los hechos parece ser un argumento débil sin sustento  jurídico, considerando que existe continuidad institucional en las responsabilidades del Estado, independientemente de qué dependencia específica estuviera a cargo en ese momento.

Esta disparidad entre el discurso público y la postura legal podría complicar cualquier proceso de conciliación con las familias afectadas, ya que genera desconfianza sobre la verdadera disposición de la autoridad para resolver el caso.

El Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, incurre en graves contradicciones al pretender evadir la responsabilidad sobre la indemnización a las familias de los custodios fallecidos en el CERESO 3:

PRIMERO: La sucesión de responsabilidades es clara. Si bien cuando ocurrieron los hechos el CERESO dependía de otra instancia, el decreto LXVII/RFLEY/0503/2023 transfirió expresamente a la SSPE "el Sistema Penitenciario, con la estructura organizacional y las facultades y funciones". Esto significa que también heredó las responsabilidades y obligaciones pendientes.

SEGUNDO: El propio Secretario se contradice. Mientras ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa reconoce parcialmente los hechos, acepta haber pagado a las familias de los deudos las prestaciones de ley correspondientes a los custodios asesinados y ofrece conciliación, ante los medios se deslinda totalmente. Esta doble postura revela la debilidad de sus argumentos.

TERCERO: La responsabilidad del Estado es continua. No puede argumentarse que por un cambio administrativo interno se extinguen las obligaciones con las víctimas. El Estado es uno solo, independientemente de qué dependencia esté a cargo en determinado momento.

CUARTO: Sus propias declaraciones lo contradicen:
• Por un lado dice que "no les corresponde"
• Pero admite que dan "acompañamiento permanente" a las familias
• Y reconoce que "se ha buscado resarcir el daño" ¿Cómo pueden buscar resarcir un daño del que dicen no ser responsables?

QUINTO: Es preocupante que el Secretario pretenda trasladar al Congreso la responsabilidad de legislar mejores prestaciones, cuando la obligación actual de indemnizar por daño moral   deriva de una responsabilidad administrativa ya existente por la muerte de servidores públicos en el cumplimiento de su deber.

Las familias de los custodios caídos merecen una respuesta clara y congruente del Estado, no evasivas técnicas que solo prolongan su dolor. El Secretario Loya debe asumir la responsabilidad institucional que le corresponde como actual titular del sistema penitenciario estatal.

Recordemos que la propia Gobernadora Campos aceptó la recomendación de la CNDH sobre estos hechos. No puede ahora uno de sus secretarios pretender deslindarse de compromisos ya reconocidos por el Ejecutivo Estatal.