Asociación civil pide demoler desarrollo inmobiliario que se construyó sin permisos en Tulum

Cancún, QRoo.- La asociación civil, Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), logró que el Segundo Juzgado de Distrito ordene al Registro Público de la Propiedad del municipio de Solidaridad colocar una inscripción de alerta que prevenga a posibles compradores del fraccionamiento Adamar-Bahías de Solimán en Tulum respecto de la ilegalidad bajo la que se construye dicho desarrollo. 

Además, al haber quedado demostrado que los promoventes del condominio procedieron de manera ilegal al iniciar las obras sin ningún tipo de permiso y no haberlos tramitado en tiempo aún y cuando se les dio la oportunidad, confían en que procede la demolición del mismo, pues esta medida está prevista por ley en estos casos.

Este edificio de departamentos de de lujo comenzó a construirse en noviembre de 2023 sin autorización de Impacto Ambiental; sin la constancia de compatibilidad territorial que otorga el gobierno de Quintana Roo ni licencia de construcción municipal, según consta en actas levantadas tras inspecciones y colocación de sellos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Antonella Vázquez, directora de DMAS, asegura que después de las denuncias ante los tres niveles de Gobierno con la evidencia de que las obras carecen de permisos federales, estatales y municipales, se ingresaron las demandas de amparo ante la omisión de las autoridades para detener los trabajos.

Sin embargo, y pese a los recursos y clausuras en su contra, la empresa Desarrollo Tulum 16, una Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI), a nombre de Daniel Briman, según consta en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo, ha continuado sin pausa con los trabajos de construcción.

Además de las denuncias de DMAS, la propia Profepa presentó otras dos denuncias penales y ha emitido un resolutivo en el que se reconoce el daño grave en materia ambiental

“Pero ante eso, lo único que ha procedido es una multa de 400,000 pesos y una orden para la restauración de la zona.

Se trata de un caso en el que resulta imposible hacer valer la ley vigente tanto en materia ambiental como urbana, donde el entramado involucra a los tres niveles de gobierno, que pese a la evidencia, colocación de sellos de clausura y mandatos judiciales, han sido omisas ya no sólo en obligar que los responsables detengan la obra, sino en impedir que este desarrollo fuera de toda norma sea comercializado por “brokers” certificados por la ley inmobiliaria estatal, añadió la activista.

Añadió que es la primera vez que procede una inscripción de alerta en el Registro Público de la Propiedad, pero es absurdo que pese a ello, las autoridades de los tres niveles de gobierno no hagan nada por impedir que este condominio se siga comercializando y, lo que es peor, que se siga comercializando.

Con información de El Economista.