CIDH condena “terrorismo de Estado en Venezuela”

GINEBRA (apro) .- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó“las persistentes prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela’’; recordó que la líder opositora María Corina Machado es beneficiaria de medidas cautelares; pidió que se dé a conocer el paradero del defensor de derechos humanos Carlos Correa, cuyo paradero es desconocido, e identificó a detenidos previo a la toma de protesta de Nicolás Maduro. 

En el marco de las manifestaciones convocadas por la oposición, la CIDH condenó la retención de la dirigente política María Corina Machado y refirió que dichas medidas le fueron otorgadas para garantizar que pueda "desempeñar sus actividades de participación política sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de estas’’.

La Comisión acusó que “las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, llevadas a cabo días antes de las manifestaciones pacíficas convocadas por la oposición en rechazo a la ilegítima toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro, reflejan una nueva ola del patrón represivo”, en su reciente informe “Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral”. 

Según la información disponible, estas acciones fueron ejecutadas por individuos encapuchados, sin identificación visible, que se desplazaban en vehículos sin placas. 

“Las autoridades han rehusado proporcionar información sobre las personas detenidas, incumpliendo sus obligaciones internacionales, a pesar de los esfuerzos de los familiares por obtener respuestas”, explicó la CIDH en un mensaje dirigido a la prensa. 

Organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación denunciaron que, desde el 7 de enero de 2025, al menos 18 personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.? 

Entre las personas afectadas se encuentran: Carlos Correa, director de la organización Espacio Público y usuario del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por más de dos décadas; Marianela Ojeda, coordinadora de Activismo Municipal de Vente Venezuela en el municipio Pampanito; Francisco Graterol, secretario Político Municipal de Vente Venezuela en el municipio Pampanito; Alejandro Briceño, hijo de un conocido dirigente de Acción Democrática en el estado Trujillo; Darío Durán, activista de la campaña presidencial de Edmundo González. 

De igual forma fueron detenidos Roberto Rea, activista político; Rafael Tudarez, yerno de Edmundo González Urrutia; Francisco Cariello, dirigente de Alianza Bravo Pueblo; Jeremy Santamaría, concejal opositor; Enrique Márquez, excandidato presidencial; Jesús Sira, persona percibida como opositora; Rafael Goitia, persona percibida como opositora; Gerardo Camacho, persona percibida como opositora; Yuli Rosas, persona percibida como opositora; Yorman González, persona percibida como opositora; Nereida Briceño, persona percibida como opositora; Iraima Camacho, quienes sería percibidos como opositores; y el periodista Edinson Castro, en el estado Zulia. 

La CIDH adoptó una resolución mediante la cual otorgó medidas cautelares en beneficio de Carlos José Correa Barros, tras considerar que “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”. 

De acuerdo con la Comisión, Correa, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la organización Espacio Público, fue detenido el 7 de enero de 2025, por autoridades de seguridad del Estado, mientras se desplazaba en su vehículo hacía su domicilio. “Actualmente, su paradero es desconocido”, afirmó. 

El 8 de enero de 2025, familiares e integrantes de Espacio Público buscaron a Carlos Correa en sedes de la Policía, sin obtener información oficial, detalló la CIDH. Se advirtió que el equipo legal de Espacio Público intentó presentar un recurso de habeas corpus en el Palacio de Justicia. Apuntó los obstáculos generados y luego de cinco horas de espera, el recurso fue recibido. 

La noche del 8 de enero, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello dijo que Carlos Correa estaba metido en un "plan de conspiración", y arremetió contra las ONG en Venezuela, al calificarlas como "lavadoras de dinero". A la fecha, la CIDH no recibió respuesta de Venezuela, hallándose vencido el plazo otorgado. 

Bajo esas circunstancias, la Comisión consideró: 

“Correa Barros se encuentra en una situación de gravedad y urgencia al desconocerse a la fecha su paradero, condiciones de detención y estado de salud, luego de su detención el 7 de enero de 2025. Altas autoridades del Estado estarían haciendo declaraciones estigmatizantes en su contra, sin informar sobre su situación o paradero”.  

Sumado a lo anterior, la Comisión deploró que “las autoridades competentes han creado obstáculos para recibir un recurso de habeas corpus a su favor’’. 

Ante esta situación la CIDH exhortó a Nicolás Maduro a que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Correa. En particular, que informe de manera oficial si se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención; o bien, de las medidas tomada,s a fin de determinar su paradero o destino. 

De igual forma, pidió que implemente las medidas necesarias para que Carlos Correa pueda desarrollar sus actividades de defensa de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, declaraciones estigmatizantes y descalificadoras, hostigamientos o actos de violencia. 

Además, solicitó que, en caso de estar privado de su libertad, establezca las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de Carlos Correa sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellos: se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes; se informe de manera oficial sobre su situación jurídica en el marco del proceso penal en el que estaría involucrado, tal como las razones por las que no ha sido puesto en libertad hasta la fecha, y si ha sido presentado a un tribunal para revisión de su detención. 

La CIDH hizo un llamado urgente “para que se realice inmediatamente una valoración médica sobre su situación de salud y se garantice acceso a atención médica necesaria; concierte las medidas a adoptarse con el activista y sus representantes; y que informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición”. 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Esta Comisión tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia. 

Con información de Proceso.