Nuevo año y la reforma

Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Escribo mis primeras líneas del año 2025 con el deseo de que hayan tenido un excelente inicio de año y que este sea bastante próspero.

Hoy tengo como objetivo hablar sobre la aprobación de la convocatoria mediante la cual se ocuparán los cargos del Poder Judicial del Estado de Chihuahua durante este periodo. Esta elección tiene como propósito homologar la renovación de jueces y magistrados a nivel federal y establece un periodo de mandato de 8 años para quienes se sometan al proceso y sean seleccionados.

Es importante abordar este tema porque es la primera vez que el estado de Chihuahua, al igual que el país, se someterá a este proceso de elección bajo estas circunstancias y condiciones. La selección de quienes tendrán la responsabilidad de administrar justicia en el Poder Judicial, tanto a nivel federal como estatal, es un tema de gran relevancia. ¿Qué tan importante es esto? Pues lo es tanto como las elecciones para diputados, presidentes municipales o gobernadores, ya que se inscribe dentro de una democracia que, aunque forzada por la reforma al Poder Judicial y las circunstancias que la rodearon, es un paso significativo. Esta reforma fue aprobada de manera forzosa por el oficialismo a nivel federal, esto después de un periodo de fuertes críticas y golpes al Poder Judicial, en la pasada administración, cabe aclarar que en pasadas columnas de opinión critiqué las formas bajo las cuales se gestó esta reforma.

Este ejercicio se presenta bajo un clima de incertidumbre, no tanto por las instancias electorales, sino por los efectos que podría generar, dado que es la primera vez que se cita un proceso de esta índole. Ahora bien, ¿qué puestos se van a elegir? Se designarán 3 magistradas y 2 magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial, una figura novedosa dentro de esta reforma que estará bajo escrutinio y crítica durante el ejercicio de sus funciones. También se elegirán 15 magistraturas para mujeres y 15 para hombres en el Tribunal Superior de Justicia, además de 135 juezas y 135 jueces en los Juzgados de Primera Instancia y Menores. Este diseño refleja un principio de paridad de género que busca cumplir y sostener una representación equitativa.

En cuanto a los requisitos, aunque en general son similares a los del Poder Judicial de la Federación, existen algunas diferencias puntuales. En este caso, se exige el título de licenciatura en derecho, historial académico y experiencia profesional, así como constancias de residencia, no inhabilitación y antecedentes penales. Además, se requiere una carta de buena reputación y que el aspirante no esté inscrito en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas ni en el Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género. Estos requisitos buscan garantizar que las personas que aspiren a formar parte del Poder Judicial del Estado cuenten con una trayectoria profesional y personal que inspire confianza a quienes deban votar por ellas. Me parece acertado que se haga énfasis en la buena reputación, ya que puede brindar mayor certeza al proceso.

Quisiera destacar que, como primer ejercicio democrático en la elección de agentes encargados de la administración de justicia dentro del Poder Judicial del Estado, debemos estar atentos y críticos con el proceso. Como ciudadanía, es fundamental involucrarnos, pues esto forma parte de nuestra participación activa en el Estado de derecho.

Por otro lado, me parece que la implementación de esta reforma judicial conlleva un gran riesgo para el oficialismo. Si el proceso funciona mal, podría convertirse en un punto de quiebre para esta administración y el propio oficialismo. Sin embargo, como mexicano y chihuahuense, deseo que la función y administración de justicia no decaigan ni se vean comprometidas. Como licenciado en derecho, anhelo que la justicia en Chihuahua se fortalezca, que la administración sea eficiente y que logremos gestionar este tipo de reformas de manera adecuada.