Maduro incurre en "terrorismo de Estado" para mantenerse "ilegítimamente" en el poder: CIDH
BOGOTÁ (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó hoy al régimen venezolano que encabeza Nicolás Maduro de ejecutar prácticas de “terrorismo de Estado” y desarrollar una “represión sistemática” antes, durante y después de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio con el propósito del “perpetuarse ilegítimamente en el poder”.
En el informe “Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral”, divulgado este martes, el organismo hemisférico señaló que la operación represiva a gran escala que desató Maduro contra las manifestaciones espontáneas de la ciudadanía, que percibía un “fraude electoral” perpetrado por el régimen.
La represión, señaló la CIDH, ha dejado “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas dos mil detenciones arbitrarias —incluyendo niñas, niños y adolescentes—, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión”.
El reporte, que se publica tres días antes de que el presidente de Venezuela electo en los comicios del 28 de julio deba juramentar en el cargo, indicó que, además, se emplearon tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, marcación de viviendas opositoras, redadas en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes”.
La crisis política y derechos humanos en Venezuela “es el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder”, agregó la CIDH.
Maduro tiene programado juramentar este viernes 10 ante la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo, para un tercer periodo como presidente de Venezuela. Esto, a pesar de las evidencias de fraude presentadas por la oposición.
Según las actas digitales de las mesas de votación divulgadas por la oposición, el candidato de la coalición opositora, Edmundo González Urrutia, ganó la elección presidencial con el 67% de los votos, mientras que Maduro obtuvo el 31%.
La CIDH indicó que antes, durante y después de los comicios presidenciales, el régimen implementó una estrategia represiva coordinada, en tres etapas: la primera, para impedir la participación política de la oposición; la segunda, para obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre, justa, competitiva y transparente, y la tercera, para sembrar terror en la ciudadanía e inhibir la protesta social por el fraude electoral.
“Estos hechos sólo pudieron llevarse a cabo, sin ningún control, debido a la cooptación de los distintos poderes del Estado, registrada en las últimas dos décadas”, indicó el organismo hemisférico.
El reporte indicó que el Estado recurrió al poder de instituciones como la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las fuerzas de seguridad para llevar a cabo detenciones arbitrarias de personas opositoras, defensoras de derechos humanos y con liderazgo social “bajo acusaciones vagas”.
El control de las instituciones diseñadas para promover y proteger los derechos humanos y la democracia, junto con la corrupción a gran escala para el recaudo de rentas lícitas e ilícitas, “han sido fundamentales para garantizar el actuar impune de las fuerzas de seguridad”, agregó la CIDH.
Y sostuvo que el caso venezolano “ilustra claramente la relación intrínseca entre los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho”.
De acuerdo con el reporte, las circunstancias que rodearon la elección presidencial del 28 de julio “configuran una alteración del orden constitucional”, mientras que la opacidad electoral y las restricciones a los derechos políticos “impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”.
Con información de proceso.com.mx
Tips al momento
Acuerdan presentar propuestas y realizar mesas de trabajo para prevención y combate a la corrupción
Ayer, durante el inicio de las audiencias públicas 2025 del Congreso del Estado, hubo intervención de diferentes organizaciones de la sociedad civil, empresariales y de la ciudadanía sobre el tema de prevención y combate a la corrupción.
La audiencia fue celebrada en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral, a donde acudieron la presidenta del H Congreso del Estado Elizabeth Guzmán, así como otros legisladores locales, quienes presiden diversas comisiones.
Como parte de esas organizaciones estuvo presente la Coparmex Chihuahua, a través de su presidente Salvador Carrejo, quien junto con la presidenta del Congreso del Estado Elizabeth Guzmán acordaron que, para el 17 de enero 2025 la ciudadanía hará entrega a ese Poder, de diversas propuestas legislativas relacionadas con la prevención y combate la corrupción, entre otros temas.
Además, se estableció el compromiso de la creación de mesas de trabajo para armonizar, modificar, actualizar y realizar los ajustes necesarios a la normatividad existente en el ámbito de local, en materia del Sistema Estatal Anticorrupción y de Participación Ciudadana, algo que fue una de las principales demandas presentadas por el sindicato patronal, en esa audiencia pública.
Denuncian irregularidades en el Cereso de Aquiles Serdán
En redes sociales circula un oficio que fue dirigido a todos los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua y firmado por el director de la Coordinación de Custodia Penitenciaria, Elmer Obed Soto, en el que señala que todos los oficiales que deseen ingresar sus alimentos, deben hacerlo en recipientes transparentes y cantidades adecuadas, sin ser exageradas.
Lo anterior motivó el descontento de algunos, pues según se reflejó en las redes sociales, ahora resulta que, hasta la comida les van a limitar a los oficiales, para luego cuestionar cuándo van a limitar lo que meten de manera ilegal, según cuestionan a un comandante identificado como Soto Villado.
Señalan que, haciendo referencia al Cereso de Aquiles Serdán, quieren “tapar el sol con un dedo”, ahora que se les está destapando todo lo que se ha introducido de manera ilegal, según dicen, con la supuesta revisión efectuada, de la que señalan que solo tomaron la foto y luego les regresaron sus cosas a los internos y que, les comentaron que si les preguntan quién fue el responsable de esa introducción, señalen al finado comandante Medrano.
Luego en el texto que acompaña a ese oficio, se menciona a otro comandante de apellido Silva, que dicen, fue quien comenzó a meter cosas ilegales al penal.
Según se expresa en la queja publicada en redes sociales, al custodio se le limitan los alimentos, mientras para el interno llegan tortas, pizzas, pollo, comida china y todo por lo que paguen “a la comandante Luna y al comandante Barroterán”. Así las denuncias en redes sociales, en el "Acontecer Penitenciario".
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Como parte de esas organizaciones estuvo presente la Coparmex Chihuahua, a través de su presidente Salvador Carrejo, quien junto con la presidenta del Congreso del Estado Elizabeth Guzmán acordaron que, para el 17 de enero 2025 la ciudadanía hará entrega a ese Poder, de diversas propuestas legislativas relacionadas con la prevención y combate la corrupción, entre otros temas.
Además, se estableció el compromiso de la creación de mesas de trabajo para armonizar, modificar, actualizar y realizar los ajustes necesarios a la normatividad existente en el ámbito de local, en materia del Sistema Estatal Anticorrupción y de Participación Ciudadana, algo que fue una de las principales demandas presentadas por el sindicato patronal, en esa audiencia pública.
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En redes sociales circula un oficio que fue dirigido a todos los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua y firmado por el director de la Coordinación de Custodia Penitenciaria, Elmer Obed Soto, en el que señala que todos los oficiales que deseen ingresar sus alimentos, deben hacerlo en recipientes transparentes y cantidades adecuadas, sin ser exageradas.
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Señalan que, haciendo referencia al Cereso de Aquiles Serdán, quieren “tapar el sol con un dedo”, ahora que se les está destapando todo lo que se ha introducido de manera ilegal, según dicen, con la supuesta revisión efectuada, de la que señalan que solo tomaron la foto y luego les regresaron sus cosas a los internos y que, les comentaron que si les preguntan quién fue el responsable de esa introducción, señalen al finado comandante Medrano.
Luego en el texto que acompaña a ese oficio, se menciona a otro comandante de apellido Silva, que dicen, fue quien comenzó a meter cosas ilegales al penal.
Según se expresa en la queja publicada en redes sociales, al custodio se le limitan los alimentos, mientras para el interno llegan tortas, pizzas, pollo, comida china y todo por lo que paguen “a la comandante Luna y al comandante Barroterán”. Así las denuncias en redes sociales, en el "Acontecer Penitenciario".
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