Venezuela: la consolidación de una dictadura incómoda para la presidenta Sheinbaum

BOGOTÁ (Proceso).- Lo que ocurrirá este viernes 10 de enero en Venezuela, cuando Nicolás Maduro juramente para un tercer mandato presidencial consecutivo, es la consolidación de una dictadura en la que todo el poder está concentrado en una persona y en un grupo de individuos cuyos intereses están por encima de cualquier ley y en la que se reprimen los derechos humanos, las libertades ciudadanas y el derecho a elegir gobernantes a través del voto.

“Eso es lo que Norberto Bobbio (el influyente politólogo y filósofo italiano) define como una dictadura: un gobierno en manos de una minoría que detenta el poder mediante el uso de la represión y a través del control de las instituciones del Estado”, dice a Proceso la internacionalista María Fernanda Zuluaga.

La maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca señala que para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien se considera “hija de la generación del 68” y del movimiento estudiantil reprimido el 2 de octubre de 1968 por el Ejército, debe resultar “extremadamente incómodo condescender con un autócrata como Maduro”, quien este viernes, al asumir “un cargo que los votantes no le dieron, se graduará como dictador”.

Sheinbaum cree, como millones de mexicanos, que las elecciones presidenciales de 1988 las ganó Cuauhtémoc Cárdenas y que el candidato del Frente Democrático Nacional fue víctima de un fraude electoral, al igual que Andrés Manuel López Obrador en 2006.

Con esos antecedentes, dice Zuluaga, “una postura congruente de Sheinbaum sería que rechace a un autócrata autoritario como Maduro”.

La internacionalista y experta en asuntos latinoamericanos sostiene que hay “abundante evidencia” de que Maduro perdió los comicios del pasado 28 de julio y del “fraude electoral” que cometió el régimen para mantenerlo en el poder, lo que viola el ordenamiento legal venezolano.

En agosto pasado, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, antecesor y mentor político de Sheinbaum, y los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidieron a Maduro presentar las actas de las mesas de votación y permitir la verificación imparcial de los resultados, “respetando el principio fundamental de la soberanía popular”.

Maduro ignoró ese llamado y Sheinbaum, luego de asumir como presidenta de México el 1 de octubre pasado, dijo que ella no intervendría en asuntos internos de otros países.

Este lunes 6 de enero, la cancillería mexicana anunció que el embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Gyvés, será quien acuda este viernes a la toma de protesta de Maduro.

El mayor fraude electoral del siglo XXI

El constitucionalista venezolano José Amando Mejía señala que el artículo 5 de la Carta Magna de su país establece que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio”.

Ese artículo, sostiene, fue violado por Maduro y por los poderes del Estado que él controla: el Judicial (el Tribunal Supremo de Justicia), el Legislativo (la Asamblea Nacional) y el Electoral (el Consejo Nacional Electoral), todos los cuales “avalaron su supuesto ‘triunfo’ sin presentar una sola acta de respaldo”.

En cambio, la oposición cuenta con actas originales, con códigos QR, que demuestran lo ocurrido en las mesas de votación el pasado 28 de julio y las cuales revelan que el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó la elección presidencial con el 67% de los votos, mientras que Maduro sólo obtuvo el 31% de los sufragios.

El Centro Carter, único organismo internacional independiente al que el régimen permitió observar las elecciones junto con una delegación de las Naciones Unidas, también divulgó esas actas en octubre pasado y concluyó que González Urrutia ganó con ese porcentaje de votos, el 67%.

“Estamos ante el mayor fraude electoral del siglo XXI en América Latina”, señala la presidenta de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), Carolina Jiménez, una doctora en estudios internacionales nacida en Venezuela que también tiene la nacionalidad mexicana.

Para Jiménez, el hecho de que existan “pruebas irrefutables” del triunfo electoral de González Urrutia, marca una diferencia sustantiva con respecto a la crisis poselectoral de hace seis años, cuando el entonces líder de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela.

A pesar de que Guaidó tenía el respaldo de Estados Unidos (entonces gobernado por Donald Trump en su primer mandato), la Unión Europea y buena parte de Latinoamérica, eso no bastó para que Maduro siguiera gobernando.

“Pero hoy estamos en otro momento político –plantea la presidenta de WOLA— porque Guaidó era presidente de la Asamblea Nacional y Edmundo González fue elegido presidente de Venezuela por el voto popular y por una gran mayoría de venezolanos”.

Represión a gran escala

En un escenario marcado por la sombra del fraude electoral, el régimen chavista ha respondido con una represión a gran escala que ha dejado claro que la violación de los derechos humanos es un recurso de intimidación para inhibir la protesta y controlar a la población.

“La represión que estamos observando es la mayor que hemos registrado en Venezuela en este siglo en términos cuantitativos y cualitativos”, dice el director del Foro Penal, Alfredo Romero.

De acuerdo con registros de ese organismo humanitario, hasta el pasado 30 de diciembre las detenciones arbitrarias realizadas por el régimen chavista desde las elecciones del 28 de julio dejaban mil 794 presos políticos en Venezuela.

En ese universo de detenidos hay jóvenes que caminaban por la calle y les parecieron “sospechosos” a los organismos de seguridad –la policía, la Guardia Nacional, los servicios de inteligencia y contrainteligencia y los paramilitares “colectivos” chavistas–; manifestantes, líderes políticos opositores, periodistas y militares, cuya lealtad fue cuestionada por delatores internos.

Romero dice que, además, se han registrado 23 asesinatos de manifestantes y detenidos y 31 desapariciones extrajudiciales.

El abogado señala que los derechos de los detenidos son socavados una vez que se presentan cargos contra ellos, pues el régimen chavista les impide acceso a un abogado particular y sus condiciones de reclusión son deplorables.

Para el director del Foro Penal, la represión seguirá en la medida en que continúen las protestas ante lo que la mayoría de venezolanos –al menos dos terceras partes, según encuestas– percibe como ganador de los comicios de julio pasado a Edmundo González Urrutia y considera que la voluntad popular debe ser respetada.

La líder opositora María Corina Machado, que se encuentra en la clandestinidad dentro de su país, ha llamado a movilizaciones a partir de este jueves 9 de enero, en vísperas de la fecha en que deberá juramentar el presidente de Venezuela que resultó ganador en los comicios del 28 de julio.

“Todas las protestas han estado acompañadas de represión, lamentablemente es lo que podemos esperar para los próximos días”, señala Romero.

González Urrutia, quien está asilado en España y realiza una gira por Latinoamérica y Estados Unidos, ha dicho en forma reiterada que él estará este viernes 10 de enero en Venezuela para tomar posesión como presidente. El régimen ha ofrecido una recompensa de 100 mil dólares por su captura. La Fiscalía, controlada por Maduro, lo acusa de delitos como “conspiración”, “desconocimiento a las instituciones del Estado” e “instigación a la desobediencia de las leyes”.

Para los analistas políticos, sólo un evento extraordinario podría impedir que este viernes Maduro juramente ante la chavista Asamblea Nacional para cumplir un nuevo periodo como presidente.

Con información de proceso.com.mx