Más de mil funcionarios de Oaxaca fueron despedidos recientemente a propuesta del gobernador Salomón Jara, quien señaló que la administración del expriista Alejandro Murat impulsó un incremento “desmedido” de plazas.
El 11 de diciembre pasado, el Congreso oaxaqueño, con mayoría morenista, aprobó un decreto enviado por Jara por medio del cual se despidió a mil 344 trabajadores del gobierno estatal, tras argumentar insolvencia económica.
Los empleados se enteraron de que habían perdido el empleo porque el decreto incluía el número de trabajador de todos aquellos que fueron despedidos como parte de esta medida considerada de “austeridad”.
De acuerdo con el decreto, Salomón Jara culpa que de 2016 a 2022, cuando el entonces priista Alejandro Murat era el gobernador de Oaxaca, hubo un incremento desmedido de plazas que ahora comprometen las finanzas públicas del estado, ya que representan recursos por más de 2 mil millones de pesos.
“Para esta administración no pasa desapercibido el crecimiento desproporcional en anteriores ejercicios fiscales; basta observar que en el año 2013 la plantilla de personal de base era de 8 mil 187 trabajadores y para el 31 de noviembre del año 2022 la plantilla de personal de base era de 12 mil 244”, es decir, un incremento de 50%.
También este mes el gobierno federal de Morena acusó malos manejos en el Infonavit durante administraciones anteriores, y si bien las irregularidades abarcan la gestión de Murat cuando fue director de este instituto, de 2012 a 2015, se ha evitado señalarlo de manera directa.
Tal como lo hizo el gobierno federal, en el decreto impulsado por Salomón Jara se evita nombrar a Murat y señalarlo de manera directa por la contratación de más empleados, pero culpa que ello se dio del 1 de diciembre de 2016 al 31 de noviembre de 2022, es decir, en la gestión del exgobernador priista y que ahora es senador por Morena.
El sindicato de trabajadores del estado de Oaxaca fue recibido por diputados locales como parte de la aprobación del decreto. Ante el Congreso, la representación de los empleados argumentó que el despido perjudicaba a la economía, ya que afectaba a cientos de familias y acusó que la indemnización que se pretendía otorgar violaba la estabilidad laboral de los empleados de base.
El sindicato también puntualizó que los empleados no eran responsables de las conductas que los funcionarios públicos tuvieron en el otorgamiento irregular de plazas y demandaron que el hecho debía ser investigado y sancionado, de ser así.
Personas afectadas por el despido comentaron a Latinus que se enteraron de la pérdida de sus empleos de un día para otro, ya que no fueron notificados con tiempo.
Derivado de la situación, los extrabajadores se han organizado en los últimos días para realizar movilizaciones en Oaxaca.
Con información de Latinus