La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, nombró este 1 de enero a la maestra Zucé Anastacia Hernández Martínez como fiscal general provisional del estado tras la salida de Carlos Zamarripa del puesto.
A través de su cuenta de Facebook, la gobernadora guanajuatense dio a conocer el nombramiento provisional de Hernández Martínez, quien inicia funciones este miércoles, en tanto se realiza el nombramiento definitivo para el titular de la fiscalía local.
"Estoy segura de que desempeñará su labor con profesionalismo y en beneficio de nuestra gente", escribió.
De acuerdo con la gobernadora, Zucé Anastacia se desempeñaba como fiscal especializada en Derechos Humanos en Guanajuato previo a su nombramiento.
Este se da luego de que hoy, 1 de enero de 2025, entrara en vigor la renuncia que presentó el fiscal anterior, Carlos Zamarripa Aguirre, quien dio a conocer su decisión el 30 de septiembre pasado.
Zamarripa Aguirre permaneció por más de 15 años el frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato y tomó la decisión luego de que Libia Dennise Garcíaanunciara que el fiscal no continuaría en su puesto una vez que ella juramentara como gobernadora.
Con la asignación de Zucé Anastacia Hernández se cumplimenta el primer paso del nombramiento definitivo para el fiscal del estado.
Cabe recordar que García Muñoz Ledo tiene la facultad de asignar a un fiscal provisional, mientras el Congreso elige a cinco candidatos que serán propuestos a la gobernadora.
Una vez que se tengan los perfiles seleccionados, la gobernadora elegirá una terna, que será devuelta al Poder Legislativo para que se designe al nuevo fiscal.
Con información: Latinus.com
Para ciertos empresarios, según ha trascendido desde el comercio organizado, el 2025 no tiene una buena expectativa pues, se dice que, en alguno de los organismos empresariales ya les comentaron que iniciará el cobro de uso de suelo, licencia de funcionamiento y demás trámites para todos los negocios en general, desde tiendas, ferreterías y también hasta salones para eventos.
De acuerdo a versiones de empresarios del sector especializado como lo es el de los salones infantiles, incluso, ya se habla del cierre de por lo menos dos de estos establecimientos, debido al exceso de tramitología, los pagos por derechos, servicios y hasta por la renta.
Los comentarios son en el sentido de que, con tanto trámite y cobros, se está afectando a esta sección de los empresarios y en contraparte, se favorece a quienes lo hacen fuera de los lineamientos legales o completamente fuera de la ley.
Estas son algunas de las expresiones, de quienes se sienten afectados por este exceso de tramitología y de cobros, según se han dicho.
Señalan que, en el caso de los salones para eventos, es un suplicio la tramitología por lo complicado de cumplir con lo dispuesto por Gobernación municipal y ni se diga en los trámites en el área de Desarrollo Urbano, de esa instancia; así como los relativos a uso de suelo, placa de aforo, Protección Civil, entre otros, que tienen que sortear y pagar, algo que no sucede con los establecimientos que operan en la ilegalidad.
Además, la puntilla para el sector, según se dice, puede ser la reforma laboral y si llega, la relativa a la reducción a las 48 a 40 horas de trabajo por semana, una iniciativa que se dice, sería el final para los pequeños empresarios, que no soportarían tantos trámites, cambios y cargas que se plantean. Así la expectativa, que tienen algunos para este 2025.
Para ciertos empresarios, según ha trascendido desde el comercio organizado, el 2025 no tiene una buena expectativa pues, se dice que, en alguno de los organismos empresariales ya les comentaron que iniciará el cobro de uso de suelo, licencia de funcionamiento y demás trámites para todos los negocios en general, desde tiendas, ferreterías y también hasta salones para eventos.
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Señalan que, en el caso de los salones para eventos, es un suplicio la tramitología por lo complicado de cumplir con lo dispuesto por Gobernación municipal y ni se diga en los trámites en el área de Desarrollo Urbano, de esa instancia; así como los relativos a uso de suelo, placa de aforo, Protección Civil, entre otros, que tienen que sortear y pagar, algo que no sucede con los establecimientos que operan en la ilegalidad.
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