Obesidad y sobrepeso dificultan el desarrollo en México
n53S8ok• El problema es “una bola de nieve que crece”, porque los esquemas alimentarios no se modifican, aseveró Agustín Rojas Martínez
• El costo económico de atención es de aproximadamente cinco por ciento del PIB; se estima que para 2050 casi 90 por ciento de los mexicanos tendrá alguna prevalencia de esas enfermedades, añadió
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n53S8okEn México se observa un crecimiento sostenido de sobrepeso y obesidad en todos los grupos de población, lo cual afecta las posibilidades de desarrollo del país, alertó el académico del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, Agustín Rojas Martínez.n53S8ok Omnia.com.mx
n53S8okDe acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut, 2022), la ganancia excesiva de peso inicia a partir de los primeros años de vida. En niñas y niños de 5 a 11 años la prevalencia de sobrepeso registró incremento de siete por ciento desde 2006, hasta alcanzar 37.3 por ciento en 2022. En los adolescentes de 12 a 19 años hubo aumento de 24 por ciento en el mismo periodo, con una prevalencia de 41.1.
Asimismo, 75.2 por ciento de las personas mayores de 20 años presentaron sobrepeso y obesidad, y la proporción es mayor en mujeres (76.8) que en hombres (73.5), con aumento de esta última de 21.4 por ciento de 2006 a 2022. Los adultos de 40 a 60 años concentran las prevalencias más altas (85 por ciento).
Rojas Martínez, quien ha estudiado las transformaciones territoriales de la oferta alimentaria como factor de obesidad en México, recalcó que esa alerta epidemiológica existe desde hace años. La Ensanut de 2006 arrojaba resultados alarmantes.
A pesar de la instrumentación de políticas públicas que trataron de contener el rápido crecimiento del problema -que la comida “chatarra” no forme parte de la oferta en las escuelas, impuestos a alimentos y bebidas con alta densidad energética, o etiquetado frontal nutrimental en los productos- la obesidad continúa. Para atender este padecimiento y otros relacionados, se requiere cada vez más recursos, advirtió el experto.
El costo económico de atención es de aproximadamente cinco por ciento del producto interno bruto (PIB), señaló Rojas Martínez. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, tan sólo en 2019 ese impacto representó un gasto aproximado de 26 mil millones de dólares para nuestro país.
“Pero las dificultades van más allá: tenemos una población enferma que demanda servicios de salud desde una edad temprana; los niños obesos se convertirán en una población joven mermada en su esperanza y calidad de vida, con un bajo rendimiento laboral y que requerirá, una vez más, atención médica, no para la prevención, sino para el tratamiento. El problema es una bola de nieve que crece, porque los esquemas alimentarios no se modifican”.
Se va a necesitar, cada vez más, inversión hospitalaria y mayor número de médicos, enfermeras, personal de salud en general; sin embargo, el gasto en la materia se ha mantenido congelado en los últimos años, con excepción de la pandemia. Durante esta situación creció aún más el consumo de ultraprocesados porque era lo más fácil de conseguir durante el confinamiento, acotó.
“En mis investigaciones he encontrado que este es un problema que tiene como punto de partida el TLCAN, en la década de 1990, cuando se realizan cambios en los patrones de consumo, y hay una transformación de la oferta alimentaria”, explicó Rojas Martínez.
Esa transformación, detalló, tuvo que ver con la reorientación del modelo de desarrollo económico de México; aunque la consigna de la autosuficiencia alimentaria estaba presente, y se pretendía una industria agroalimentaria nacional, vino un contexto adverso en la economía del país y del mundo, de profunda crisis.
La llamada economía abierta, denominada neoliberal, transformó las formas productivas y la alimentación pasó de ser de tipo agropecuario, de consumo directo y regional, y de compras en el mercado, a industrializada.
Los ultraprocesados y la comida rápida son, incluso, más baratos, de fácil acceso y ágil consumo, aunque de peor calidad. Los consumidores los tuvieron disponibles sin necesidad de prepararlos y pudieron comerlos fuera de casa de manera inmediata, abundó Rojas Martínez.
La industria generó un esquema híbrido, en el área productiva, pero también transitó al control de los sistemas de suministro y distribución, y se desarrollaron los supermercados y tiendas de conveniencia que condensaron la nueva oferta industrializada y la estandarizaron.
En ese sentido, aseveró el experto, medidas como el etiquetado no tendrán el efecto deseado porque al intentar combatir el sobrepeso y la obesidad se dejaron de considerar otros factores estructurales: si no crece el ingreso tampoco podemos consumir mejores alimentos, por ejemplo.
Además, estimó, las políticas públicas reducen el problema a una escala individual: se dice que una persona tiene esos padecimientos por ser irresponsable al ingerirlos y no elige los saludables, cuando en realidad más elementos condicionan la ingesta.
En la actualidad hay sobreoferta de industrializados, con 60 por ciento de la producción en México, y “la población ha dejado de comer alimentos frescos”. Ante la eficiencia de los sistemas de suministro de dichos artículos, encontramos que sistemas tradicionales, como mercados públicos o tianguis, carecen de las “bondades” de los supermercados como pago con tarjeta u horario amplio, por lo que pierden terreno ante las grandes cadenas de intermediación.
“Se ha estimado que para 2050 casi 90 por ciento de los mexicanos van a tener alguna prevalencia de sobrepeso u obesidad”. No hay que ser fatalistas, pero sí reconocer que el problema no es individual sino social, sostuvo Rojas Martínez.
Ante una política pública desestructurada y desintegrada, donde cada sector -salud, alimentario, económico, social- emprende medidas por separado, se requiere el diseño de políticas donde se considere también la oferta en el mercado y el factor territorial, concluyó.n53S8ok Omnia.com.mx
Tips al momento
La UACh prohíbe a sus colaboradores expresar apoyo a candidatos en elección de jueces
La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) emitió un comunicado en el que prohíbe a sus colaboradores manifestar abiertamente su apoyo a cualquier candidato en el proceso de elección de jueces, ministros y magistrados.
A TODAS LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA:
Se les recuerda que existe prohibición expresa para realizar por cualquier medio actos de proselitismo o posicionamiento a favor o en contra de algún candidatura en el Proceso Electoral Extraordinario de Personas Juzgadoras integrantes del Poder Judicial de la Federación y/o del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
La restricción opera fuera del horario de funciones, fines de semana y período vacacional, así como en general en cualquier día no laborables.
Así mismo, está prohibido la utilización de recursos públicos tanto materiales como humanos para realizar actos de proselitismo en favor o en contra de los candidatos.
Para más información favor de consultar:
https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1562.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/178714/Anexo-Catálogo-de-infracciones-PEEPJF.pdf
Mtro. Luis Alfonso Rivera Gampos
Rector
La suerte de Andrea Chávez
El vuelo de la senadora Andrea Chávez parece estar llegando a su fin. Se había planteado como su siguiente objetivo la gubernatura de Chihuahua en 2027 y estaba trabajando intensamente en su tierra, incurriendo en actos que probablemente puedan ser anticipados de campaña. Las crónicas periodísticas narran los espectaculares que colocó en su natal Ciudad Juárez desde principios de este año y de su intensa promoción en las redes sociales. “La reina del cash”, la llamó Don Mirone, un seudónimo que firma la principal columna política de Norte Digital, porque “no batalla por dinero”.
Pero el muro con el que se estrelló fue el de la revelación de que estaba utilizando unidades médicas móviles financiadas por el contratista preferido, desde hace años, por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Chávez reaccionó contra el portal Latinus, cuya reportera Ana Lucía Hernández hizo nacional un tema que se había mantenido localmente, y acusó al principal periodista del medio, Carlos Loret, de servir a intereses políticos. No vio que lo que había provocado la publicación era un disgusto donde menos le podría haber interesado tenerlo, en Palacio Nacional.
Cuando el portal Latinus reveló que la senadora estaba utilizando unidades médicas como parte de su estrategia de promoción rumbo a las elecciones para la gubernatura de Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tomada por sorpresa, no por el hecho en sí mismo, sino porque no comprendía cómo la soberbia y el cinismo de los morenistas involucrados en el caso, se habían abierto un flanco tan grande, al quedar expuesto, en medio de todo, el contratista y amigo del senador López, que estaba detrás de las unidades médicas, mejor adaptadas y equipadas que las que tiene el gobierno federal y muchos estatales.
Chávez, una política audaz y permanentemente muy echada para adelante, comenzó a meterse en un pantano con su lengua larga y filosa, llena de arrogancia, al confesar en la radio haber cometido un delito. No lo dijo tal cual, pero lo expresó claramente. Lo que hizo, señaló, había sido en beneficio de quienes más lo necesitan, como un acto de justicia, evocando la laxitud legal que aplicaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando los límites constitucionales se atravesaban en el camino de sus objetivos. López Obrador se salió con la suya, pero ella no. López Obrador tenía fuerza propia; Chávez la tiene prestada, que es lo que le está cortando las alas.
Ayer, el PAN, a nivel nacional y a nivel estatal, la denunció ante la Fiscalía General por 15 supuestos delitos. Algunos son del ámbito electoral, donde los panistas presentaron documentos de cómo estaban llegando recursos de otros estados para su precampaña electoral. Pero hay otros, quizás penales. Daniela Álvarez, líder panista en Chihuahua, y la diputada federal Kenia López Rabadán, afirmaron que la ilegalidad de sus actos fue confesada al confirmar que las unidades móviles las financiaba el empresario Fernando Padilla Farfán, mediante la modalidad de “donativo”. La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que si un servidor público acepta un donativo, incurrirá en el delito de cohecho.
Chávez es una delincuente confesa. En una mesa de análisis con Azucena Uresti en Radio Fórmula, se defendió a bote pronto repitiendo que eran donativos y que no había gastado “ni un solo peso” de recursos públicos. Una semana después, en el mismo espacio, cambió su versión y dijo que las caravanas que realizaba en las unidades médicas, estimadas por Latinus en 10 millones de pesos mensuales, eran convenios de colaboración con el sector privado. Este fue otro delito que confesó. Aunque sea servidora pública, no puede firmar convenios específicos en calidad de persona física. Sólo las dependencias públicas y organismos autónomos están facultados para suscribir convenios que involucren algún tipo de intercambio o prestación de servicios, como era el caso.
Chávez es, probablemente, la joven morenista más conspicua de su generación. También la de una carrera meteórica de la mano del senador López. El exprecandidato presidencial, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco ha invertido tanto en su promoción, que en el Senado llaman a Chávez “la jefa”, y hay legisladores que para quedar bien con el líder de su bancada, le aplauden y festejan todas las intervenciones de la chihuahuense. López ha ido mucho más allá. Le entregó una oficina en el Senado a Abraham Mendieta, un español naturalizado mexicano, propagandista del obradorismo, que es novio de Chávez.
López, que tiene el control de todos los cargos administrativos –donde se maneja el dinero– del Senado, pretendió recientemente hacerla presidenta de la cámara, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña, que lleva semanas con rendimientos decrecientes. Era demasiado. No pudo hacer el movimiento, aunque su cruzada para promoverla a la gubernatura de Chihuahua no ha cesado. El episodio de las unidades móviles, empero, pone un antes y un después.
El involucramiento de Padilla Farfán en el esquema electoral de Chávez dejó al descubierto los contratos multimillonarios que le dio en Tabasco y en Chiapas, a través de su excuñado, el exgobernador Rutilio Escandón –que hizo convenios con él sobre unidades médicas móviles, una de las cuales apareció en Chihuahua– y, cuando menos, lo deja ante un posible delito de conflicto de interés. Chávez lo conoció años después de que el empresario estuviera metido en licitaciones públicas en entidades donde su amigo López tenía influencia e incidencia.
Desde el primer momento que apareció la publicación en Latinus, Sheinbaum comentó a sus colaboradores que hablaría con la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, para que no pasara su candidatura a la gubernatura, y con López, para que se olvidara de seguir impulsando a Chávez a la presidencia del Senado. Desde entonces, la situación de la senadora en Palacio Nacional se ha ido enredando y empeorando.
Existen reportes de otras irregularidades, y se están recopilando datos sobre probables gastos de lujo y la adquisición de dos propiedades en Chihuahua con prestanombres en otoño pasado, para determinar si procede o no abrir una investigación formal. La que parece muy perfilada hoy en día, es la decisión de que no sea candidata a la gubernatura de Chihuahua.
Columna de Raymundo Riva Palacio
Tomada de El Financiero
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Para más información favor de consultar:
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Existen reportes de otras irregularidades, y se están recopilando datos sobre probables gastos de lujo y la adquisición de dos propiedades en Chihuahua con prestanombres en otoño pasado, para determinar si procede o no abrir una investigación formal. La que parece muy perfilada hoy en día, es la decisión de que no sea candidata a la gubernatura de Chihuahua.
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