CHILPANCINGO, Gro. (apro).-En el 2024 la población de Guerrero convulsionó por la violencia criminal. Fueron suspendidas las clases, comercio y transporte, además que tres ferias fueron canceladas.
En la entidad gobernada por Evelyn Salgado de Morena se registraron al menos 12 masacres, la última se cometió este 29 de diciembre en Zapotitlán Tablas cuando cuatro integrantes de una familia, entre ellos una menor, fueron emboscados y asesinados.
Hasta noviembre de este año se acumularon mil 637 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras del gobierno federal. Desde el 2019 –en el gobierno del priista Héctor Astudillo- no se tenía una cifra tan alta en ese delito con mil 715 asesinatos.
Enero abrió con una masacre en Buenavista de los Hurtado, una comunidad de unos 30 pobladores, en la sierra de Heliodoro Castillo.
El día 4, la organización criminal La familia michoacana reanudó una ofensiva en pueblos de la sierra donde tienen presencia otros grupos criminales, uno de ellos Los Tlacos o Cartel de la Sierra.
La región tiene concesiones de minas, bosques donde continúa la explotación de maderas finas, ganado, agua y terrenos fértiles para la siembra de enervantes.
El 20 de febrero otro enfrentamiento en Las Tunas, municipio de San Miguel Totolapan, dejó 16 pistoleros muertos.
La familia michoacana y el Cartel de la sierra anunciaron una tregua, pero la población que quedó en medio de las balas permaneció con las escuelas cerradas, sin alimentos y decenas de familias se vieron orilladas a desplazarse.
El 6 de enero –Día de Reyes en el calendario católico- se cometieron dos masacres en la Costa Grande y la Montaña baja.
Por la noche en un palenque de Petatlán, sicarios ingresaron y rafaguearon a los presentes, informaron autoridades municipales.
El saldo: 13 personas muertas, entre ellas dos mujeres y dos estudiantes de 16 años.
A la misma hora en Chilapa, tres mujeres, dos de ellas comerciantes de pollo y una trabajadora de la Secretaría de Educación Guerrero fueron asesinadas a balazos cuando levantaban al Niño Dios afuera de un domicilio.
A finales de enero se desató en cascada la violencia en contra de choferes y transportistas en Acapulco, Taxco y Chilpancingo.
El 27 de enero en Acapulco operadores de camiones urbanos suspendieron el servicio por la inseguridad y extorsiones del crimen organizado.
En Taxco fue suspendido el servicio de transportes a raíz del asesinato del chofer de una combi y una pasajera.
La medida orilló a suspender la actividad turística y las clases en el municipio.
La embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para que su personal no viajara a Taxco de Alarcón.
En medio de la crisis, el 22 de enero el entonces presidente municipal Mario Figueroa Mundo, ahora prófugo acusado de desaparición forzada y delincuencia organizada, viajó a la Feria Internacional de Turismo en España.
Siete meses después, el 28 de agosto, policías estatales, Ejército y Guardia Nacional detuvieron a 10 policías municipales acusados de secuestro. La corporación se disolvió y la seguridad pública la tomó el gobierno estatal con apoyo de fuerzas federales.
Dos hijos de Mario Figueroa, Mario N y Marco N fueron detenidos y enfrentan procesos penales por narcomenudeo y desaparición forzada.
En Chilpancingo resurgieron los ataques contra choferes de taxis y combis, así como la quema de sus unidades. Desde hace unos 10 años, el gobierno estatal ha repartido concesiones a las organizaciones criminales Los Tlacos y Los Ardillos que operan en el municipio, de acuerdo con dirigentes transportistas.
Ola de violencia
Por nueve días la capital del estado quedó paralizada, sin clases ni actividades laborales y comerciales.
El 6 de febrero en Iguala el entonces alcalde David Gama canceló la Feria de la Bandera luego de que él y empresarios recibieron presiones y amenazas del crimen organizado.
El 14 de febrero en Chilpancingo, el obispo José de Jesús González informó de manera inédita que fracasó un intento de tregua que buscaron con jefes criminales para pacificar a la entidad.
La noche del 7 de marzo policías del Grupo de Reacción Inmediata Centauro provocaron una crisis política en el gobierno de Evelyn Salgado.
Los agentes dispararon contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que trataron de esquivar un retén en la entrada a Chilpancingo, en el viejo libramiento que conduce a Tixtla.
En el ataque murió Yanqui Kothan Gómez que derivó en protestas radicales como el incendio de patrullas de la Guardia Nacional así como la quema de automóviles y oficinas del Palacio de Gobierno.
Además la destitución de los secretarios de gobierno y seguridad, Ludwing Reynoso y Rolando Solano, así como la remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos.
El 11 de abril en Acapulco fue acribillado el director de la policía vial en Acapulco, Eduardo Chávez, cuando salía de su domicilio en la colonia Infonavit Alta Progreso.
El 29 de abril se reveló que el obispo emérito Salvador Rangel había sido secuestrado. Ese día fue hallado inconsciente en un hospital de Cuernavaca, Morelos.
El comisionado de Seguridad Pública en el estado de Morelos, José Antonio Ortiz deslizó que el prelado habría ingresado por su voluntad acompañado de otra persona a un hotel y que dio positivo a cocaína y al sedante benzodiacepina.
Desde el gobierno de Astudillo, Salvador Rangel fue un duro crítico de la estrategia de seguridad. Lo mismo con el gobierno de Evelyn Salgado y el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El líder religioso recomendó constantemente al gobierno pactar con grupos criminales para pacificar la entidad y reveló sus reuniones con capos para destrabar conflictos, secuestros o extorsiones contra la población como en Taxco.
El obispo emérito es parte de un grupo de connotados priistas en la entidad, entre los que destaca el ex gobernador Rubén Figueroa.
Rangel Mendoza fue blanco de un linchamiento mediático de seguidores de Evelyn Salgado y de AMLO. Su activismo fue neutralizado.
La mañana del 28 de marzo en Taxco se dio a conocer el secuestro y asesinato de la niña Camila que había ido a la casa de una amiga a jugar.
Familiares, vecinos y población cercaron la vivienda donde desapareció la menor y donde estaba la presunta responsable Ana Rosa y tres de sus hijos.
Luego de esperar más de 12 horas para que las autoridades detuvieran a los imputados, una multitud en la que se infiltraron integrantes de la delincuencia, irrumpió con violencia en la vivienda de la colonia La Florida.
Ante la presencia de turistas y en pleno Jueves Santo, la mujer y dos hijos fueron linchados en la avenida Plateros.
Axel Alejandro y Juan Alfredo que sobrevivieron a la brutal golpiza se encuentran en prisión acusados de secuestro y feminicidio.
El 22 de julio al menos siete policías de la UPOEG fueron masacrados en una emboscada cerca de Tierra Colorada.
La noche del 8 de agosto una emboscada a dos camionetas de lujo dejó como saldo siete personas masacradas integrantes de una familia en una carretera de Olinalá, en la Montaña de Guerrero.
A principios de septiembre las autoridades anunciaron la suspensión de la feria en Chichihualco, municipio Leonardo Bravo, en la región Centro.
La decisión fue a consecuencia de los hechos de violencia que vive la población desde hace más de un año por la presencia de tres organizaciones criminales al margen de la actuación de autoridades y corporaciones policiacas.
La guerra entre criminales ha afectado el comercio, transporte y sobre todo la educación de los niños y jóvenes.
El 26 de septiembre se cumplieron 10 años de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa sin que hasta la fecha haya justicia y el huracán John impactó en la Costa Chica y sus lluvias permanecieron cinco días en el estado.
Más sangre
El 3 y 6 de octubre fueron asesinados el secretario general, Francisco Gonzalo Tapia y el presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán. Con este episodio de violencia nunca antes visto en la entidad se abrió una nueva crisis en la capital.
En este mismo año, fueron asesinados el ex alcalde de Atlixtac, Marcelino Ruiz, y su esposa Guzmán; Abraham Ramírez, fundador de Morena y padre de la candidata a la alcaldía de Huamuxtitlán, Rosalba Ramírez; y Alfredo González, aspirante del PT a la alcaldía de Atoyac.
Tomás Morales y Antonio Crespo, aspirante nahua a la alcaldía y regidor de Chilapa; Anibal Zúñiga, candidato a regidor en Coyuca de Benítez y su esposa Rubí N; y José Alfredo Cabrera, candidato del PRI-PRD-PAN a la presidencia de Coyuca de Benítez.
Esmeralda Campos, regidora y promotora de Morena en Tixtla; Salvador Villalva, alcalde electo de Copala por México Avanza; y Acacio Flores Guerrero, alcalde de Malinaltepec.
La madrugada del 24 de octubre en la cabecera de Técpan de Galeana, un convoy de una célula de La familia michoacana irrumpió para combatir a integrantes del grupo delictivo que tiene el control político, criminal y económico de esa región Los Granados. El saldo fue de 17 sicarios y dos policías municipales muertos.
La mayoría de los muertos y los 13 pistoleros detenidos posteriormente eran y son provenientes de Guatemala.
La violencia se extendió a Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez y San Jerónimo, municipios con presencia del crimen organizado. La población se quedó sin clases y servicio de transporte por al menos dos semanas.
Otro caso que cimbró a la entidad fue la desaparición de 17 comerciantes y vecinos de la localidad de Chautipan del 21 al 27 de octubre en las localidades de El Epazote y Tlanicuilulco, en los municipios de Chilapa y Quechultenango.
La noche del 6 de noviembre los cuerpos desmembrados de 11 de las 17 personas fueron dejados cerca del hotel El Parador del Marques al sur de la ciudad.
El gobierno estatal ofreció una recompensa de 1 millón de pesos para su localización y horas antes del hallazgo, el comandante de la 35 zona militar, Jorge Pedro Nieto, anunció un despliegue de tropas y fuerzas especiales que no dio resultado. El mando militar responsabilizó del secuestro a la organización criminal Los Ardillos.
Hasta el momento se desconoce el paradero de seis vecinos de Chautipan.
El 20 de noviembre en Chilpancingo cuatro transportistas que se preparaban para protestar fueron asesinados a balazos al sur de la ciudad.
El 29 en Acapulco fue asesinado el comandante antisecuestro de la fiscalía estatal, Juan Carlos N.
El 11 de diciembre afuera de los juzgados de Caleta también en Acapulco mataron a balazos al ex presidente del Poder Judicial en Guerrero, Edmundo Román Pinzón. Dos personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad, informó este 30 de diciembre la fiscalía estatal.
El domingo 16 de diciembre en Tixtla, en la región Centro, fueron asesinados en una casa el empresario, Julián N, su esposa y a un maestro, dedicados a la organización de bailes y venta de cervezas en jaripeos.
Tres días después fue ultimado a tiros el hijo del maestro Mario, del mismo nombre.
El 25 de diciembre cuando se disponía a encabezar el tradicional recorrido del Teopancalaquis en el barrio de San Mateo fue asesinado el presidente del Patronato de la Feria de Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo, Martín Roberto Ramírez Ruiz.
Las balas alcanzaron al maestro de ceremonias del mismo patronato José Vidal Nava y lesionaron a una mujer y a un niño.
Después de 199 años la feria más importante del estado fue suspendida por la violenta disputa por el control de los negocios y la incompetencia de las autoridades.
Con información de proceso.com.mx