Los habitantes de la región sur de Chiapas durante este año fueron víctimas en varias ocasiones de los ataques perpetrados por grupos criminales, pese a que el expresidente Andrés Manuel López Obrador en diversas ocasiones presumió la baja del índice de homicidios en el estado.
Los enfrentamientos por el control del territorio para el tráfico de personas y de drogas también forzó a los habitantes de la región a huir a Guatemala.
El primer episodio de violencia en Chiapas se registró arrancando el 2024, el 8 de enero. Los habitantes del municipio de Chicomuselo informaron sobre un enfrentamiento entre dos cárteles que dejó un saldo de 20 personas muertas; dos eran civiles.
En un comunicado firmado por la sociedad civil del pueblo chiapaneco precisó que del ataque armado fue perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CS) y que provocó que cientos de personas del ejido Nueva Morelia, perteneciente al municipio agredido, abandonaran sus hogares.
En marzo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) informó que a finales de ese mes ocurrió “una masacre en la localidad Niños Héroes, ubicado en el municipio La Concordia, donde, de acuerdo con testimonios, fueron asesinadas alrededor de 25 personas en el marco de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo armado”.
Derivado de este reporte, en conferencia de prensa, el expresidente López Obrador fue cuestionado sobre el hecho y en respuesta desestimó la cifra de muertos y afirmó que sólo habían sido 10 las víctimas.
Tan solo dos meses después, el 12 de mayo, ocurrió otra matanza. Esta sucedió en la comunidad de Nueva Morelia, en el municipio de Chicomuselo, donde 11 personas fueron asesinadas por integrantes del crimen del organizado.
Siete eran integrantes de una misma familia, quienes junto con las otras cuatro víctimas, habitantes de la región, se habían resistido a formar parte de las filas de la delincuencia.
Sobre esta matanza, la Diócesis informó que los criminales llegaron directamente a las casas de las personas que se resistían a abandonar Nueva Morelia a pesar de las amenazas y hostigamiento a los que eran sometidas.
En el tercer trimestre de 2024, luego de las agresiones perpetradas contra los chiapanecos en los municipios como Tila, Chicomuselo, Ocotsingo, Comala, Chenalhó, entre otros, provocó una ola de reportes de desplazados.
Tan sólo en julio, un grupo de aproximadamente 800 personas cruzaron la frontera con Guatemala para refugiarse en el municipio de Cuicuilco, en Huehuetenango.
La mayoría del mexicanos que huyeron de Chiapas provenían de los municipios de Amatenango y La Frontera, zonas afectadas por enfrentamientos entre bandas criminales y por la presión de los criminales para reclutar jóvenes.
“Unicamente entre enero de 2023 y junio de 2024 ha habido 15 mil 780 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas”, informó el centro Frayba.
En medio de los reportes de violencia, el 20 de octubre, la fiscalía de Chiapas informó que el sacerdote, de origen Tzotzil, Marcelo Pérez fue asesinado por dos sicarios en motocicleta al terminar de oficiar una misa en San Cristobal de las Casas.
Este crimen provocó una serie de protestas y diversos posicionamientos para exigir justicia para el párroco y una respuesta del gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum desde el 1 de octubre, para frenar los homicidios y desapariciones forzadas en la entidad.
Entre los hechos violentos más recientes, está el denunciado por el centro Frayba, que ocurrió al inicio de diciembre en Pantelhó.
“En la madrugada del 3 de diciembre, uno de los grupos armados que disputa el control de la región atacó a las comunidades de San José Tercero, San Francisco y El Roblar, desplegando armas de grueso calibre e incluso detonando bombas. Horas después, el ataque se extendió a las comunidades de La Esperanza, Xixetik, y San José del Carmen”.
En represalia, uno de los grupos rivales tomó el control del Palacio Municipal de Pantelhó.
Ante este panorama, la exigencia constante de la sociedad ha sido la atención a las víctimas de desplazamiento forzado, desarticulación de los grupos armados y garantías de protección civil.
Con información de Latinus