El cierre de año, por sí mismo, no cambiará nada; llegará el primero de enero de 2025 y los problemas de seguridad pública prevalecerán. Sin embargo, los balances anuales son relevantes porque nos permiten hacer un corte de caja para dejar testimonio de los avances y retrocesos en un periodo definido y establecer parámetros de evaluación a corto plazo. Todo esto abona, en consecuencia, a la rendición de cuentas y la formulación de mejores políticas públicas.
Con ese ánimo, escribimos sobre los que pensamos son los cinco hitos de la violencia criminal del 2024. Son fenómenos que parecieran temporarios pero que, en realidad, muestran distintas caras de la degradación que ha sufrido el Estado de derecho a nivel territorial en las últimas décadas. La contención de ese deterioro será, quizá, el único reflejo de que las nuevas administraciones están haciendo bien las cosas desde los primeros 100 días. Si se agravan, la respuesta es obvia.
En Taxco, Guerrero, en periodo de semana santa, Camila, una niña de ocho años, fue asesinada en la casa de su amiga, otra menor. Este asesinato derivó en el linchamiento de la presunta victimaria, Ana Rosa Díaz —madre de la amiga de Camila—, y de dos personas más. Este es un hito por varios motivos. Primero, se conjuntaron dos hechos atroces, un infanticidio con un claro componente de género y un linchamiento masivo. Segundo, revela la ausencia de todo el sistema de seguridad pública que padecen algunos territorios, desde la prevención del delito hasta el acceso a la justicia. Tercero, mostró que, ante la ausencia del Estado, las comunidades pueden alcanzar altos niveles de organización para ejercer violencia como mecanismo de sobrevivencia, como ocurrió en Texcaltitlán, Estado de México, en donde pobladores lincharon a sus extorsionadores, miembros de la Familia Michoacana.
Los datos son contundentes. Al cierre de noviembre, 2024 concluye con 610 víctimas de violencia político criminal, lo que significa un incremento del 7 % en comparación de 2023, pero de 256.7 % frente a 2018. En la historia moderna hablamos del año más violento para políticos y funcionarios públicos, principalmente en el ámbito municipal. En dicho marco, atestiguamos las elecciones más violentas de la democracia mexicana, con 34 aspirantes a cargos de elección popular asesinados por el crimen organizado, de acuerdo con Votar entre balas.
Más allá de lo evidente, lo anterior es sintomático de la expansión del régimen criminal, es decir, no sólo de la anulación de la autoridad del Estado a nivel de los territorios locales, sino de su sustitución por la de los grupos criminales. En 2024, como nunca antes, más territorios quedaron en manos del crimen organizado y, por lo tanto, su población expuesta a los intereses de los mismos.
Como señalamos en el punto anterior, 2024 fue el año más violento para políticos y funcionarios públicos. Sin embargo, por primera vez, un alcalde de una ciudad capital fue asesinado: Alejandro Arcos, presidente municipal recientemente electo de Chilpancingo, Guerrero. La ejecución ocurrió después del asesinato de quien ocuparía la secretaría de seguridad pública de Chilpancingo, Ulises Hernández Martínez, y del recién nombrado secretario del ayuntamiento, Francisco Tapia Gutiérrez. En otras palabras, hablamos de un ayuntamiento disputado por el crimen organizado.
Todas las agresiones en contra de funcionarios son graves en sí mismas, pero este hecho es relevante porque derriba la idea del blindaje institucional del que gozan las ciudades capitales, por albergar sedes de los tres poderes en el ámbito federal y local y por fungir como centros de operaciones de organizaciones empresariales y sociales. En otras palabras, el régimen criminal puede vulnerar a cualquier municipio de nuestro país, sin importar su peso político. La ejecución de Arcos es un desafío directo del crimen a las autoridades y consecuencia de la máxima impunidad que ha imperado durante décadas.
De acuerdo con Causa en Común, al cierre de noviembre de 2024, los medios de comunicación informaron de al menos 404 masacres en México. Sin embargo, a diferencia de otros años, se aprecia la intensificación de la violencia del crimen organizado. Una muestra de lo anterior son los eventos de violencia homicida, no selectiva, en los bares El DBar en Villahermosa, Los Cantaritos en Querétaro y El Bling Bling en Cuautitlán Izcalli. También lo evidencia el bombardeo con drones en Guerrero, el uso de minas explosivas en Jalisco o la explosión de autos bomba en Guanajuato. Queda claro que estamos frente al recrudecimiento del conflicto criminal, y que existen nuevos mercados ilícitos a nivel territorial, más organizaciones que buscan controlarlos a través de la corrupción y la violencia y que, a pesar del discurso oficial, el Estado mexicano aún tiene muy pocas capacidades para contenerlo.
La caída de “El Mayo” Zambada detonó el conflicto entre las facciones de “Los Mayos” y “Los Chapitos”. Ello entraña el fin de la otrora organización criminal más poderosa del país, el Cártel de Sinaloa, más no la extinción de las facciones, familias y brazos armados que la conformaron. Éstas se están alineando con alguno de los bandos en pugna o con otras organizaciones; incluso algunas han comenzado a independizarse. Es muy probable que el conflicto entre “Los Mayos” y “Los Chapitos” cambie el mapa de la criminalidad, contagiando la violencia a otras entidades. Las nuevas alianzas delincuenciales serán esculpidas con base en su poder de fuego, lo que augura enfrentamientos, homicidios y tácticas de intimidación social.
El Estado mexicano jamás había tenido que administrar un conflicto interno de una organización criminal del poder y tamaño del Cártel de Sinaloa. No es casual que ni López Obrador ni Sheinbaum tengan mayor idea sobre cómo terminar con dicho conflicto, sin ir más allá de enviar militares para evitar el intercambio de fuego.
El primero de enero de 2025, ¿amaneceremos en este mismo contexto criminal y sus violencias o habrá ya una estrategia que no se limite a ejecutar carpetas de investigación, detenciones y decomisos? Seguramente todo seguirá igual, pero lo identificado hoy será el parámetro para medir el comportamiento de la violencia y la dinámica criminal en 2025.
Felices fiestas.
* Armando Vargas (@BaVargash) es coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua) y Yair Mendoza ( @yair_mendozacg) es investigador del mismo.
Con información de massinformacion.com.mx