Más recursos para combatir la violencia contra las Mujeres

Ideas Online / Isela Martínez
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El pasado 25 de Noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A pesar de múltiples acciones y esfuerzos que realizan organismos internacionales, gobiernos y sociedad civil, la violencia contra mujeres y niñas continúa siendo un grave problema social a nivel mundial.

En nuestro país las cifras no son alentadoras: cada día son violentadas miles de mujeres y niñas, se ejerce sobre ellas principalmente violencia familiar, psicológica, sexual y económica. Entre 10 y 11 mujeres son asesinadas cada día, lamentablemente muchas de ellas por razones de genero.

Desde los distintos órdenes de gobierno se articulan políticas públicas para prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Sin embargo, vemos con preocupación que a nivel federal este tema no es una prioridad. Pareciera que para el gobierno de izquierda que encabeza Claudia Sheinbaum las estadísticas y datos duros sobre violencia y feminicidios no fueron suficientes para una mayor asignación de recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2025. 

Contrario al discurso de igualdad y bienestar para todas las personas, especialmente las más vulnerables, y al hecho de que, al llegar la primera mujer al Gobierno de la República, su empatía por las causas de las mujeres se vería reflejada precisamente en más recursos para este fin; el gasto público destinado a políticas de género, cuidados y primera infancia se reducen de manera significativa, ponderando el gasto en las obras emblemáticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Claudia Sheinbaum violenta a todas las mujeres y niñas al invisibilizar la realidad de violencia que se vive en México, la invisibiliza con la reducción del presupuesto, lo cual contraviene el principio de progresividad.

El presupuesto es el principal instrumento que tienen las y los gobernantes para materializar en los hechos su interés por las problemáticas sociales y, al parecer, la causa de las mujeres no es del interés de la Presidenta Sheinbaum, a pesar de que recientemente fue incluida la igualdad sustantiva como un derecho en la Constitución. 

La disminución de recursos para el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género y para el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas, es el más claro ejemplo del desdén por la problemática, aunado a la disminución de recursos en programas sociales que de manera transversal buscan el empoderamiento de las mujeres, que les permita transitar a una vida libre de violencia. El recorte al presupuesto para educación, para cultura, para salud y una ausencia de política de seguridad pública, tienen un efecto negativo directo en las mujeres y sus familias. 

La falta de reconocimiento real de la situación de violencia contra las mujeres que se vive en nuestro país por parte del Gobierno Federal, deja esta responsabilidad en su totalidad a estados, municipios y sociedad civil, quienes seguirán articulándose para generar acciones para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y niñas.

Con un presupuesto limitado para atender las necesidades reales de las mujeres y niñas de nuestro país, la asignatura sigue pendiente, pues no bastan los 16 días de activismo que sugiere la ONU para visibilizar la No Violencia contra las Mujeres, si no existe la sensibilidad y voluntad política para asignar recursos y no poder en riesgo la vida de mujeres y niñas víctimas de violencia.

Ojalá las diputadas federales se sensibilicen, corrijan la plana y reasignen recursos para frenar la violencia contra las mujeres y niñas en nuestro país.

Tips al momento

Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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