Con el objetivo de acompañar y fortalecer la formación académica de 230 estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara (UTT), del municipio de Guachochi, la gobernadora Maru Campos entregó material escolar, computadoras y apoyos diversos.
Durante el evento, la titular del Ejecutivo expresó al alumnado la voluntad de su administración, de brindarles las herramientas y oportunidades que les permitan superarse y convertirse en agentes de cambio positivo en sus comunidades.
Los apoyos incluyeron mochilas con kits educativos, 40 laptops e insumos como parte del Programa Incentivos Económicos a Estudiantes Indígenas para su Profesionalización, al cual se ha destinado una inversión de 13.5 millones de pesos.
“Se merecen que nosotros les demos lo mejor. Vamos a seguir al pendiente, con becas, intercambios, herramientas, condiciones para que el municipio esté bien”, se comprometió la Gobernadora.
Actualmente 1,054 estudiantes de los pueblos originarios se han beneficiado con este programa, a través de becas académicas, trámites de titulación, prácticas profesionales, servicio social y estadías, y para la adquisición de material instrumental de estudios.
En representación del alumnado, Rosi Rivas agradeció las iniciativas implementadas por la Secretaría de Comunidades y Pueblos Indígenas (SPyCI), ya que gracias a ello, quienes viven en comunidades rurales o no cuentan con recursos, pueden acudir diariamente a clases.
Con estas acciones el Gobierno del Estado impulsa la permanencia educativa, como un medio para disminuir la brecha de desigualdad en las comunidades de la Sierra Tarahumara.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.