El Gobierno de Argentina recorta el acceso a medicamentos gratis para jubilados
En el marco de las políticas de recortes del gasto público, el Gobierno de Argentina decidió limitar el acceso gratuito a medicamentos para jubilados.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), anunció mediante un comunicado que el subsidio social del 100 % para la compra de remedios continuará vigente, pero solo para "aquellos que realmente lo necesiten".
Para seguir recibiendo la cobertura total, los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la obra social estatal de los adultos mayores, deberán realizar "un trámite simple", mediante el cual el organismo evaluará si, de acuerdo a su nivel de ingresos, no pueden pagarlo.
En tanto, los descuentos de los medicamentos al 50 %, 60 % y 80 % siguen sin modificaciones.
Según informó el diario Perfil, el acceso a medicamentos gratuitos quedó así restringido para quienes cobren menos de una jubilación y media mínima, es decir, por debajo de 388.500 pesos, equivalente a unos 384 dólares.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el costo de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia de 4 personas aumentó 2,6 % en septiembre y llegó a los 964.620 pesos (953,65 dólares). Esto significa que una familia tipo necesita ganar por encima de esa cifra para no ser considerada pobre.
Al borde de la quiebra
La decisión fue anunciada mediante un comunicado que asegura que la obra social enfrentó problemas económicos por falta de políticas planificadas, razón por la cual la dirección actual está trabajando "por una gestión más ordenada y eficiente".
Según las autoridades del organismo, en los últimos años se llegó a una situación "al borde de la quiebra", por lo que ha sido necesario realizar una serie de "readecuaciones".
Esteban Leguizamo, director del PAMI, aclaró este lunes que desde la obra social priorizarán el equilibrio financiero de la institución, "garantizando el acceso a medicamentos para quienes no puedan pagarlos".
"Había abusos"
Con esta medida, la obra social de jubilados y pensionados buscará evitar que los recursos del Estado no terminen beneficiando a personas que no tienen limitaciones económicas. "Había abusos por parte de afiliados que no lo necesitaban y lo solicitaban también al medicamento, y así por ejemplo, por ejemplo, había 600.000 afiliados que retiraban medicamentos gratis teniendo una prepaga", dijo Leguizamo en una entrevista con Radio Mitre.
Y añadió que eso no solo va en detrimento a la institución, sino también de los afiliados "más vulnerables".
Con información de Actualidad.rt
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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