Rubén Rocha criticó a medios que han publicado el alto índice de homicidios en Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro).- Noviembre cerró con 175 homicidios dolosos de acuerdo a cifras de la Fiscalía General de Sinaloa, colocándolo como el más violento en la entidad desde que se tiene registro por parte de la autoridad investigadora.

De acuerdo a estos datos, fue en 2011 el noviembre que más homicidios dejó con 172.  La escalada de casos viene desde septiembre con el inicio de la disputa de grupos rivales del cartel de Sinaloa, dejando entonces 144 homicidios e incrementando la cifra en octubre a 188, ambos también los más violentos desde 2010.

En ese sentido, en su conferencia semanera, el gobernador Rubén Rocha Moya criticó a medios que han publicado el alto índice de homicidios en Sinaloa y que ayer no apuntaron que la Fiscalía sólo tuvo registro de dos casos.

En se sentido, comparó diferentes momentos en la historia reciente del estado con los sexenios de Jesús Aguilar Padilla y de Mario López Valdez entre 2008 y 2016 en que también se presentaron conflictos entre grupos rivales, presumiendo cifras menores en su período. Las críticas, dijo, obedecen a tintes políticos.

“A mí ya me han querido linchar y hay algunos que con la desvergüenza van a gritar que quieren revocación, por eso en mi opinión, la inmensa mayoría de esas expresiones exageradas tienen un tinte político, antes no lo hacían”, dijo.

Sin embargo, en total este último trimestre ha dejado 507 homicidios para acumular 859 durante el año o, dicho en otras palabras, entre septiembre y noviembre se han registrado el 59 por ciento de todos los casos reportados desde enero.

Ese trimestre deja además al menos 12 agentes de las policías municipales de Mazatlán y Culiacán además de la Estatal asesinados en diferentes hechos. 

Además, la Fiscalía reporta en ese periodo de septiembre noviembre 406 personas privadas de su libertad, cifra cuyo registro discrepa enormemente con respecto a los brindados por colectivos de búsqueda que superan los 600 casos.

Y respecto al inicio de diciembre, durante las últimas horas del domingo primero se registró un enfrentamiento al interior del penal de Culiacán que ha dejado un saldo preliminar de un muerto y tres heridos.

Todo esto sucede en el contexto del tercer informe de labores del gobernador Rubén Rocha Moya, quien el viernes pasado acudió al Congreso local a presentar datos, advirtiendo que, en Sinaloa, si bien existe un tema de seguridad, no se ha rebasado la situación.

Por otra parte, el gobernador anunció también la llegada de más elementos de seguridad al estado para reforzar la seguridad durante las fechas decembrinas, con 300 miembros de la tropa del Ejército más, 200 elementos de las Fuerzas Especiales y 100 más de la Guardia Nacional.

Desde que aprehendieron al Mayo Ismael Zambada el 25 de julio en un presunto secuestro por parte del hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, a Sinaloa han arribado al menos 11 mil 100 elementos de seguridad por parte del Ejército, Fuerzas Especiales y Guardia Nacional.

Con información de Proceso.

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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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