El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, realizó la carrera “Kilómetros por la Inclusión” con la participación de más de 300 chihuahuenses con y sin discapacidad.
Durante la mañana de este domingo, tras una activación física previa, las y los asistentes caminaron, trotaron, corrieron y rodaron acompañados de sus familias y mascotas en un recorrido de dos kilómetros en las instalaciones del Polideportivo Luis H. Álvarez.
Asimismo, tras concluir el circuito, lograron disfrutar de un agradable rato con actividades recreativas por parte del Instituto de Cultura del Municipio, quien presentó su Experiencia Sensorial, la cual buscaba sensibilizar a las y los participantes en materias de discapacidad.
La ciudadanía también pudo realizar una serie de compras con expositores locales, quienes ofrecieron una variedad de productos a las familias. Lo anterior, como parte del Bazar Navideño de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, y la Subasta Navideña que se realizó por parte de la Red de Discapacidad Chihuahua.
El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la población para crear una ciudad más inclusiva en el que todas y todos tengan acceso a las mejores oportunidades que les permitan llevar una calidad de vida óptima.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.