Realizan más de 881 mil estudios en laboratorio clínico de Pensiones en beneficio de la derechohabiencia
_-El proceso de análisis cumple con altos estándares de calidad en sus diversas etapas, con lo que se apoya al personal médico para emitir diagnósticos oportunos y confiables
Un total de 881 mil 517 estudios para 78 mil 147 pacientes, se practicaron en el laboratorio clínico de Pensiones Civiles del Estado (PCE) durante el lapso de enero a octubre 2024 en la delegación Chihuahua, con equipos automatizados de alta tecnología que apoyan al personal médico para emitir un diagnóstico oportuno y confiable.
Este espacio de la institución cumple con altos estándares de calidad en todas las fases del proceso de análisis y mensualmente, es evaluado en el programa de control de calidad externo llamado ¨PACAL¨ en los estudios de bacteriología, uroanálisis, hematología, coagulación, parasitología, inmunología y química clínica.
Lo anterior, con el objetivo de asegurar la confiabilidad en el trabajo que se lleva a cabo de manera interna.
Durante 30 años consecutivos se ha reconocido el desempeño en este programa por estar entre los mejores laboratorios a nivel nacional, con resultados emitidos que confirman el profesionalismo y compromiso del personal químico y su control de calidad.
Diariamente, la plantilla atiende a 250 pacientes, en un horario de toma de muestra de 7:00 a 8:30 horas, y servicio las 24 horas los 365 días del año.
Tips al momento
Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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