No hay las condiciones para un incremento al ISN y no fue consensuado con el sector empresarial: Coparmex Chihuahua

El presidente de Coparmex Chihuahua, Salvador Carrejo, dio a conocer este día que, ven con preocupación la propuesta de un incremento al Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3 al 4 por ciento, que por cierto, dijo, no fue consultado con ese organismo, ni con otros más, de los más destacados.

Afirmó que es desproporcionado el incremento propuesto, pues se está hablando un aumento de golpe del 33 por ciento en un impuesto, dijo, al tiempo de reconocer la necesidad de inversión en infraestructura, así como el olvido de la Federación en recursos  para Chihuahua.

Las empresas no están en condiciones de que se aumente un impuesto en un 33 por ciento  y aparte, no se consultó, no hubo un consenso por parte del Estado hacia los organismos, al menos a la mayoría o los más significativos, no hubo esa cortesía, apuntó.

Dijo que, les preocupa muchísimo ese incremento,  porque se está en una franca desaceleración económica, que se va a profundizar el año próximo y si hay alguna variable a la que le va a pegar, precisamente es a la generación de empleos.

Así que, un impuesto a quien genera empleos es la peor forma de incentivarlos, pues esos puestos de trabajo los vamos a necesitar seriamente el próximo año y aún falta lo que lo que Donald Trump, nos presente cuando tome posesión.

Las condiciones para que se dé este incremento, que no fue consensuado con el sector empresarial, al insistir en que les preocupa muchísimo, que ese aumento venga incluido  en la Ley de Ingresos del 2025, considerado este fondo para la infraestructura a costa del sector empresarial.

Señaló que, no se puede soslayar la generosidad y la solidaridad del sector empresarial con el Gobierno del Estado, porque está el antecedente cuando empezó esta administración, se llegó un acuerdo de aumentar el Impuesto Sobre Nómina de manera temporal y que se fue disminuyendo gradualmente y se cumplió.

La cuestión es que, ahora, quieren reformularlo y volver a subir al 4 por ciento para un tema que sí es necesario, que es el fondo de infraestructura, pero ya el sector privado dio muestra de solidaridad con el Estado, expresó.

Destacó que, con ese antecedente y las sobretasas que se han autoimpuesto, para atender temas sociales y de seguridad a través de Fechac y Ficosec y muchas otras iniciativas, muestran que el sector empresarial ha sido muy solidario y corresponsable con los gobiernos locales, así que no se puede regatear esa voluntad, que se ha tenido como sector.

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

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