El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Bolivia activó alerta naranja por lluvias y tormentas eléctricas en los departamentos de La Paz, Tarija, Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Pando.
En una alerta hidrológica, emitida el domingo, se indicó que esta señal de prevención se desarrollará hasta el próximo martes 10 de diciembre para varios ríos de estas localidades.
"Los niveles ascenderán en forma repentina tanto ríos principales como afluentes secundarios con posibles desbordes", manifestó el Senamhi.
Por su parte, la pronosticadora del Senamhi, Gilda Mamani, puntualizó a la prensa local que particularmente en La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Potosí se prevé un frente frío "afectando con lluvias y tormentas eléctricas".
Tragedia en Cochabamba
Este lunes el presidente de Bolivia, Luis Arce, lamentó la muerte de cuatro personas por las intensas lluvias en la comunidad Avispa, municipio de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba.
"Instruimos inmediatamente al Viceministerio de Defensa Civil, y las entidades de gobierno que correspondan, que extreme todos los esfuerzos para evaluar los daños y brindar el apoyo necesario a las familias afectadas", agregó.
Con información de actualidad.rt.com
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.