Expositores de la Feria Regional 'Juntos Producimos' de Parral generan una derrama de más de 700 mil pesos
-Participaron 90 productores que promovieron múltiples una gran variedad de artículos y servicios
Gracias a la excelente respuesta de los habitantes del municipio de Parral, se generó una derrama económica de 710 mil 500 pesos para los más de 90 expositores que participaron en la Feria Regional “Juntos Producimos”, informó la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC).
La dependencia destacó que el apoyo a los productores consistió en facilitarles espacios gratuitos para exhibir sus productos y servicios, permitiéndoles obtener ganancias que contribuyan al crecimiento de sus negocios.
Se detalló que esta fue la última edición de la feria en 2024, pero que, gracias al respaldo del secretario Rafael Loera, se tiene proyectado continuar con más ediciones en 2025 en diversos municipios de la entidad.
Estos eventos brindan a los expositores la oportunidad de mostrar sus productos fuera de sus localidades, generando canales de distribución que favorezcan su expansión, además de fortalecer el autoempleo y crear nuevos espacios laborales en cada proyecto.
Finalmente, la SDHyBC reafirmó que para la gobernadora Maru Campos es fundamental apoyar la economía de las familias chihuahuenses. Por ello, se seguirán impulsando alianzas con los municipios para beneficiar a un mayor número de personas.
Tips al momento
Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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