El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recluta a exmilitares colombianos a través de las redes sociales, en las que publica anuncios con ofertas de falsos puestos de trabajo vinculados con "seguridad privada".
Así lo reveló el diario El Universal en una investigación en la que logró entrevistar a cinco ciudadanos de Colombia que lograron escapar de los lugares en los que los mantenía la organización criminal. Actualmente se encuentran refugiados en un centro religioso, a la espera de poder volver a su país.
Los testimonios coinciden en que una empresa los contactó por redes sociales y les propuso viajar a México para trabajar como escoltas, cuidar una base militar o huertas de aguacate. Les pagaban el viaje en avión, el hospedaje y la alimentación, así como un sueldo de 2.300 dólares mensuales.
Algunos viajaron en jets privados desde Bogotá a Cancún y luego a Guadalajara, la capital de Jalisco, en donde les explicaron que ya formaban parte del CJNG y que si se negaban, los iban a matar. A partir de ese momento les dieron armas y uniformes y los llevaron a un campamento en el que había otros colombianos
De acuerdo con la investigación, el objetivo de los narcotraficantes es aprovechar la preparación de exmilitares, y también de exmiembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para tomar localidades, enfrentarse con cárteles rivales o asesinar a quienes les ordenen, así sean campesinos que no tienen relación alguna con el crimen organizado.
Uno de los hombres aseguró que los sicarios colocaron minas en los alrededores de un campamento del que ya se habían escapado por lo menos 80 exmilitares, lo que demuestra que los reclutamientos forzados no son casos aislados.
Con información de actualidad.rt.com
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
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La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.