Represalias de EU y Rusia ponen en riesgo a la Corte Penal Internacional, advierte su presidenta
Reuters.- La presidenta de la Corte Penal Internacional afirmó el lunes que las amenazas a las que se enfrenta la institución, incluidas las posibles sanciones estadounidenses y las órdenes de detención rusas contra miembros de su personal, "ponen en peligro su propia existencia".
En su intervención en la conferencia anual de los 124 miembros del tribunal, la presidenta, la jueza Tomoko Akane, no nombró a Rusia ni a Estados Unidos, pero se refirió a ellos como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.
Rusia emitió una orden de detención contra el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, dos meses después de que el tribunal de La Haya emitiera una orden de aprehensión contra el presidente ruso, Vladímir Putin.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en junio un proyecto de ley para sancionar a la Corte en respuesta a la petición de Khan de una orden de detención contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su exjefe de Defensa, Yoav Gallant.
"La Corte ha sido objeto de ataques que pretenden socavar su legitimidad y su capacidad para administrar justicia y hacer realidad el derecho internacional y los derechos fundamentales; medidas coercitivas, amenazas, presiones y actos de sabotaje", afirmó Akane, quien añadió que se habían emitido más órdenes de detención contra empleados del tribunal.
La CPI también "está siendo amenazada con sanciones económicas draconianas por parte de instituciones de otro miembro permanente del Consejo de Seguridad, como si se tratara de una organización terrorista. Estas medidas socavarían rápidamente el funcionamiento de la Corte en todas las situaciones y casos y pondrían en peligro su propia existencia", afirmó.
Aunque Estados Unidos no es miembro de la Corte, la principal potencia militar y financiera del mundo podría socavar la CPI diplomática y políticamente y con sanciones financieras dirigidas a su personal.
Dijo que el tribunal rechaza firmemente cualquier "intento de influir en (su) independencia e imparcialidad. Rechazamos resueltamente los intentos de politizar nuestra función. Hemos cumplido y cumpliremos siempre la ley, en cualquier circunstancia".
La Corte se creó en 2002 para enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crimen de agresión cuando los Estados miembros no quieran o no puedan hacerlo por sí mismos.
Puede enjuiciar crímenes cometidos por ciudadanos de Estados miembros o en el territorio de Estados miembros por otros actores. Su presupuesto para 2024 es de unos 187 millones de euros (197 millones de dólares).
Con información de Latinus
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La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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