Persecución en Coahuila deja a migrantes asegurados y a dos traficantes de personas detenidos

SALTILLO, Coah. (apro).- Una persecución en la ciudad de Piedras Negras dejó como saldo más de una veintena de migrantes asegurados, entre ellos alrededor de 10 menores de edad. 

Fue antes de las 7 de la mañana de este día cuando se reportó un accidente vial a la altura de la calle Roman Cepeda, en la zona conocida como puente rojo, y en el que habrían participado una patrulla de la Guardia Nacional (GN) y presuntamente una unidad del Instituto Nacional de Migración (INM). 

Minutos después trasecndió que la GN marcó el alto a la unidad con características similares a las que usa el INM, pero sin los logos de la dependencia Federal. 

El conductor hizo caso omiso y por ello se desató la persecución. Al acelerar, el conductor de la unidad de la GN impactó a la unidad para obligarla a detenerse, provocando un congestionamiento vial en la zona. 

De forma extraoficial, trascendió que en la unidad viajaban 24 migrantes, entre los cuales se encuentran 10 menores de edad, incluyendo a un bebé de meses. 

De acuerdo a la información recabada hasta el momento, hay dos personas detenidas, quienes serán puestas a disposición del Ministerio Público Federal. 

Elementos de GN han dado a conocer, de manera extraoficial, que se tratan de dos importantes cabecillas de las bandas de traficantes de personas que operan en la frontera y quienes llevan a los migrantes por los ejidos de Centinela, San Isidro y El Moral, donde han muerto ahogados alrededor de 80 personas.

La unidad y sus ocupantes fueron trasladados a las instalaciones de la subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR), en esta ciudad fronteriza, donde se espera la llegada de personal del Instituto Nacional de Migración para revisar el estatus de las personas de origen extranjero que viajaban en la Van. Las instalaciones de la FGR, ubicadas en la colonia Las Fuentes, se encuentran fuertemente resguardadas.

En declaraciones relacionada la con el tema migratorio, el secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras, Hermelo Castillón Martínez, dio a conocer que desde el 2022 y hasta lo que va del 2024 llegaron a la frontera de Coahuila más de un millón y medio de migrantes que atravesaron el Río Bravo por dicha ciudad para llegar a Estados Unidos.

Con información de proceso.com.mx

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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