No tenemos casos de estudiantes de Química involucrados en el crimen organizado: Rivera Campos
Tras haberse dado a conocer que carteles del crimen organizado reclutan a estudiantes de universidades para que puedan fabricar fentanilo, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), Luis Rivera Campos descartó este tipo de casos en la UACh.
“Estamos muy atentos a ese tema, creo que no debemos de dejar supervisar esos temas, sobre todo, nosotros atendemos a ciclos a este momento los alumnos ya están en exámenes finales, eso no quiere decir que bajemos la guardia y son temas que nos permiten estar atentos para tener un Campus tranquilo”, dijo Rivera Campos.
Lo anterior en relación al reportaje que realizó New York Times, en el cual entrevistaron a siete cocineros de fentanilo, tres estudiantes de química, dos agentes de alto rango y un reclutador de alto nivel. Todos ellos dijeron trabajar para el grupo criminal que ahora tiene una disputa en Sinaloa.
“En su afán por construir imperios de fentanilo, los grupos delictivos mexicanos están recurriendo a una reserva de talento poco habitual: no sicarios ni policías corruptos, sino alumnos de química que estudian en universidades mexicanas”, se lee en el reportaje.
Cabe señalar que esta mañana la presidenta, Claudia Sheinbaum dijo no tener información de que estudiantes de química de universidades trabajen para grupos criminales con el fin de fabricar la droga en mención.
Tips al momento
Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
