El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, de las 95 cuentas públicas 2023 iniciales entregadas al Congreso, se detectó que 37 municipios dejaron de integrar 526 millones de pesos de predial; 25 municipios no hicieron retenciones del ISR y en 5 de ellos se retuvo y no se enteró por 5.3 millones de pesos. Se presentan dos denuncias por la vía penal por crédito en San Francisco del Oro por 8.31 millones de pesos no apegado a la ley.
El Auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, confirmó que de los 95 informes individuales que se han entregado al Congreso de la Cuenta Pública 2023, de 37 auditorías de cumplimiento financiero a 37 municipios, en conjunto dejaron de integrar de predial por falta de acción un monto de 526.7 millones de pesos.
En 25 municipios de los 37 se omitieron realizar las retenciones del ISR por salarios, compensaciones y dietas; 5 de los 37 omitieron su entero por un total de 5.3 millones de pesos.
De los procesos de adquisiciones y contrataciones, es incumplimiento a la ley como falta de investigaciones de mercado y garantizas a los proveedores. En aquellos municipios en donde están pagando, sin existir amparo de obligación del municipio, no hay contrato, y se cuenta con el gasto en los egresos en los Estados de Cuenta
En el municipio de San Francisco del Oro se registraron dos contrataciones de crédito sin sujetarse a los principios por 8.31 millones de pesos, sin autorización del cabildo o del Congreso del Estado, lo cual implica denuncia de hechos en materia penal.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.