Reuters.- El abogado del hijo del presidente estadounidense Joe Biden, Hunter, solicitó que se desestimen las acusaciones contra él, después de que su padre emitiera un indulto que abarca una década.
El indulto total e incondicional del presidente "requiere la desestimación de la acusación contra" Hunter Biden, escribió su abogado en los documentos presentados a última hora del domingo en relación con los casos penales fiscales y de armas contra él.
Hunter Biden se declaró culpable en septiembre de cargos fiscales federales en un tribunal federal de Los Ángeles y debía ser sentenciado el 16 de diciembre bajo Mark C. Scarsi, un juez nominado por el presidente electo republicano Donald Trump.
Un jurado lo declaró culpable en junio de hacer declaraciones falsas en una verificación de antecedentes de armas. Debía ser sentenciado esta semana.
Ayer, el presidente Joe Biden anunció que indultó a su hijo Hunter, que en junio fue hallado culpable de tres delitos relacionados con posesión de armas, al ocultar en la compra su adicción a las drogas, por considerar que sus problemas judiciales fueron instigados por sus rivales políticos.
“Los cargos en sus casos surgieron sólo después de que varios de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaran a atacarme y oponerse a mi elección”, escribió.
En un comunicado de la Casa Blanca, el mandatario señala que tomó esta decisión a pesar de que había señalado que no intervendría en la decisión del Departamento de Justicia porque considera que su hijo “fue tratado de manera diferente”.
Con información de Latinus
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.