Más de 8 mil mdp en obra pública; Corral contrataba deuda cara de 2.47% de intereses: GPPAN
El coordinador de los diputados del PAN, Alfredo Chávez, junto al legislador Jorge Soto, sostuvieron que no se contrata nueva deuda a largo plazo por parte del Estado en 2025 y señalaron desconocer del porqué Javier Corral contrataba deuda muy cara en intereses de 2.47%, mientras que en la actual administración se llegó al .52$, además de señalar que el monto para infraestructura pública ascenderá a los 8 mil millones de pesos.
Jorge Soto indicó que no hay nueva deuda, sino que es una restructura a otro plazo y tasa de interés con mejores condiciones.
Alfredo Chávez indicó que mientras en el gobierno de Javier Corral se contrataba deuda por 2.47 en los créditos acorto plazo, hoy esta administración contrata a .52% “esto significa dinero a los chihuahuenses, no sabemos por qué contrataba su deuda tan cara, y lo hacía en lo oscurito”.
Señaló que el aumento que se propone del 1% al ISN, permitiría llegar a los 8 mil millones de pesos para obras carreteras, red estatal más grande del país, el primer exportado de todo el país, obra social en los municipios, agua, alcantarillado, “se da en el ciclo de la economía como tal porque hay un gobierno que administra bien”, acotó.
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
