El coordinación nacional de afiliación del PRI , José Luís Villalobos, señaló que Morena a través del hijo de Andrea Manuel, “Andy” López, desconoce el proceso de afiliación de militantes en los partidos políticos y es un anuncio muy ligero pretender 10 millones en su padrón.
Indicó que desde el oficialismo se designó a “andy” López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, “han ido mencionando en Chihuahua, en muchas entidades del país, en una campaña de afiliación que buscará una meta de 10 millones de militantes, no conocen el mecanismo de afiliación que exige la autoridad electoral”, dijo.
Agregó que a partir del 2019, se consolidó un acuerdo del consejo general del INE , a través del acuerdo 33 que obligaba a los partidos políticos nacionales a contar con un expediente específico en materia de afiliación, ya que antes los partidos políticos daban de alta de padrones de programas de gobierno emanados de los partidos, no estaba tan formalizado el tema de la afiliación y se impusieron multa de 48 mil o 50 mil pesos, después subieron a 100 mil pesos".
Los partidos tuvieron que depurar los padrones, revisar y generar los expedientes, ya que tenían que tener el orden de la autoridad electoral. El INE tiene una verificación trianual de los registros.
Señaló que Morena está cometiendo los errores muy rápido, con la soberbia, la prepotencia, “anuncio muy ligero cuando cambiaron el consejo nacional llamaron que fueran militantes., afiliaron a la gente en las filas, los coaccionaron con el tema de los programas sociales”.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.