Hoy se dio a conocer el calendario de pagos de las becas para Educación Básica y Media Superior, cuyos montos alcanzan los 920 pesos; mientras que en el nivel superior será de 2 mil 800 pesos, de acuerdo a lo informado por César Jesús Donati, jefe administrativo y encargado de Despacho de la Oficina de Representación Estatal en Chihuahua.
También señaló que de acuerdo al calendario, por orden alfabético, se pagarán los bimestres de septiembre-octubre y noviembre-diciembre para quienes ya tienen una tarjeta bancaria de Bienestar.
En cuanto a la nueva beca Rita Cetina para secundaria, señaló que se está en proceso de integración y aún no está disponible.
Destacó que hasta el 27 de noviembre se tenían 3 millones 690 mil estudiantes de secundaria a nivel nacional inscritos para esa beca.
En el estado, dijo, se tiene una matrícula de becarios de 218 mil 148 alumnos registrados, quienes reciben un apoyo de becas para el Bienestar.
En Chihuahua, dijo, se han registrado 102 mil 773 de un total de 119 mil programados para estas becas.
En el caso de Educación Básica, el padrón es de 97 mil, que es de preescolar hasta nivel secundaria; en Media Superior es 115 mil 408 becarios y en Superior en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro son 5 mil 251.
Lo anterior significa una derrama económica para el estado de Chihuahua, en este ejercicio, de 2 mil 105 millones de pesos, a través de las becas para el Bienestar.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.