Estudiantes de Ingeniería de la UACH forman parte de la primera generación de doble grado en IMT Mines Albi, Francia

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) celebró el pasado 23 de noviembre en la ciudad de Albi, Francia, la graduación de la primera generación del programa de doble grado, fruto de una colaboración con el IMT Mines.

La ceremonia, presidida por la MSM. Edna Radovich, coordinadora de Dobles Grados y Movilidad Internacional; y el MI. Aldo Cisneros, secretario de Extensión y Difusión, subrayó el impacto de esta alianza como un modelo innovador en la formación de ingenieros con visión global y competencias internacionales, particularmente en la industria aeroespacial.

Los estudiantes que formaron parte de la primera generación de Ingeniería Aeroespacial son: Jenifer Aide Cabrera Alferez, Lesly Priscila Lozoya Hernández, Mayra Yuliana Paredes Celis y Cristian De Anda.

Gracias a este programa, los graduados obtuvieron títulos de ambas instituciones, además de vivir una experiencia cultural enriquecedora al cursar parte de sus estudios en Francia.

“Estamos marcando un precedente en la internacionalización de nuestra universidad, consolidando a la UACH como un referente en programas innovadores de formación profesional”, afirmó la MSM. Edna Radovich.

Con este convenio, la UACH y el IMT Mines Albi reafirma su compromiso con los estudiantes para acceder a una formación técnica de alto nivel, con un enfoque académico y profesional que abre oportunidades únicas en el mercado laboral global.

Con este logro, la UACH reafirma su compromiso con la calidad educativa y su enfoque en la formación de profesionistas con capacidades para enfrentar los retos de un entorno cada vez más interconectado, el cual marca un avance significativo en la internacionalización y excelencia académica de la Universidad.

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

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