El diputado del PRI, José Luís Villalobos, destacó que el presupuesto que presentó el gobierno de Maru Campos es responsable atendiendo a las necesidades de los chihuahuenses, pues mientras no se recibe recurso por parte de la federación en justicia con lo que el Estado envía, es por ello que se realizan proyectos como el Fondo de Infraestructura Pública.
“El presupuesto local se hace con las posibilidades que se tienen y reconocer que se han ido saneando las finanzas, ya que en ejercicios anteriores había deuda, déficit cómo se han ido saneando las finanzas públicas del Estado”
“Me parece un presupuesto responsable que está presentando el gobierno atendiendo las necesidades de los chihuahuenses, mientras no se recibe por parte de la federación respecto a lo que aporta Chihuahua”, dijo.
Destacó que, ante la falta de infraestructura pública, obliga a que se tomen estas medidas, con un incremento de 3.,5% por arriba de la inflación, lo que quisieran es tener más recurso para infraestructura no está mandando la nada la federación", acotó.
El legislador indicó que el Fondo del ISN para infraestructura es un sacrificio y compromiso del gobierno del Estado, así como el tema de la sequía que se va a invertir y que no va a haber déficit, “no se contrata deuda a largo plazo, sino a corto plazo que se liquidaría en el mismo ejercicio fiscal, hay que revisarlo a detalle, cosas que se pueden mejorar, hay una buena disposición de la gobernadora y del Secretario de Hacienda”.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.