El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, realizó el tradicional encendido de la Cruz Ecuménica ubicada en el Cerro Grande, dando con ello inicio a las fiestas decembrinas.
Desde el día 1 de diciembre y hasta el 8 de enero del año entrante, el cerro más emblemático y Chihuahua Capital, estará iluminado por 95 luminarias de tecnología tipo led de dos gabinetes.
Además de la colocación de las luminarias y cableado, fue necesario realizar la instalación de una subestación de energía eléctrica, misma que se encuentra vigilada de manera permanente durante las 24 horas del día, con la intención de prevenir o evitar que se realice algún tipo de vandalismo.
Christian Medellín, director de Mantenimiento Urbano, comentó que las labores de instalación de la Cruz Ecuménica iniciaron a mediados del mes de noviembre, en donde no solo se realizaron las labores de instalación, sino que también se solicitaron los debidos permisos ante Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la electrificación de la misma.
"Para el alcalde Marco Bonilla es de suma importancia conservar vigentes las tradiciones de la capital, ya que las mismas crean recuerdos e historias en las familias chihuahuenses", comentó Christian Medellín.
Es de mencionar que, finalizadas las fiestas decembrinas, las lámparas de la cruz de retiran, esto con el propósito de evitar robos y vandalismo, mismas que son resguardadas por la Dirección de Mantenimiento Urbano.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.